La Ley de Libertad Sindical impide bloquear las cuotas de UGT

C. P. La decisión del juez Miguel Moreiras ha provocado una difícil situación en UGT. El líder de UGT, Cándido Méndez, y los miembros de la dirección del sindicato no ocultaban ayer su enorme preocupación. El eventual embargo de las propiedades del sindicato tendría un grave impacto en sus ya deterioradas finanzas, pese a que las cuotas de los afiliados no pueden ser bloqueadas.

La central cuenta en estos momentos con unas deudas de 10.000 millones de pesetas a causa de la crisis de PSV-1GS, un déficit acumulado adicional de 2.066 millones de los años 1990-1993 y todas sus propiedades hipotecadas.

Méndez y algunos miembros de la dirección del sindicato se han mantenido en contacto con sus abogados desde, que se conoció el auto del juez de Delitos Monetarios y celebraron ayer una reunión con un grupo de letrados, entre ellos Leopoldo Torres, los miembros del equipo de Horacio Oliva y José Manuel Chinchilla. En ese encuentro, los abogados fijaron criterio para presentar recurso e informaron a los dirigentes ugetistas del alcance de la decisión de Moreiras y las consecuencias que puede tener en la paralización del proceso de construcción de las viviendas.

Para los letrados no ofrece ninguna duda que las cuotas que pagan los afiliados al sindicato y su mayor vía de financiación -7.200 millones de pesetas prevé ingresar este año-, no son embargables. El artículo 5.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical dice textualmente: "Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo".

Tampoco son embargables los 300 inmuebles que fueron cedidos al sindicato a cuenta del patrinionio sindical acumulado. Esos edificios son propiedad del Estado y UGT los disfruta en usufructo. En esa situación se encuentran las. principales sedes de la central, como el edificio de la avenida de América de Madrid, en el que se encuentran las oficinas de las federaciones de industria. El antiguo convento de las Arrecogías, situado en la madrileña calle de Hortaleza y donde tiene sus despachos la ejecutiva confederal, no es propiedad de UGT. Pertenece a IGS, que lo tiene alquilado a la central por un importe de 85 millones al año, y cuenta con una hipoteca en Banesto. Con los edificios propiedad de la central existen más dudas. Se trata de 23 inmuebles repartidos por toda España, que en su mayoría, se encuentran hipotecados ya que sirvieron como aval en los créditos otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para solucionar la crisis de IGS-PSV. En cambio sí pueden ser objeto de embargo las subvenciones que la organización recibe del Estado y de las Comunidades Autónomas y que en este año han supuesto 4.400 millones de pesetas, consumidos ya en su práctica totalidad.