El síndrome del Mezzogiorno

España, como todo país relativamente retrasado que se integra en una unión económica, tiene por delante una tarea complicada. Máxime sabiendo que nunca hemos tenido mucho éxito a nivel empresarial público ni privado, que nuestra cultura no ha favorecido las actividades mercantiles y que nuestro sistema productivo está debilitado por los excesos de una política económica que ha conspirado contra las empresas. Unirse a los más fuertes requiere una política económica diferente y huir como de la peste de las subvenciones y la deuda pública. La postración del Mezzogiorno es un ejemplo cercano del riesgo al que nos enfrentamos.En un reciente artículo (Señoras, señores, hagan juego) he dado mi opinión sobre las condiciones que favorecen la creación de empresas y una inversión sostenida a escala nacional. Junto a esas condiciones hay factores sólo moldeables a largo plazo que influyen en el nivel de inversión y en el propio desarrollo: el estado de la economía internacional, la situación de la Unión Europea y la propia cultura.

Parece que hemos entrado en una fase de bajo crecimiento, alto desempleo, inflación moderada y bajos tipos de interés en Europa. En este contexto, tendremos que reformar nuestro sistema productivo para hacerlo más eficaz. No será posible -como en anteriores crisis- esperarlo todo del crecimiento de la economía internacional. Nuestra economía crecerá -y creará empleo- sólo si es capaz de ganar competitividad frente a nuestros socios comerciales, los países europeos, que representan el 70% de nuestro comercio exterior.

En estas circunstancias comienza la Unión Europea. Para España, sólo las coordenadas geográficas son las mismas; como país, hemos pasado de tener una clara renta de situación a ser, uno de los miembros menos favorecidos de una unión económica regional que ha desplazado el centro de gravedad hacia el este de Europa.

Los resultados de estas uniones suelen coincidir: a corto y medio plazo benefician a las regiones más desarrolladas y perjudican a la periferia y a las zonas más pobres, pues la actividad se concentra todavía más en las zonas más prósperas. Y no cabe el aislamiento, las fuerzas en acción son demasiado fuertes; el intento de mantenerse al margen del proyecto no cambiaría el sentido de la evolución, antes bien, provocaría una rápida decadencia. A largo plazo, los resultados dependen de la capacidad de adaptación de los más atrasados.

Una primera experiencia europea, lejana en el tiempo pero de plena actualidad, es la italiana. La creación de Italia, en 1871, no se ha traducido en el equilibrio entre Norte y Sur. Durante décadas, los movimientos migratorios facilitaron el ajuste; después, los partidos políticos decidieron que "un problema nacional" de esas características requería una intervención pública; el Sur fue devorado por las obras públicas, por fantasmagóricos proyectos industriales y por subvenciones a todo lo que se movía; se moderó la emigración mientras aumentaba la corrupción y se acumulaba la deuda pública. La rebelión fiscal del Norte, que parece dispuesto a separarse antes que seguir pagando, es la confirmación del fracaso del intervencionismo público y de la cultura de la subvención. Otro ejemplo más cercano esla reunificación alemana: un tipo de cambio salvajemente sobrevaluado, el súbito desmantelamiento de las barreras a los intercambios y un sistema económico de ineficiencia no sospechada han provocado una recesión histórica en el Este y una crisis de gasto público en el Oeste. Los políticos alemanes, igual que los italianos, han querido arreglar los problemas con subvenciones que alcanzan el 5% del producto interior bruto (PIB) anual. Aunque las diferencias con Italia se han marcado rápidamente: privatización o cierre de las empresas no competitivas y reconocimiento de las propias limitaciones presupuestarias, pues ni siquiera la economía alemana tiene fuelle para aguantar esa hemorragia. En la tesitura, el crecimiento del déficit público ha provocado una caída del marco y los partidos políticos han tenido que empezar a recortar tanto las prestaciones del Estado de bienestar como el nivel de transferencias al Este.El proceso de nuestra integración en la economía europea no es, por supuesto, igual que el que terminó en las uniones políticas italiana y alemana. Pero tiene puntos en común, aunque el tempo es, afortunadamente, más lento. Y eso que la adhesión española a la Comunidad Europea ha sido muy rápida; apenas ocho años. Durante los primeros recibimos un aluvión de inversiones extranjeras que querían una parte del mercado español. Ahora, terminado el proceso de integración, las grandes inversiones, sean españolas o extranjeras, tienen una estrategia europea, de la que podemos quedar fuera si la forma de funcionar de nuestro sistema económico no resulta más atractiva que la de nuestros socios comunitarios. El caso de Seat es un primer episodio de una estrategia Volkswagen decidió cancelar sus inversiones en la República Checa, recortar la semana laboral en Alemania y cerrar la Zona Franca. El trato a Seat, una empresa que en 1993 ha perdido más de 100.000 millones de pesetas, es de guante blanco para lo que todavía podría decidirse.

Otras multinacionales están recortando sus plantillas en España. En voz baja advierten que la rigidez de la legislación laboral española les ha impedido hacer un ajuste más drástico, pero que no volverán a caer en el error de hacer nuevas inversiones en España hasta que no cambie el entorno económico y legal.

En el camino hacia la Unión Europea no contamos con la masiva ayuda fiscal que han usado (sin éxito) Alemania e Italia, pero tenemos dos amortiguadores: uno muy potente, la posibilidad de modificar el tipo de cambio -regalo de los especuladores- en caso de que no controlemos nuestra inflación; y otro más ligero, los fondos estructurales y de cohesión aprobados en la cumbre de Edimburgo. Se trata de subvenciones modestas, pues aunque sumen cinco billones en seis años (1994-1999), lo que hay que tener en consideración es el saldo financiero que resulta de todos nuestros pagos e ingresos con la Comunidad. Y ocurre que en 1993 (con unos fondos estructurales y de cohesión que alcanzan los 526.000 millones de pesetas) el saldo a favor de España fue de sólo 351.000 millones; la diferencia se paga, de hecho, con aportaciones españolas al presupuesto comunitario. En 1991, ese saldo fue de 395.000 millones, y en 1992 de 331.000 millones. Para 1994 se prevé un resultado positivo de 365.000 millones (teniendo en cuenta unos fondos de cohesión de 145.000 millones y unos estructurales de 468.000 millones). ¿Es mucho un promedio de 360.000 millones de pesetas al año? Es poco si están concebidos para aproximar nuestra infraestructura a la de los países comunitarios. Por otra parte, ¿qué son 360.000 millones de pesetas al año cuando el Gobierno ha tenido un déficit en 1993 de cuatro billones de pesetas? Otra referencia: el tamaño de nuestra deuda pública -34 billones de pesetas- es tal que nos permite ahorrar en gasto público 340.000 millones de pesetas por cada punto que descienden los tipos de interés. En otro ámbito, constituye una triste paradoja que precisamente en el momento de integrarnos en la Comunidad estemos creando un problema que no existía anteriormente: el enfrentamiento entre las autonomías por motivos económicos.

Hasta 1991, el ritmo de crecimiento económico y el aumento sostenido de la presión fiscal hicieron posible canalizar una considerable cantidad de transferencias hacia todos los no activos, con especial incidencia en la población residente en las autonomías con más desempleo, como Andalucía y Extremadura. A partir de 1992 se ha mantenido la política de subvenciones, pero ya no se pagan con ingresos fiscales, sino con endeudamiento; en dos años hemos pasado de una deuda pública que suponía el 45,4% del PIB al 55% en 1993. En 1994 sobrepasaremos la barrera del 60%.

El recurso a la subvención pública para solucionar cualquier conflicto se ha impuesto con enorme rapidez. La ruta es la marcada por Italia, pero el ritmo de crecimiento de nuestra deuda pública es mucho más rápido. Que Italia haya sido capaz de llegar al 110% del PIB de endeudamiento se explica por su riqueza y su nivel de ahorro privado, uno de los más altos del mundo.

No es el caso de España; nuestro ahorro privado es menor, no podemos prescindir de la financiación exterior y no tenemos un sistema productivo parecido al italiano. La posibilidad de que el crecimiento de la deuda pública termine en un movimiento centrífugo, potenciado por nuestro Estado de las autonomías, es mucho más elevada que en Italia.

Y, sobre todo, somos diferentes por el peso que ha tenido y tiene todo lo público -en nuestra historia, Nuestra cultura no ha sido un buen catalizador de empresas privadas. El autoritarismo de nuestra sociedad, el aislamiento científico, cultural y político, el igualitarismo. anarquista y socialista y la propia religión hispanocatólica no han favorecido, en el mejor de los casos, o permitido (en el peor) la creación de centros de decisión económica autónomos, que es lo que son, en definitiva, las empresas. En este contexto, el crecimiento de la presión fiscal ha propiciado que la riqueza nacional se remansara (más que invirtiera) en lo que se considera más seguro, en suelo urbano y rústico y en inmuebles. De ahí la gravedad de nuestra actual crisis.

La impaciencia de los políticos españoles con esa situación -"el retraso secular"-, que no son capaces de relacionar con su propia actitud ni con las limitaciones que impone el entramado jurídico al desarrollo de la economía, ha propiciado las políticas estatales de "desarrollo nacional". No hay mucha diferencia entre los motivos de "subsidiariedad" que justificaron la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) y las manifestaciones que apoyan la intervención pública, porque "al mercado le importan un carajo los puestos de trabajo" (si la cita es correcta). Postura de intervención reafirmada por muchos políticos porque "en España no hay empresarios". Esta frase ha sido repetida una y mil veces por los responsables de la política económica durante los últimos años. Predicción autocumplida. La política económica de los últimos años ha perseguido a los empresarios españoles, como expuse en mi anterior artículo.

No sólo se les ha perseguido, sino que se han multiplicado los funcionarios y los controles de todas las administraciones. Las inspecciones, auditorías y reglamentaciones no tienen como objetivo el reforzamiento de la actividad productiva, sino la búsqueda de ingresos fiscales a corto plazo.

En la Europa de los mercaderes, en la Europa económica, el empleo se crea en las empresas. Sólo los países que tienen empresas saneadas, capitalizadas, pueden mantener un empleo digno, permanente, en el que el progreso técnico no sea una invención presupuestaria. Sólo con empresas fuertes superaremos el síndrome del Mezzogiorrio.