El juez García-Castellón concluye hoy el 'caso Banesto' tras 17 meses de investigación

El juez Manuel García-Castellón dictará las próximas horas un auto en el que pondrá fin a las diligencias previas del caso Banesto y solicitará al fiscal y a las partes acusadoras la calificación de los presuntos delitos cometidos por el ex presidente del banco Mario Conde y los ex administradores de la entidad. Una vez elevada esa calificación -a mediados de mayo-, el juez dictará el auto de apertura de juicio, en el que concretará cargos y establecerá responsabilidades civiles individuales. El fiscal Florentino Orti solicitó para todos, excepto uno, 12.000 millones.

El juez convertirá, pues, las diligencias realizadas a lo largó de casi 17 meses -desde la admisión a trámite de la querella criminal presentada por el fiscal Florentino Orti, el 15 de noviembre de 1994- en procedimiento abreviado. Se trata de la finalización de las citadas diligencias previas y la apertura de lo que se denomina la fase intermedia o de preparación de juicio oral. El auto que se apresta a anunciar el juez -de acomodación- es recurrible tanto en reforma, ante el mismo magistrado, como en queja, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.Una vez que el fiscal y las partes acusadoras personadas en el sumario elaboren su calificación, será el juez, previsiblemente a mediados del mes de mayo, quien dicte lo que es la pieza más relevante del procedimiento: el auto de apertura de juicio oral. El juez no se limitará a reseñar lo actuado, como en el auto de acomodación, sino que presentará sus conclusiones, analizando los cargos contra cada uno de los querellados en las operaciones presuntamente fraudulentas investigadas. También fijará las responsabilidades civiles para cada uno de los querellados.

La querella elaborada por el fiscal Orti fue dirigida en un principio contra Conde y otros nueve acusados: Arturo Romaní, Enrique Lasarte, César de la Mora, Antonio Sáenz de Montagut, Ramiro Núñez, Rafael Pérez Escolar, Ramiro Núñez, Martín Rivas y Fernando Garro. El 7 de diciembre, la querella se amplió a tres nuevos acusados: Ricardo Gómez-Acebo, Juan Belloso y Juan José Abaitua. De este modo, lo que había sido la antigua comisión ejecutiva de Banesto estaba al completo en la querella. En el curso de la instrucción, dos personas han quedado sobreseídas provisionalmente: Rivas y Montagui.

La instrucción se ha centrado, con una sola excepción, en las actividades de los ex administradores de Banesto. Tanto el fiscal como el juez se han mantenido firmes contra la inculpación de otras personas que pudieron beneficiarse o cooperar en algunos de los presuntos delitos.

El caso más notorio ha sido el de Jacques Hachuel, quien admitió en sus declaraciones haber recibido, transitoriamente, 1.344 millones en una cuenta suiza, procedente de la multinacional Air Products y que, según las investigaciones, debió haber ingresado en Banesto y nunca lo hizo. Hachuel no fue inculpado. Al margen de Hachuel, hay otras personas que participaron activamente en operaciones descritas en la querella como presuntamente irregulares y que, de momento, no han sido unculpadas: el abogado Mariano Gómez de Liaño (peración Promociones Hoteleras de forma directa e Isolux en colaboración con el grupo Euman-Valyser) y Tomás Allende y Milans del Bosch (operación de presunta apropiación y/o estafa de 1.500 millones en la compraventa de locales y naves industriales).

Eugenio Martínez Jiménez, administrador único de la sociedad Euman, y presunto testaferro de Conde, según las investigaciones sumariales, fue finalmente inculpado. Se responsabiliza al grupo Euman-Valyser de haberse lucrado a costa de Banesto por valor de 7.490 millones entre 1990 y 1993. Uno de los últimos hallazgos de la investigación -la declaración de Paolo Gallone en Lausana (Suiza), fiduciario de Mario Conde y de Mariano Gómez de Liaño y Francisco Sitges, que les atribuye la propiedad de las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna- será incorporada a la causa una vez que los tribunales suizos fallen sobre los recursos contra la entrega de la documentación. Para dictar el auto de apertura de juicio oral, en mayo, García-Castellón tendrá que obtener otra prórroga en el Juzgado número 3 por parte de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. El plazo de seis meses que posee caduca el 27 de abril.