Una filial de Telefónica para mercadotecnia aspira a la gestión del IRPF por teléfono

El sindicato UGT ha denunciado ante la Agencia de Protección de Datos el concursoque Hacienda ha abierto para la gestión telefónica de las declaraciones de la renta de este año. Esta medida permitiría a empresas privadas obtener datos de unos 250.000 contribuyentes y, según UGT, acceder a los ordenadores de Hacienda, lo que vulneraría el derecho a la intimidad. Al concurso se han presentado dos ofertas. Una de ellas parte de Estratel, dedicada al marketing (o mercadotecnia) y propiedad del grupo Telefónica. Estratel es una de las empresas a las que Telefónica pasaba los datos de sus abonados.

La Agencia Tributaria aprobó el pasado diciembre sacar a concurso tres servicios de asistencia telefónica al contribuyente. Sé trata del servicio de cita previa,la confección de declaraciones abreviadas y la de información tributaria básica. El presupuesto total de licitación asciende a 948 millones. A este concurso se presentaron dos ofertas antes de que finalizase el plazo el pasado 21 de enero. Una de ellas es una unión temporal de empresas formada por Estratel (Estrategias de Telefónica, SA) y Sertel (del Grupo ONCE), y opta a los tres lotes con una oferta de 927 millones. La segunda es la formulada por Eulen, que sólo aspira al servicio de declaraciones por teléfono.

Eulen SA está presidida por Jesús David Álvarez Mezquíriz, familiar de David Álvarez Díez, anterior presidente de la empresa y, propietario de Bodegas Vega Sicilia. (Valladolid). Eulen, según figura en el Registro Mercantil, se dedica a servicios de limpieza, mantenimiento, instalaciones, seguridad, medio ambiente y servicios auxiliares.

Por su parte, Estratel es filial al 100% de la empresa Telefónica Publicidad e Información, del grupo Telefónica, que fue multada en tres ocasiones por la Agencia de Protección de Datos con 110 millones Por vender información de los abonados a Telefónica. Asimismo, Telefónica Publicidad e Información recibió la orden el pasado diciembre de no ceder más datos para publicidad directa. Hasta ese momento, ofrecía seleccionar a los abonados según los criterios que marcase el cliente (tipo de vivienda, formación, nivel económico, medio urbano o rural ... ), para hacer más eficaces así las redes de venta. Estratel era precisamente una de las empresas que figuraban en la carta que Telefónica envió a los usuarios, citadas como destinatarias de los datos personales si los afectados no se declaraban expresamente en contra.Hacienda ya ha puesto en manos de empresas privadas, en años anteriores, los servicios telefónicos de cita previa, información tributaria y declaraciones abreviadas, las más sencillas. Este último servicio consiste en atender las llamadas de los contribuyentes, tomar nota de sus datos, introducirlos en el programa suministrado por la Agencia Tributaria, comunicar al contribuyente el resultado y, si éste lo desea, remitirle la declaración a su domicilio para que la firme y la entregue.

Mientras que Hacienda asegura que la empresa que desarrolle este servicio no tendrá acceso a la base de datos de la Agencia Tributaria, el sindicato UGT sostiene que la empresa recibirá y manejará datos fiscales de 250.000 contribuyentes -según la previsión de Hacienda- y podrá comprobar que lo declarado es cierto; y para ello deberá consultar el ordenador de Hacienda.

A ello responde, según asegura UGT basándose en las condiciones para la adjudicación, la exigencia de que en los locales donde se instale la empresa adjudicataria exista un equipamiento técnico que permita la conexión con el Departamento de Informática Tributaria.

El anexo de prescripciones técnicas del contrato señala que este enlace se hace con el programa, informático de preguntas y respuestas de Hacienda para resolver consultas. Sin embargo, el contrato establece en sus cláusulas que "la información o especificaciones facilitadas por la Agencia Tributaria al contratista deberán ser consideradas por éste como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicación, copia, utilización o préstamo a terceros".

Igualmente, el contratista "adquiere la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente los datos relativos a contribuyentes, a los que pudiera tener acceso como consecuencia de la realización de trabajos...". La multa prevista por no cumplir estos requisitos es de 500.000 pesetas. Estas garantías demuestran, según UGT, que se van a manejar datos confidenciales por empresas privadas.

Hacienda, por su parte, señala que este servicio ya ha sido prestado por empresas privadas anteriormente y que la Agencia de Protección de Datos informó favorablemente al respecto. En 1997, primer año en que se dio este servicio para las declaraciones abreviadas en toda España, se adjudicó a una unión temporal de empresas formada por Teleaction e Iberphone.

Pese a ello, fuentes de Hacienda señalan que se está estudiando la posibilidad de retirar la parte del concurso relativa a las declaraciones por teléfono.