Un juez en busca de un fichero: mujer, intimidad, aborto

El ojo escrutador del juez albaceteño andará buscando ahora mismo el perfil de las mil rnujeres cuyo anonimato se ha esfumado gracias a la redada intempestiva que (en aras de la Justicia, naturalmente) ha llevado a cabo dicho representante de la judicatura en ejercicio de sus funciones. Mil mujeres que tuvieron la desgracia de engendrar un hijo no deseado y decidieron (dentro o fuera de la ley, que ésa es otra cuestión que no debe perderse de vista) interrumpir su embarazo acudiendo a una clínica autorizada. También hubieran podido recurrir a ese lúgubre periplo de las clínicas clandestinas (a veces ni clínicas siquiera), donde a buen seguro les habrían cobrado menos dinero, no les habrían abierto ficha alguna y únicamente habrían corrido serio riesgo su salud, cosa que parece poco importante para algunos. En lugar de ello, cayeron en la ingenuidad de identificarse en un centro autorizado y ahora más de una se estará arrepintiendo, temiendo que quizá no fuera muy real el motivo por el que abortó (más del 90% de las mujeres aborta legalmente por afectación de la salud psíquica) y que a lo peor la justicia se pondrá a indagar hasta qué punto le angustiaba la llegada de un hijo que no quería, si procedieron los médicos con rigor al elaborar la anamnesis de la paciente, etcétera. En una triste pesadilla, se les aparecerá un juez preguntando: "¡A ver! ¿Cuánta angustia sentía usted?... No es suficiente, tenía que sentir mucha más para poder abortar legalmente...". "La verdad, señoría, es que siento mucha más ahora que entonces, aunque eso me condene ...".Seguramente sólo quienes no hayan vivido de cerca esos momentos en que una mujer sufre calladamente al saber que se ha quedado embarazada sin desearlo podrán frivolizar sobre la profunda gravedad de la decisión a la que se enfrenta: su futuro está en juego, cómo (y con quién) transcurrirán los próximos años de su vida (un proyecto siempre imperfecto pero que dibujamos con todo el esmero posible). A algunos les parece un dilema menor; otros apelan a principios religiosos, olvidando esa máxima ética de la democracia que nos obliga a respetar el derecho de los demás. Y conviene que se sepa que cuando una mujer interrumpe su embarazo está ejerciendo un derecho que la Constitución le concede, siempre que la continuación de la gestación le provoque perjuicios tan graves que no sea lícito imponérselos. Y conviene que se sepa, también, que nuestra legislación es permisiva hasta cierto punto, no sólo porque existan únicamente determinados motivos legales para abortar sin culpa: peligro para la salud o la vida de la madre, violación o malformaciones en el feto (excluyéndose hasta ahora otros motivos reconocidos en Europa, como la llamada indicación social), sino porque la decisión última sobre la legalidad de la interrupción del embarazo está en manos de los médicos que certifiquen lo aducido por la mujer. Todo ello provoca que más del 50% de los abortos que se practican en España sean ilegales todavía, lo que permite que se produzcan hechos como la redada de fichas que ha realizado el juez de AIbacete. Los antiabortistas sospechan -con razón- que no todos los abortos realizados en clínicas autorizadas se ajustan completamente a la legalidad y encuentran en ésta un formidable ariete con el que pretenden conseguir que las clínicas privadas dedicadas a estas intervenciones terminen por cerrar, sabiendo muy bien que la sanidad pública prefiere mantenerse al margen de la cuestión, apelando a la objeción de conciencia médica (muy respetable cuando es real ... ) y olvidando, sin embargo, que el derecho de las mujeres a abortar legalmente debería corresponderse con el de hacerlo en hospitales públicos (y a cargo de la Seguridad Social), compaginando como es debido el derecho ideológico de los médicos y el derecho a la salud de los ciudadanos. Lo demás (es decir, la situación actual) es pura hipocresía política.

Con motivo de una redada similar llevada a cabo en una clínica valenciana hace algunos años (allí se incautaron 3.000 fichas de pacientes), la memoria anual de la Fiscalía General del Estado denunció este tipo de intervenciones indiscriminadas porque supone una incuestionable violación de la intimidad, que es un derecho fundamental tan respetable como los demás. Lo ocurrido ahora en Albacete debe servir para que de una vez por todas se acabe esta tibieza legal que deja al albur de una decisión judicial un acto tan íntimo, tan difícil y con tantas repercusiones vitales para la mujer como lo es la interrupción del embarazo. Sólo ella puede decidir. Que el Parlamento deshaga el empate y se apruebe de una vez un sistema de aborto legal que reconozca a cualquier mujer de nuestro país el derecho a decidir libremente (durante las 12 primeras semanas de embarazo) si quiere o no quiere tener un hijo. ¡Ah!, y que pueda acudir a un hospital público. Creo que somos mayoría los que abogamos por ello.