Banesto, pagó a Hachuel 703,5 millones por asesorar en la segregación de Valenciana

Un mes antes de crear la Corporación Banesto, el 18 de mayo de 1990 las sociedades de cartera Fintisa, Invatisa, Cartisa, Patrisa y Rentisa pagaron al financiero Jaeques Hachuel 703,5 millones a través de cinco facturas idénticas por "servicios profesionales de asesoramiento jurídico al grupo Banesto". El asesoramiento era sobre la segregación de Valenciana de Cementos entre Banesto y la familia Serratosa tras el enfrentamiento de ésta con Mario Conde. El dinero fue transferido a nombre de Peter Widmer, abogado de Hachuel, en una cuenta del Neumünser Bank de Zurich.

Los servicios jurídicos de Banesto hallaron recientemente estas facturas en la Corporación Industrial. Hasta el momento, sólo existía constancia de una de ellas por valor de 140,7 millones antes de pagar impuestos. Sin embargo, aparecieron otras cuatro facturas por idénticas cantidades y conceptos. En total las llamadas isas (como se conocían las cinco sociedades de cartera de Banesto) pagaron a Hachuel 703,5 millones, de los que se dedujeron 280,5 millones para abonar a Hacienda en concepto de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y Sociedades por parte de los no residentes. El neto transferido a Widmer con destino a Hachuel fue, según se ha apuntado, 523 millones. Rafael Pérez Escolar era entonces presidente de Invatisa y consejero de Cartisa.La presencia de Widmer en esta operación siguió a otra, realizada el 6 de abril de 1990, por la que el mismo Widmer fue el destinatario en el NMB Bank de Ginebra, entidad de la que era y es vicepresidente, los fondos de la Operación Carburos: 18,7 millones de francos suizos (1.344 millones de pesetas de la época). La mayor parte de esos fondos, 17,09 millones de francos suizos, estaban bajo control de una fundación de Liechtenstein llamada Levis, según confirmó su representante, Hans Gassner, a los abogados de Banesto en Suiza el pasado 26 de junio. Gassner, a su vez, fue administrador de dos sociedades de Arturo Romaní y de Conde en Liechtenstein: Jarnac y Selino.

Todo el paquete de facturas presuntamente falsas del caso Banesto, según había solicitado el banco, apoyado más tarde por la calificación del fiscal Florentino Orti, fue enviado por el juez Manuel García-Castellón en junio a los juzgados de la plaza de Castilla para iniciar una investigación específica. Hace pocos días, el juzgado de instrucción número 19, que ocupa Miguel Fernández de Marcos, decidió incoar las diligencias sobre estas facturas y el juez remitió un escrito al juzgado número 3 de la Audiencia en el que formula diversas preguntas y solicita ampliación de datos.

El juez García-Castellón incluyó los documentos acreditativos de pagos realizados por Banesto y sociedades de su grupo a una sociedad de Hachuel, H Capital, y a Pérez Escolar, más otras facturas pagadas a sociedades de Romaní y de Conde (Proyecto Manantial, Inversiones Rondonópolis, Longanor, Servicios y Promociones Siracusa...) En total, los pagos ascendieron a unos 3.000 millones y no han sido, investigados en la instrucción del caso.

La parte del león de los pagos correspondió a Hachuel (casi 1.500 millones, pagados por Inmobiliaria Urbis y por Corpobán, instrumental del grupo Banesto), seguido por Pérez Escolar (19 facturas por valor de 471,5 millones y otra de 100 millones pagadas por la sociedad Ceisa al abogado y su sociedad Cifuentes 2000).

Los pagos a Hachuel fueron mayores, por las citadas cinco facturas cobradas por su abogado Widmer, en concepto de asesoramiento a raíz de los problemas que tuvo en 1990 Banesto con la familia Serratosa en relación con la división del grupo Valenciana de Cementos.

Fuentes jurídicas indicaron a este periódico que el hallazgo de las cuatro facturas que completan el "paquete" de las cinco cobradas por Hachuel refuerzan la idea de que los grandes volúmenes de dinero movilizados al dividirse el grupo Valenciana, en marzo de 1990 (unos 135.000 millones de pesetas), fueron objeto de un "saqueo" bajo diferentes formas.

Facturas

Por una parte, las sociedades de Romaní y de Conde (Data Transmission Systems y Gay Cordon) obtuvieron una tajada de 1.400 millones al comprar dos paquetes (Hormifasa y Prebetong Aragon) y revenderlos días más tarde a Portland Iberia (grupo Banesto). Pero también el abogado Mariano Gómez de Liaño cobró por asesorar en la división de Valenciana una factura de 150 millones.El abogado Peter Widmer había intervenido como receptor de los fondos sustraídos a Banesto que pagó la multinacional Air Products el 6 de abril de 1990 por una opción de compra del 5,9% de Carburos Metálicos. Un mes más tarde, el 18 de mayo de 1990, las cinco sociedades de cartera del banco pagaban los 703,5 millones a Widmer, transfiriendo de la sucursal del Paseo de la Castellana 7, al Bank Neumünser (cuenta 195.341-7.003), el dinero en dólares (5,06 millones de dólares o 523 millones de pesetas, después de pagar el IRPF de Personas y sociedades por un no residente).

Hachuel, por otra parte, declarará el próximo lunes, día 8, en calidad de imputado en el caso Banesto, ante el juez García-Castellón.