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La rigidez de Fujmori y de Tupac Amaru impide una salida negociada al asalto de la Embajada

Juan Jesús Aznárez

La intransigencia del Gobierno peruano y del comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) atrincherado en la residencia del embajador japonés en Lima impiden un acercamiento en las negociaciones que tratan de resolver pacíficamente la crisis, actualmente en punto muerto. Conforme las partes se, acercan al meollo de las negociaciones, el acuerdo es más difícil y su consecución requiere tiempo. El interlocutor del Gobierno, monseñor Juan Luis Cipriani, arzobispo de Ayacucho, reanudó ayer los contactos con Nestor Cerpa Cartolini, comandante Evaristo, después de tres días de inasistencia a la residencia diplomática cercada por la policía. Le acompañaba Michel Minnig, el funcionario de la Cruz Roja Internacional presente en el proceso negociador.

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"Con declaraciones prepotentes y sin diálogo, no hay solución" reza una de las pancartas colocadas por el MRTA en la azotea de la mansión de San Isidro. El texto demuestra que se ha registrado un parón en las conversaciones.Después de las pasadas liberaciones de rehenes a cambio de lectura de comunicados del MRTA y autorización gubernativa para la difusión de proclamas, las negociaciones abordan ahora asuntos de mayor importancia, y nadie parece ceder. El MRTA pretende una comunicación telefónica con sus presos en la base naval de Callao a lo que se niega el presidente Alberto Fujimori. El ministro de Educación, Domingo Palermo, mediador oficial, sigue sin pisar la embajada. Japón, con 27 nacionales dentro, rechaza el desalojo por la fuerza, y desde hace tres días, no se producen nuevas salidas de los 74 rehenes restantes.

Bolivia trata de conseguir la puesta en libertad de su embajador, Jorge Gumucio. Hoy llegaba a la capital peruana, Antonio Aranibar, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, cuyas cárceles albergan a cuatro emerretistas condenados por el secuestro de un empresario. El viceministro boliviano, Jaime Aparecio, prometió que su país no se sumaría al "sálvase quien pueda", en referencia a la sospechosa liberación del embajador uruguayo en Lima después de que un juzgado de Montevideo absolviese a dos detenidos del MRTA cuya extradición pedía Perú.

En una situación tan compleja, con idas y venidas en la dirección de los contactos, y ausencia de avances claros, surgen nuevas propuestas de mediación. Autorizado por su Gobierno, el embajador de Guatemala en Perú, liberado el 26 de setiembre, no descarta su reingreso a la embajada si eso ayuda.

Condiciones carcelarias

Jorge Santistevan, el Defensor del Pueblo, también ofreció sus buenos oficios, reiterando la disposición cursada en su día al ministro del Interior, Juan Briones. "Entonces no se consideró oportuna nuestra mediación", dijo. Santistevan insta al Gobierno a no endurecer las condiciones carcelarias de los 458 presos del MRTA, y sí a equiparar el régimen penitenciario peruano con los patrones internacionales. Aliviar la dureza de los penales, es una de las exigencias del comando atrincherado en la residencia nipona.

La Comisión de Indultos no ha suspendido sus funciones, precisó Santistevan, aunque no ha enviado recomendaciones al jefe del Gobierno, porque ha estado concentrada "en aspectos concernientes a la residencia japonesa". El presidente del Congreso, y portavoz de la mayoría oficialista, Víctor Joy Way, que ratificó su respaldo a la acción del Gobierno, no ha descartado algún tipo de perdón para delitos relacionados con el terrorismo sí el Gobierno lo requiriere. Pero no se observa ningún movimiento.

Por otra parte, un debate sobre la concesión de amnistías o indultos, o la transformación del MRTA en partido político no es cosa de un día, y al igual que en otros procesos de desarme, puede durar meses, cuando no años, "El MRTA es un muerto resurrecto que con un eficiente golpe de mano está dejando malparado al Gobierno y en especial al Servicio de Inteligencia afirma la analista María del Pilar Tello en un criterio bastante compartido.

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