Las normas de instalaciones en cauces peligrosos siguen igual un año después de la riada de Biescas

Un año después de la riada que acabó con la vida de 87 personas en el cámping Las Nieves, en Biescas (Huesca), apenas ha cambiado la actuación de las administraciones con competencia en turismo y en zonas de dominio público-hidráulico, y las normas siguen siendo las mismas. Mientras, las organizaciones ecologistas acusan a la Administración central de desidia por no evitar que se sigan manteniendo construcciones en el cauce de los ríos, y a la comunidad autónoma de Aragón, de haber podido evitar la tragedia si no se hubiera permitido construir "en zona de riesgo".

Aunque no todo el mundo coincide en las responsabilidades sobre la tragedia de Biescas, sí existe cierto acuerdo en que una de sus causas fue la instalación del cámping Las Nieves en el cono de deyección del valle de Arás, es decir en la zona donde se concentran los sedimentos que arrastra el río.Esto "no era un hecho aislado" en el país, según Santiago Martín Barajas, presidente de la Confederación de Organizaciones de Defensa del Medio Ambiente (CODA). Ésta organización afirmó ayer que existen en toda España unas 25.000 construcciones en situación parecida, es decir, dentro del dominio público hidráulico, que, según la Ley de Aguas, debe quedar libre de toda ocupación.

La información recogida por la CODA fue entregada ayer a la Fiscalía de Madrid en un intento por cambiar algo. A su juicio, "la tragedia de Biescas no ha servido para cambiar la situación, porque la Administración desprecia la protección de cauces y riberas y no ha hecho absolutamente nada para evitar que pueda volver a repetirse la tragedia"

Los ecologistas acusaron ayer al Ministerio de Medio Ambiente y a las Comunidades Autónomas -estas últimas tienen la competencia para otorgar las licencias- de ser responsables, si se repitiera una tragedia similar a Biescas "por tener constancia de que existe peligrosidad y no hacer nada".

- Un portavoz de Medio Ambiente reconoció a EL PMS que "es posible" que haya tantas construcciones fuera de la Ley de Aguas, "porque este último año se han hecho nuevos deslindes y se ha ampliado la zona de dominio público", aunque no pudo precisar la extensión de territorio sobre el que se ha hecho. Añadió además que para que. desaparezcan los asentamientos se requiere tiempo, porque "hay plazos y trámites".

Los datos que ofreció recientemente al Senado Justo Mora, subdirector general de la gestion del dominio hidráulico, no son, sin embargo, muy optimistas. Mientras que la longitud de los ríos y la red principal de afluentes españoles alcanza los 34.000 kilómetros, el programa Linde, cuya función es establecer qué zonas son de dominio público hidráulico, todavía se están terminando de deslindar 3.000 kilómetros que, multiplicados por las dos márgenes de los ríos, serían 6.000 kilómetros.

La mayoría de estos deslindes se produjeron en los años de la administración socialista y, como ayer aseguraron los ecologistas, el nuevo Ministerio de Medio Ambiente ha recortado el presupuesto para el programa Linde, por lo que aún se tardará mucho en completar todo el territorio español. Todo ello a pesar de que la ministra, Isabel Tocino, se comprometió el año pasado, tras la tragedia de Biescas, a terminar cuanto antes los deslindes para evitar que se repitiera lo sucedido.

Tras la denuncia de la CODA, la ministra Tocino acusó ayer a los ecologistas de "asustar" a la población. Desde Santander, donde, ofreció una rueda de prensa, afirmó: "Estudios muy rigurosos aseguran que lo ocurrido en Biescas sólo tiene una posibilidad de repetirse cada 3.000 años. Y tendré que recordar que los cámpings no los autoriza Medio Ambiente, sino las comunidades autónomas a través de sus departamentos correspondientes", informa Jesús Delgado.

En el Ayuntamiento de Biescas reconocen que no se han reformado las normas locales y que sólo se han realizado inspecciones puntuales de seguridad en la provincia por orden del Gobierno de Aragón.

Tampoco el servicio de ordenación turística de la Diputación de Aragón, que tiene competencias de legislación en este sector, ha abordado reforma alguna. Con el argumento de que lo sucedido en Biescas fue un "accidente", no se han tomado medidas.