Catálogo heterogéneo

EL GOBIERNO aprobó ayer un catálogo de medidas económicas tan extenso y heterogéneo que resulta imposible establecer un juicio global. Junto a decisiones largamente reclamadas, hay otras más que discutibles y algunas directamente irrelevantes. Pareciera que el nuevo Gobierno, en su afán por demostrar que gobierna, ha sumado todos los proyectos que tenía sobre la mesa y los ha agrupado en un índice que abarca desde la ley del suelo y el segundo operador telefónico a la eliminación de trabas para el transporte de féretros.El primer aspecto criticable es el procedimiento seguido. Gobernar por decreto-ley es una tentación a la que en este país sucumben todos los partidos cuando llegan por primera vez al poder. Es una forma de demostrar que el nuevo Gobierno tiene ideas y capacidad de ponerlas en práctica de forma inmediata. El PSOE hizo lo propio en 1982. Pero no por eso resulta menos censurable. Más cuando se hace desde una profesión de fe liberal y desde la proclamación de una voluntad de diálogo permanente con los agentes sociales. Es una forma de hurtar al Parlamento la posibilidad de discutir y enmendar las leyes, difícilmente compatible con las promesas hechas de devolver el protagonismo a las Cortes. La Constitución limita este recurso a casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Condición que difícilmente cumplen muchas de las medidas adoptadas ayer. Menos mal que algunas de ellas, las de mayor entidad económica, serán tramitadas luego como proyectos de ley, pero lo cierto es que entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El extenso catálogo de medidas tiene un propósito que sus autores explican en términos de liberalizar para reactivar. En términos generales, puede decirse que el Partido Popular empieza así a cumplir su programa electoral. Con ello atiende también la demanda de sus aliados de CiU, que en fechas recientes les conminaban a tomar decisiones con urgencia. Algunas de ellas se venían reclamando desde tiempo atrás y se enumeraban incluso en el Programa de Convergencia de 1992, aunque el PSOE fue incapaz de sacarlas adelante. Hay que saludar así la supresión de las tarifas mínimas de los colegios profesionales, un sector social en el que el PP ha recibido importantes apoyos.

El paquete tiene un primer apartado de ventajas fiscales para reactivar la economía. El Gobierno reduce algunos impuestos para fomentar el consumo y la inversión. La modificación del régimen de plusvalías, la actualización de balances de las empresas, las ventajas introducidas para los fondos de inversión y la reducción del impuesto de sucesiones en materia de viviendas y empresas familiares serán bien recibidas por los que se encuentren en cualquiera de tales supuestos.

Con ello, el Gobierno apuesta fuerte por la reactivación. Pero si ésta no se produce, se encontrará con menos ingresos, más demandas de gasto público y necesidad de mayores recortes presupuestarios en un momento histórico marcado -en un horizonte de 18 meses- por la primera convocatoria para acceder a la moneda única. Más allá, de la acogida que los agentes económicos dispensen a alguna de esas medidas, Io importante es si contribuirán a facilitar la convergencia exigida. En definitiva, si contribuirán a reducir la inflación y el déficit de aquí a diciembre de 1997. No está claro.

Las medidas estructurales de liberalización y flexibilización de la economía, por saludables que puedan resultar, no tendrán previsiblemente un efecto inmediato. Lo cual cuestiona aún más su tramitación por decreto-ley. El sector de la construcción no se va a reactivar a corto plazo porque se liberalice el suelo. A cambio puede fomentar la especulación urbanística si, como se anuncia, se aumenta la discrecionalidad de los alcaldes.

En cuanto a las telecomunicaciones, la apertura de la telefonía fija a un segundo operador no trae consigo la liberalización del sector, como se anuncia. Es simplemente la sustitución de un monopolio por un duopolio. A cambio, todo parece indicar que la liberalización comprometida por el anterior Gobierno para 1998 se retrasará al menos cuatro años, acogiéndose así a una moratoria contemplada en la directiva comunitaria. Es más que discutible, por tanto, que estemos ante una medida liberalizadora. No resulta nada coherente que quienes ayer criticaban las prisas del PSOE por regular el cable mediante una ley tramitada por procedimiento de urgencia recurran ahora al decreto-ley. Una auténtica jungla legislativa regula el sector de las telecomunicaciones. Ahora se suma un nuevo texto de inmediata aplicación del que nadie ha sido informado.

Pese a todo, sí cabe decir que Aznar ha optado por una vía abiertamente liberal y de estímulo a la iniciativa privada. Sólo queda esperar que el resultado final de esta apuesta sea la esperada reactivación económica.