Un arrastre de deudas

En el Ministerio de Economía se ha producido, hasta el último momento, un debate abierto sobre la conveniencia de dar a conocer a la opinión pública la liquidación final del Presupuesto. Altos cargos del departamento opinaban que la difusión de las cifras resultaría contraproducente, porque la cantidad "no es grande", medida siempre en los términos relativos de un Presupuesto, porque el conjunto de partidas parece claramente fragmentado y porque los beneficios políticos que puedan derivarse de la operación -que, finalmente, consiste en decir a los ciudadanos que van a pagar con su dinero los desajustes producidos durante el Gobierno González- seguramente serán neutralizados por el efecto que pueda producir en los mercados unos vaivenes presupuestarios que aparentan escasa seriedad.La fórmula elegida por el Gobierno para comunicar el desajuste presupuestario es políticamente legítima y responde a la recomendación de los técnicos: informar al mismo tiempo de las insuficiencias y del remedio para corregirlas. Dicho lo cual, es necesario recordar algunos aspectos importantes de la práctica presupuestaria.

El primero es que, por regla general, las insuficiencias presupuestarias se producen bien porque se traslada una obligación de pago al año siguiente, bien porque es necesario hacer frente a un pago que carece de partida presupuestaria. Ambas situaciones son prácticas conocidas y ampliamente aplicadas por todos los Gobiernos desde 1976. Dicho sea para evitar cualquier inclinación al escándalo, histeria o dolorosa perplejidad. La bola que se traslada de un año para otro, cuando el interventor general del Estado de turno dice "¡Hasta aquí hemos pagado!" suele ser del orden de los 800.000 millones de pesetas.

El segundo es que en el traspaso de poderes realizado en 1983 la insuficiencia presupuestaria dio lugar a una elevación del déficit público de 1,8 puntos del PIB (desde el 4,65% del PIB en 1981 al 6,41% en 1982). El equivalente en 1995, sobre el PIB a precios de mercado, apenas llega a un punto del PIB. Está claro que las prácticas de "limpiar" a fondo la contabilidad son rentables para el Gobierno, en cuanto que el empeoramiento del año de partida mejora las expectativas de años subsiguientes. Así lo entendió Pedro Solbes cuando, al sustituir a Carlos Solchaga al frente del Ministerio de Economía, extremó la pureza de las cuentas y elevó el déficit del Estado desde el 5,8% del PIB al 6,1%.