El juez se acerca

LOS SIETE primeros miembros del Consejo de Banesto imputados en la querella presentada por la fiscalía que declararon ante el juez fueron puestos en libertad. Seguramente porque le convencieron de su desconocimiento del verdadero carácter de las operaciones que autorizaron y de las que la querella deduce la existencia de delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad en documento y apropiación indebida. El jueves, el juez decretó prisión provisional para el octavo declarante, Arturo Romaní. Una interpretación plausible de esa diferente decisión del juez es que Romaní, número dos del Consejo y consejero delegado de la Corporación Industrial de Banesto en los años en que se produjeron esos supuestos delitos, no tenía posibilidad de alegar desconocimiento o desplazar la responsabilidad hacia otras personas. Con la excepción de su número uno, Mario Conde. Éste declarará el próximo lunes. Pero si Romaní conocía, y se benefició personalmente, es difícil admitir que Conde desconociera.De momento, se sabe que el juez García Castellón imputa a Romaní un delito de estafa estimado en unos 5.000 millones de pesetas, que no figuraba en la querella del fiscal. Hablar de estafa es hablar de engaño. El consistente en "producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de tercero". Quién sea ese otro (u otros) que ha podido ser engañado por Romaní se desconoce de momento, dado el secreto del sumario. Pero es presumible que se trate de los miembros del comité ejecutivo de Banesto que aprobaron corporativamente decisiones que perjudicaban a la entidad., que gestionaban en la misma medida en que favorecían los intereses particulares de algunos de ellos.

La utilización de empresas instrumentales tras las que figuraban esos directivos ha dificultado la investigación. Pero de las decisiones judiciales -primero, la presentación de la querella, y, ahora, la prisión del ex vicepresidente de Banesto- parece deducirse que eran algo más que artificios contables, entendidos éstos como técnicas más o menos discutibles de gestión, lo que había detrás del desastre que supuso pérdidas considerables a la entidad. De manera que si hay dudas sobre quiénes pudieron ser las personas "inducidas a error" -más o menos culpable; ya se verá-, sí se sabe quiénes fueron los perjudicados: los accionistas y trabajadores de Banesto y de las empresas participadas. Además de los contribuyentes españoles, cuyos impuestos sirvieron para cubrir una parte del agujero dejado por el anterior equipo directivo.

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria, el presidente actual de la entidad, Alfredo Sáenz, habló de cantidades desaparecidas o evaporadas, insistiendo en que no era lo mismo que perdidas. Los pagos de enormes comisiones o la venta con cuantiosas ganancias a la Corporación de Banesto de compañías previamente adquiridas por empresas propiedad de, o participadas por, miembros del Consejo podrían tal vez explicar el destino de esas desapariciones. Definir tales prácticas mediante el eufemismo de "ingeniería financiera" resulta tan poco convincente como la metáfora del banquero independiente, símbolo de la sociedad civil y víctima, por ello, de una conspiración universal, ideada por sus agradecidos hagiógrafos.

El blindaje fabricado por ellos no sirvió para ocultar la realidad de la mala gestión de Banesto que llevó a la intervención del 28 de diciembre pasado. La cortina de humo posteriormente extendida aspiraba a convencer a la opinión pública de que esa intervención se había producido por motivaciones políticas. La red últimamente desplegada bajo el audaz trapecista pretendía reducir el asunto a un problema de errónea gestión, similar al planteado en tantas otras empresas en los años de crisis.

En esto están ahora. Pero por lo que va sabiéndose, se entiende perfectamente por qué el libro de Mario Conde habla de todo excepto de su gestión como presidente del Banco Español de Crédito. Y todo parece indicar que para conocer los detalles más interesantes de esa gestión tendremos que esperar al, desenlace del procedimiento judicial en curso. Realizado con todas las garantías y de acuerdo con los exigentes procedimientos del derecho penal.