Prórroga pactada

LA DEVOLUCIÓN de los Presupuestos Generales del Estado no va a impedir que el Gobierno concrete los principios esenciales del ajuste que pretende, con el fin de no retroceder en la senda de convergencia exigida para ser parte de la Unión Económica y Monetaria. Para ello no basta con el previsto aumento de ingresos por efecto del crecimiento, de la economía. Se precisan recortes significativos del gasto.Es lo que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes mediante un paquete de medidas que en esencia contempla una reducción en torno a 800.000 millones de pesetas en el gasto consolidado de las administraciones centrales (Estado, organismos autónomos y Seguridad Social), compatible con la adaptación de la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas públicas (IRPF) a la subida de la inflación. También se anunció el aumento de impuestos especiales sobre gasolina, alcohol y tabaco y el de la base de cotizaciones a la Seguridad Social. Todo ello con objeto de limitar el déficit público de la Administración central al 3,5% del PIB, frente al 4,7% con que previsiblernente se cerrará 1995. Lo que en términos de déficit público total equivaldría al 4,4%, frente al 5,9% de este año.

La magnitud de ese recorte final en gasto público tiene que hacer frente, además, al cumplimiento de subir las pensiones y los salarios de los funcionarios públicos de acuerdo con la inflación prevista: 3,5%. Las transferencias a Sanidad y a las administraciones territoriales también han aumentado su cuantía. El recorte se aplica a la asignación de prestaciones por desempleo (siempre bajo la hipótesis de que descienda el paro), la inversión en infraestructuras y algunos capítulos de subvenciones. Este encaje de bolillos entre partidas que crecen y otras que deben disminuir para obtener al final un ajuste de 800.000 millones tiene un pie forzado de difícil manejo: el aumento del pago de intereses de la deuda en 550.000 millones sobre las cifras de 1995. La sensibilidad del gasto público a esa partida ilustra la vulnerabilidad de la economía española frente a unos mercados financieros que hacen pagar como prima de riesgo la falta de credibilidad de las cuentas públicas.

Con la reducción aprobada el viernes y las otras medidas complementarias, el contenido del presupuesto se aproxima al del proyecto rechazado por el Parlamento. Esas medidas deberán ser aprobadas como ley o decreto-ley. En ambos casos, para la aprobación o convalidación será necesario un pacto con la oposición, que incluiría un acuerdo sobre la cesión a las comunidades autónomas del 15% del IRPF. Si, como es deseable, ese pacto se consuma, se conciliará el efecto político buscado por la oposición al rechazar los Presupuestos con la reducción de sus efectos económicos. Tiene demasiados problemas el país como para que, pudiendo evitar uno más, se renuncie a hacerlo sólo por castigar al Gobierno.