Presupuesto para 1997: aún falta

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1997, que el Gobierno acaba de remitir al Congreso, ha sido recibido con un suspiro de alivio. Hay buenas razones para ello: una herencia difícil, una administración presupuestaria en gran parte renovada y una coyuntura todavía vacilante hubieran podido conjurarse para situar el objetivo de déficit para 1997 más allá de lo humanamente alcanzable. En ese caso, nuestra pertenencia a la Unión Monetaria en 1999 hubiera sido seriamente puesta en duda desde ahora. No ha sido así: por varias razones -algunas debidas más a las dificultades de nuestros socios que a nuestros propios méritos- la distancia que separa a España del núcleo de la futura Unión Monetaria se ha acortado de forma sensible: el dibujito del último número de The Economist, donde el presidente del Gobierno español aparece encaramándose a la escalerilla de la UME por delante de su colega italiano, resulta tan elocuente como falsamente tranquilizador.El presupuesto va, como sus predecesores inmediatos, en la buena dirección: es, como requiere nuestra situación -Maastricht o no- un presupuesto contractivo; ello da pie a la reciente decisión del Banco de España de reducir de forma significativa su tipo de intervención. Sin embargo, la medida y el clima que la precedió merecen algún comentario: se ha insistido demasiado en equiparar una acción del Banco de España con un juicio sobre el. presupuesto. El Banco central es el guardián de la ortodoxia fiscal sólo en la medida en que el presupuesto pueda hacer aumentar la inflación. Pero sí es el guardián de la estabilidad de precios; y ésta, por desgracia, no está ni mucho menos conseguida. No repitamos ahora con el presupuesto la confusión creada hasta 1993 con el tipo de cambio, y que el Banco de España pueda ocuparse de su único objetivo, que es tratar de reducir la inflación.Para volver al Presupuesto: salva el primer obstáculo, formal, de las cifras, que ya tiene mérito. Pero con eso no basta: tal como está presenta aún riesgos de tres clases, que son, por orden de menor a mayor gravedad: que no sea aceptado por nuestros socios comunitarios; que no sea posible cumplirlo, y que,aún en caso de alcanzarse, el déficit de 1997 no sea sostenible en años posteriores. Vale la pena dedicar un momento a cada uno.

No es ningún secreto que, para cuadrar las cuentas con el objetivo de déficit, ha sido preciso interpretar algunas partidas y transacciones del Presupuesto con criterios que serían causa de algún carraspeo si se tratase de empresas privadas, y que en esas interpretaciones hay diferencias de grado entre los países de la Unión. Sin que haya que hablar de irregularidades, y mucho menos de ilegalidad -es la legislación de cada país la que determina las normas de la contabilidad pública-, lo cierto es que unos países han sido más estrictos que otros en esta materia: cabe,pues, que esas diferencias sean objeto de discusión, y que los países mas estrictos quieran imponer sus criterios a los más creativos. El riesgo existe, aunque no parece muy grande para nosotros que, en el momento de producirse el examen, estaremos en buena compañía. Sí es probable, en cambio, que aprobemos el examen del Consejo de Ministros de la Unión con una advertencia parecida a la que acompañó, en 1994, el aprobado al segundo Programa de Convergencia, a saber: que se trata de un presupuesto "de mínimos" y que cualquier desviación al alza del déficit será juzgada con severidad.

Si esto es así, no podemos quedarnos muy tranquilos, porque el cumplimiento del Presupuesto de 1997 no puede darse por descontado, no tanto por posibles desviaciones del gasto como por probables insuficiencias en los ingresos: el crecimiento del PIB de un 3% proyectado para 1997 es posible, pero superior al que dan todas las previsiones independientes, que es una mala señal; y no sería la primera vez que la respuesta de la recaudación tributaria fuera sensiblemente inferior a la esperada. En esto, el Presupuesto de 1997 se parece a sus predecesores: ante la pretendida imposibilidad política de arbitrar una contención del gasto de magnitud suficiente, hay que situar los ingresos esperados muy cerca del límite de lo que puede considerarse verosímil. El riesgo que entraña el procedimiento es ya conocido, si bien es posible que no llegue a materializarse.

En resumen: es concebible -aunque ya se ve que no del todo seguro- que lleguemos a finales de 1997 con unas cifras que nos permitan optar a la entrada en la Unión Monetaria. Pero, antes de dar su aceptación, nuestros socios querrán tener ciertas garantías de continuidad: ¿Podrá España preguntarán- comprometerse a mantener un déficit inferior al 3% en el futuro? ¿O se trata acaso de uno de esos esfuerzos, extraordinarios pero efímeros, que parecen ser la especialidad de los mediterráneos? Por desgracia, con un presupuesto como el de 1997 la respuesta correcta es la segunda: no ofrecemos ninguna garantía de poder seguir reduciendo nuestro déficit en años sucesivos. La razón es, sencillamente, que nos obstinamos en no abordar aquellas medidas que podrían cambiar de forma permanente la tendencia del gasto público.

Es más: alguien podría incluso pensar que vamos en dirección opuesta. Dos ejemplos: de los datos del Presupuesto se deduce que el total de gastos fiscales (suma de deducciones, exenciones y desgravaciones de los grandes impuestos), más ayudas y subvenciones a empresas (públicas y privadas) y familias está en torno al 10% del PIB; he aquí, sin duda, un capítulo en que debe ser posible comprometerse a una modesta reducción -eso sí, permanente- digamos, de un 10% del total. Pues bien: no sólo no se menciona siquiera esa posibilidad, sino que, entre 1995 y 1997, un componente importante de ese capítulo -los gastos fiscales- casi ha duplicado su volumen: suma, según datos del presupuesto, casi cuatro billones de pesetas. Por mucho que la cifra pueda estar sobreestimada ¿no es esto lo contrario de lo que habría que hacer?

Otro ejemplo: es bien sabido que el gran mérito de los Pactos de Toledo estaba más en el espíritu que en la letra; que el conjunto de medidas que en él se proponía no hacía más que retrasar la aparición de un déficit considerable en el sistema público de pensiones. ¿A qué viene, pues, el reciente acuerdo que dulcifica esas medidas? ¿No es éste un paso en la mala dirección?

Desde hace un par de años, España tiene, por primera vez, una posibilidad real de integrarse en una Unión Monetaria: esto es, de consolidar su influencia en el contexto europeo -del que depende, en primera instancia, la prosperidad de nuestra economía- sin incurrir por ello en grandes costes a corto plazo; pero esa posibilidad no es aún una certeza. Nuestro crédito frente a la Unión Europea se vio dañado, en 1992-93, por el incumplimiento del primer Plan de Convergencia y las sucesivas devaluaciones de la peseta.

El Presupuesto de 1997 no basta para recuperar ese crédito: con él decimos a nuestros socios que nos gustaría formar parte de la Unión Monetaria en 1999; pero no damos aún muestras de estar dispuestos a hacer todo lo necesario por conseguirlo.