La Guardia Civil manipuló la declaración del principal testigo del 'caso Intxaurrondo'

La Dirección de la Guardia Civil planificó y manipuló en 1992 la declaración del principal testigo de la investigación judicial sobre la corrupción en el cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián). Documentos internos del cuerpo deta llan las instrucciones que se dieron al testigo, el sargento Antonio Cruz Sánchez Castellanos, señalando qué debía declarar y qué omitir ante el juez. El propósito era limitar al máximo la implicación de otros guardias en presuntas redes de contrabando y drogas. Y eso se logró.

Los hechos que la Guardia Civil recomendó omitir al sargento Cruz Sánchez nunca fueron declarados por éste, según fuentes jurídicas donostiarras. Cruz ha manifestado a EL PAÍS que cuanto tenía que decir lo manifestó ante el juez.En octubre de 1992, la dirección de la Guardia Civil conoció la intención del juez donostiarra Fernando Andreu de citar a declarar al sargento Sánchez Castellanos para que explicara los ingresos de procedencia ilícita (de traficantes de droga y tabaco) que éste realizó en 1988. Tales ingresos sumaron 1,5 millones de pesetas.

Sánchez Castellanos metió el dinero en una libreta de ahorros abierta en una sucursal bancaria de Vitoria (véase EL PAÍS del pasado 9 de mayo). En realidad, el sargento había actuado como infiltrado de la propia Guardia Civil para probar tales delitos y con ese fin abrió la cartilla de ahorros. El suboficial, acompañado de un superior, levantó acta notarial de la apertura de la libreta.

La dirección de la Guardia Civil supo que la declaración del sargento ante el juez, si no se producía de forma voluntaria, se realizaría en calidad de inculpado por un supuesto delito de prevaricación. La cúpula del instituto armado, temerosa de la tormenta que podía originar la declaración del testigo, valoró en un informe cómo debía reconducir tal testimonio.

Un documento interno refleja nítidamente el proceso: "De una u otra forma el juez Andreu Merelles tomará manifestación al sargento Cruz Castellanos (espontáneamente, como testigo o como inculpado). Aunque el fiscal Navajas reciba instrucciones en sentido

contrario o, incluso algún tipo de presión, ya ha inducido al juez para que asuma como suya esta decisión. Si el sargento Cruz Castellanos es citado, en calidad de inculpado por un supuesto delito de prevaricación, se derrumbará y, ante el juez y el fiscal, proporcionará cuanta información conoce".

Si acude espontáneamente, acompañado y respaldado por compañeros del cuerpo, reflejaba el escrito, "controlará sus manifestaciones".

El lenguaje del escrito no deja lugar sobre la manipulación. Un epígrafe comienza así: "Deberá declarar matizadamente, sobre:

- Sus contactos con el guardia Antonio Pablo Tejeda Solomando.

- La entrevista en Rekondo con [José Antonio] Santamaría (empresario asesinado por ETA y supuesto contrabandista), Chofo [Pedro Migueliz], y [los guardias] Enrique y Fabián Dorado Villalobos y Juan Pedro Moreno Rey, en la que el segundo le entregó las 500.000 pesetas prometidas en la anterior entrevista por Santamaría.

- Las tres o cuatro entrevistas más que mantuvo, en Amara, con Enrique Dorado y en las que éste le hizo diversas entregas de dinero.

Pero el escrito era aún más contundente. Un segundo epígrafe rezaba: "Podrá omitir todo o gran parte de:

- Sus contactos con el guardia Francisco Hermida Bouzas.

- Su contacto con Enrique Dorado Villalobos y Francisco Hermida Bouzas, conjuntamente, sobre el alijo frustrado en el puerto de Pasajes.

- La identificación, por un sargento del grupo, del capitán Castañeda, de una fotografía de Santamaría en Ibiza.

- Las operaciones de contrabando que el grupo de Santamaría ha efectuado sin contar con él.

- La última reunión en Bretxa con Santamaría, Chofo y Enrique Dorado Villalobos.

- Sus testimonios, falsos, en las vistas orales de dos juicios celebrados en la Audiencia Provincial de San Sebastián.

-Toda la información de la que tiene conocimiento por intervención indirecta o por noticias adquiridas próximas a él".