EL juez interna en Málaga a todos los inmigrantes ilegales de Melilla

Todos los centroafricanos censados hasta esta semana en Melilla, unos 130, serán trasladados a dos centros de acogida en Málaga. Los 79 inmigrantes ilegales subsaharianos detenidos el jueves tras provocar varios incidentes violentos lograron entre la madrugada del viernes y la tarde de ayer su ansiado objetivo de cruzar a la Península, pero con una orden judicial de internamiento sobre sus cabezas. Ahora vivirán 40 días pendientes de que el Gobierno determine su identidad y su expulsión del país o su libertad. Los restantes esperaban anoche ser transportados también a la ciudad andaluza.

El traslado de Melilla a los dos centros de confinamiento en Málaga se está produciendo de manera escalonada, según el magistrado del juzgado de instrucción número 2, Rafael Benitez Yébenes, que procede a tomarles declaración, intenta identificarlos y dicta caso a caso la orden de internamiento.En ese proceso legal se basará luego el delegado del Gobierno, Enrique Beamud, para ordenar la expulsión de España de los que dispongan de documentación en regla o de aquellos cuya identidad y país de origen consiga concretar la policía en menos de 40 días. Si no lo logran, serán puestos en libertad, pero en una precaria situación de alegalidad.

El transporte desde el aeropuerto de Melilla a la base aérea militar malagueña de El Rompedizo de todos los inmigrantes ilegales asentados en la capital norteafricana empezó con un grupo de 41 subsaharianos a primera hora de la madrugada del viernes. Se hizo a bordo de dos aviones Hércules de la compañía CASA.

Otro segundo contingente, con 38 centroafricanos, partió con el mismo origen y destino sobre las seis y media de la tarde de ayer. En ambos casos, los inmigrantes iban escoltados por miembros de las unidades especiales de la policía enviadas estos días a Melilla para reforzar la seguridad de la ciudad.

Las autoridades locales y las organizaciones humanitarias de Melilla tenían registrados a principios de esta semana a unos 130 subsaharianos ilegales. La mayoría llevaba en la ciudad meses, y alguno incluso desde hace más de un año. Proceden sobre todo de países centroafricanos como Senegal, Mafi, Camerún, Costa de Marfil y Nigeria. Recorrieron en cualquier medio de transporte posible varios miles de kilómetros huyendo de miserias políticas o económicas con el único objetivo de cruzar al primer mundo.

Los cerca de 50 centroafricanos que no han participado esta semana en ninguno de los incidentes violentos que se han reproducido en Melilla y que vivían incluso en un albergue distinto al destrozado el domingo por los detenidos también aguardaban anoche su desplazamiento a Málaga porque su estancia en España es irregular. La mayoría tampoco dispone de documentación. Una docena de subsaharianos ha solicitado asilo político.

Ambiente de calma

Un pequeño grupo de los subsaharianos confinados en Málaga fueron recogidos en el aeropuerto por la policía y el jefe local de Protección Civil, Miguel Muñoz, e ingresaron en el centro de internamiento para extranjeros situado en la capital, que depende de la comisaría. La mayoría, sin embargo, fue al Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (Ceulaj), una instalación del extinto Ministerio de Asuntos Sociales que está en la localidad de Mollina, a unos 50 kilómetros de Málaga.Los centroafricanos aprovecharon una parte de su primer día de confinamiento en Málaga, ya bajo un techo digno, para realizar algunas actividades deportivas en una clima de "calma y tranquilidad". El centro juvenil de Mollina ofrece en general unas buenas instalaciones. Miembros de la Cruz Roja de Antequera se acercaron hasta este albergue para ofrecerles ropa recogida entre una colecta de ciudadanos de la zona.

La operación de traslado masivo de los inmigrantes centroafricanos ilegales de Melilla a Málaga ha sido muy cuestionada por varias organizaciones no gubernamentales y humanitarias.

Juan José Rodríguez Ugarte, secretario general adjunto de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que preside Juan María Bandrés, reclamó del Gobierno "una actuación para atajar el problema de fondo y no salir sólo al paso de las chispas esporádicas que encienden la mecha con órdenes de internamiento y expulsión". CEAR reclama junto a una mejor impermeabilización de las fronteras, una tramitación más rápida de los expedientes de los inmigrantes y de la ley de extranjería. Pero tanto CEAR como varios responsables políticos,' entre ellos el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, del PP, lo que más lamentan es que Marruecos no colabore con España en el control y sobre todo en la repatriación de los inmigrantes ilegales.