Por que son contraproducentes las privatizaciones

Además de no existir base científica sobre la mayor o menor eficiencia de una empresa en base a su titularidad -pública o privada-, los ideólogos de las privatizaciones en nuestro país olvidan interesadamente varias cuestiones. La primera es la importancia de la dimensión de la empresa -de gran relevancia ante el fenómeno de globalización de la economía-, no sólo en el ámbito del mercado, sino también en el ámbito de la producción con la subcontratación y las alianzas estratégicas, concentración de capital, disponibilidad de tecnología, etcétera.Son factores relacionados con las características de las empresas transnacionales, y lo cierto es la inexistencia práctica de empresas españolas en la lista de las 100 empresas industriales internacionales y las que existen son (eran) de control público.

La segunda, nuestra escasa capacidad de ahorro interno, por lo que la venta masiva de patrimonio público -aun con los mercados de capital a la baja- se traducirá en una mayor penetración de capital exterior, que arrebatará un mercado y no necesariamente impulsará la empresa comprada. Tercero, el sector privado de la economía española ha constatado su debilidad schumpeteriana: no ha sido capaz de crear empleos netos en los últimos 20 años (1974-1994), tal como dice el documento Una política industrial para España: una propuesta para el debate, del Ministerio de Industria.

Básicamente, pensamos que las privatizaciones disminuirán las posibilidades de instrumentalizar una política industrial activa, que permita a la economía española aliviarse de sus problemas estructurales y superar con mayor facilidad la crisis de empleo en la que nos encontramos. La empresa pública, en nuestro país, y con la tipología de empresas existentes, es un instrumento fundamental de la política industrial por su capacidad para elaborar y difundir tecnología -incorporando como pioneros a sus procesos productivos los requerimientos ambientales que estimamos precisos-, su potencialidad en economías de escala, su tirón de demanda a la pyme en la necesaria subcontratación, su efecto de localización espacial, su dimensión para negociar equilibradamente con el capital trasnacional y las sinergias industriales y financieras que tiene ese capital.

Por ejemplo, en lo que respecta al esfuerzo en investigación y desarrollo (I + D), nuestro país se encuentra a gran distancia de los niveles alcanzados por las potencias industriales., Nadie duda de la necesaria potenciación de la I + D. Ahora bien, en términos de I+ D aplicada directamente a la industria, la escasa dimensión media de las empresas españolas impide ser optimistas en este aspecto (sólo las empresas de tamaño medio / grande están en condiciones de acometer este proceso). El dominio de las multinacionales en el segmento de las empresas de mayor tamaño es patente, de forma que el llamado efecto-sede conduce a localizar preferentemente los esfuerzos en I + D en los países donde están ubicadas las matrices. Las únicas empresas españolas de mayor tamaño se encuentran en los grupos públicos, razón que invitaría, precisamente, potenciarlos.

No obstante, se intentan justificar las privatizaciones bajo una serie de argumentos:

En primer lugar, los sectores conservadores mantienen que la empresa pública es menos eficiente que la privada. Ni la realidad ni la teoría parecen compartir esta afirmación. Los comportamientos que se aducen como generadores de ineficiencias en la empresa pública son igualmente constatables en las grandes corporaciones privadas y, por tanto, no atribuibles a la titularidad pública de la empresa, sino a la gestión de las mismas. La realidad muestra que existen empresas públicas tanto o más eficientes que sus homólogas privadas.

Como botón de muestra: Repsol, Argentaria o Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). Asimismo, los resultados negativos que registran algunas empresas públicas no tienen su origen en problemas de eficiencia, sino que se explican, porque se sitúan en sectores de demanda en retroceso (Hunosa, etcétera) o se trata de empresas que prestan un servicio público donde gran parte del beneficio que generan tiene un carácter social y, por tanto, es externo a su cuenta de resultados (Renfe). Parte de la situación actual de la empresa pública se debe situar en el haber del Gobierno socialista. Así, la compra por parte de ENDESA (pública) de malos activos de Sevillana de Electricidad (privada) es una muestra de que los malos hábitos de épocas anteriores se repiten.

En segundo lugar, privatizar para reducir el déficit público es un argumento manido desde posiciones liberales. No obstante, las privatizaciones (política de "pan para hoy y hambre para mañana") no tienen en cuenta que la evolución del déficit sigue luna pauta estructural que se explica por la evolución de los ingresos y gastos públicos ordinarios. Los ingresos extraordinarios y coyunturales a los que dan lugar las privatizaciones pueden servir para maquillar la cifra de déficit público durante un ejercicio, pero éste vuelve a sus niveles habituales al año siguiente si no se alteran los componentes y prioridades de ingresos y gastos.

Aún más, debido a la caída de los ingresos por dividendos consecuencia de la venta de acciones, el nivel de déficit podría estar por encima incluso del nivel tendencial. Como esto es sabido, nos tememos que una vez derribado el muro de las empresas públicas rentables se entre directamente en la contrarreforma fiscal, tanto a nivel de ingresos como de gastos públicos, tras la contrarreforma laboral.

En tercer lugar, la popularización del capitalismo entendida como el acceso de la clase media a la propiedad empresarial a través del diseño de operaciones de privatización que permitan al pequeño y mediano ahorrador comprar acciones. Éste fue un argumento especialmente utilizado por Margaret Thatcher en el proceso privatizador británico. Se intenta confundir la figura del ciudadano con, la del pequeño propietario, al que se le convierte en detentador de lo público.

En la práctica, los pequeños ahorradores venden los títulos -después de obtener una plusvalía a corto plazo-, y al final del proceso los títulos terminan en manos de los inversores con intereses en el sector. Es revelador, por ejemplo, la confesión de Javier Gúrpide, vicepresidente del BBV, caya, reconociendo la falta en España de inversores institucionales en renta variable que aseguren la configuración de un accionariado nacional, por lo que implícitamente reconoce la transferencia, más que potencial, al exterior de futuras empresas productivas públicas (nacionales). Además, por si alguien no lo sabe, el sector empresarial público español es uno de los más pequeños de Europa, por lo que se demuestra el carácter mediático de la campaña contra el patrimonio de todos los ciudadanos/as.

Si, como piensa Izquierda Unida, la empresa pública se entendiese como una fuente de creación de empleo y los gobernantes y gestores estuviesen más preocupados por vender sus productos que por vender la empresa, se podría acometer una política de desarrollo que acabaría repercutiendo positivamente sobre los gastos (por la disminución del paro) y los ingresos presupuestarios. Por el contrario, una errónea política, inversora, de gastos y de compras del Estado, ha favorecido un despoblamiento de capacidad productiva interna e incrementado el déficit: AVE, moratoria nuclear...