Roig pierde el control accionarial del Valencia

La Fundación, cuyo objetivo principal es Regar a establecer un voto por cada accionista, estudia reclamar responsabilidades penales al ex presidente. Sobre todo después de que el Valencia haya decidido recurrir contra la sentencia ante la Audiencia Provincial. La Fundación solicitará ahora la suspensión cautelar de la ampliación

El presidente del club, Pedro Cortés, sale muy beneficiado de la sentencia -se convierte en el segundo máximo accionista y se libera de su principal oponente, Francisco Roig-, pero no pudo ayer aceptar la resolución: su poder en el consejo está muy limitado por los vicepresidente, Jaime Molina y Jaime Ortí, y el consejero delegado, Manuel Llorente, todos ellos hombres de Roig. "Es un flaco favor para el Valencia lo que se ha hecho", dijo Cortés, que se lamentó de las consecuencias negativas para el futuro deportivo del equipo. De hecho, Cortés accedió a la presidencia, el pasado 2 de diciembre,. previo acuerdo de que asumiría el recurso en caso de que la sentencia de la demanda fuera desfavorable a los intereses de Roig.

Antes de la ampliación ahora anulada, el capital social del club era de 700 millones de pesetas. Pero entonces Roig convenció a los accionistas de la necesidad de una ampliación de capital de 800 millones y 102.000 acciones, que fue aprobada en junta general de accionistas el 11 de marzo de 1996. En ella se estableció un tope de compra de nueve acciones, además de -anularse el derecho de suscripción preferente de los grandes accionistas .Se trataba, según Roig, de democratizar el club y de ingresar a su vez una importante suma de dinero. Las consecuencias fueron otras,

Variopintos testaferros

El presidente Roig, sus familiares y amigos comenzaron a adquirir títulos procedentes de los más variopintos testaferros -desde empleados del Real Valladolid a empleados de banca de A Coruña- que consciente o incoscientemente, compraron nueve títulos y se los vendieron posteriormente a Roig y a sus aliados, que Regaron a controlar casi la mitad de las 102.000 acciones vendidas.De ese modo, se burlaba el limite de compra de nueve acciones establecido en la junta de accionistas. Este periódico, incluso, pudo averiguar que un consejero del Valencia, José Garrido, se valió de su alto cargo de responsabilidad en una entidad de ahorro para conseguir testaferros entre directores de sucursales, empleados de las mismas y clientes.

Tras la sentencia, el mapa accionarial del Valencia da un vuelco. El presidente Cortés se convierte en el segundo máximo accionista (3.500 títulos) después de Ramón Romero, ex consejero de Arturo Tuzón (3.600), mientras que Roig sólo tendría 1.500 acciones. Es decir, que el ex presidente sería tan sólo una más de la quincena de los grandes accionistas. Roig y sus familiares pierden el control de cerca de 40.000 acciones tras la anulación de la ampliación. La Fundación estudia llevar a cabo acciones penales contra Roig. Cree tener sobrados motivos para ello. Por ejemplo, la falsificación de las firmas de cientos de personas que fueron utilizados de testaferros sin saberlo. "El consejo de administración se valió de fotocopias de carnés de identidad, conseguidos por intermediarios, y cuyos hechos serán objeto de la correspondiente denuncia ante el Ministerio Fiscal", anuncia la Fundación en sus conclusiones ante el juez.

La Fundación, además, expuso unos hechos que el juez ha estimado concluyentes. En la cuenta 0200548076 de La Caixa, destinada al dinero de la ampliación de capital, de los 1.587 ingresos efectuados, 86 son irregulares, por incumplir el límite del contravalor de nueve acciones, equivalente a 72.000 pesetas. El mismo proceso se repite en la cuenta de Bancaixa para tal efecto. Hay cinco cheques por valor de 796.000 pesetas procedentes de la cuenta particular del consejero delegado, Manuel Llorente (uno de los cuales se aprecia en el gráfico). También aparece un cheque de 320.000 pesetas librado por Pedro Cortés, actual presidente de la entidad y entonces vicepresidente.

"La osadía y desfachatez del gerente es tan grande", dice la Fundación en sus conclusiones, "que, con fecha 21 de agosto de 1996, ordena transferir a la cuenta de la ampliación 19.512.000 pesetas [como se aprecia en el gráfico], cuya única explicación es la existencia de miles de testaferros suscriptores de acciones que no ingresaban dinero alguno, por lo que éste debía ser ingresado por los destinatarios de acciones o, lo que convertiría en superlativa la gravedad, de fondos de la propia entidad". "La última palabra la tendrán los Juzgados de lo Penal, que necesariamente deberán entrar a conocer estos extremos", añade el escrito.

"Esta sentencia", dijo ayer el presidente de la Fundación, el catedrático de Derecho Financiero Juan Martín Queralt, "es muy importante para que rectifique el camino del fútbol español. El aficionado de a pie volverá a tener voz. Se habla de la reforma de la Ley del Deporte: espero que los legisladores tengan sensibilidad y no permitan que el fútbol se rija únicamente por el capital". El objetivo final de la Fundación es que cada accionista llegue a tener un solo voto. Ese es el modo, según Martín Queralt, de acabar con las guerras que han acosado al Valencia desde que se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva en 1992.