Las instituciones vascas seguirán aplicando las atribuciones del Concierto en fiscalidad

Las instituciones vascas tienen la voluntad de seguir aplicando como hasta ahora la capacidad que les reconoce el Concierto económico para dictar normas fiscales diferenciadas de las del resto del Estado. Así lo aseguraron ayer los responsables de la Diputación Foral de Vizcaya y el vicelehendakari del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, que anunciaron la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo o el Constitucional la sentencia del primero que anuló una norma de 1998 sobre incentivos fiscales a la inversión. Las autoridades vascas lanzaron un mensaje tranquilizador a las empresas e inversores respecto al futuro de los recursos pendientes planteados por otras administraciones.

Tanto Ibarretxe como el diputado general de Vizcaya, Josu Bergara, volvieron a subrayar que la sentencia carece de efectos prácticos, ya que las medidas recurridas dejaron de estar vigentes en 1993. Y se esforzaron en tranquilizar a las empresas e inversores en el País Vasco ante la inquietud que ha suscitado la posibilidad de que los principios utilizados por la sentencia del Tribunal Supremo puedan aplicarse a las demás normas fiscales vascas que han sido impugnadas ante los tribunales por la Administración del Estado y las comunidades limítrofes.En una clave más política, el vicelehendakari Ibarretxe dijo que el fallo judicial sólo aporta "confusión" sobre las competencias tributarías reconocidas por el Concierto económico y recordó que tanto éste como el propio Estatuto de Gernika constituyen "un pacto político que no debe cuestionarse mediante interpretaciones jurídicas". En términos jurídicos, criticó la sentencia, que a su juicio es contradictoria con otra dictada en 1991 también por el Supremo y no demuestra, entre otras cuestiones, que la presión fiscal efectiva global sea en Euskadi inferior que en el resto de España.

En respuesta a la apreciación del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, sobre el precedente que puede suponer la sentencia para el futuro, a la hora de sentar los límites de la capacidad normativa vasca en materia tributaría, el diputado general de Vizcaya recalcó que no traza ninguna línea, sino que encierra una interpretación restrictiva e involucionista del Concierto económico.

Josu Bergara criticó que la sentencia utilice términos incorrectos e inexistentes, a su juicio, como el de "espacio fiscal español". "Si tienen algún estudio que justifique sus afirmaciones de desigualdad en la presión fiscal, que lo muestren", retó Bergara, quien volvió a esgrimir el estudio elaborado por la Fundación BBV que señala que, al menos hasta 1993, la presión fiscal global en Euskadi estaba situada dos puntos porcentuales por encima del resto de España.

Intento de "Ioapización"

"No vamos a hacer dejación, en modo alguno, de la capacidad que se deriva del Concierto económico y, por tanto, las administraciones vascas seguiremos estableciendo las normativas tributarias en aquellas materias en las que tenemos capacidad para hacerlo", subrayó por su parte Ibarretxe en el Parlamento vasco, dirigiéndose a las empresas y a los ciudadanos.El propio lehendakari, José Antonio Ardanza, mostraba ayer su sorpresa por la decisión judicial desde la capital de Eslovenia, Lubjljana, donde se encuentra en viaje oficial. Ardanza señaló que espera que la sentencia no sea el anuncio de "un nuevo proceso de loapización" o intento de igualar las competencias de todas las comunidades autónomas.

A juicio de Ibarretxe, la resolución del Supremo no toma en cuenta la existencia de un Estado descentralizado y con ciertos rasgos de asimetría. En su opinión, con las argumentaciones de la sentencia no sería legal la posibilidad de que el resto de las comunidades autónomas ejercieran presiones fiscales distintas con el tramo del IRPF que les ha cedido el Estado.

La reacción del Partido Popular del País Vasco fue más en sintonía con las tesis de las instituciones vascas que con las de la sentencia y las sugeridas por el Gobierno central. Su portavoz en las Juntas Generales de Vizcaya, Carlos Olazabal, calificó de "muy floja" la argumentación del Tribunal Supremo.

Añadió que la decisión judicial "ni tiene efecto ni es operativa ni crea precedente de ningún tipo". El portavoz popular aseguró, en tono de broma, que la sentencia del Supremo implica que "cada vez que el diputado de Hacienda de Vizcaya baje un tipo [impositivo] el ministro Rato tiene que sacar la chequera y pagar al resto de los españoles".

La posición del PP vasco no ha sido una excepción. La mayoría de los partidos y sindicatos vascos, incluidos Herri Batasuna y LAB, han criticado la sentencia del Supremo, al considerarla un ataque al autogobierno de Euskadi.