Zaplana ve "normal" pactar el desalojo de un alcalde a cambio de subvenciones

Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat valenciana, compareció ayer ante el pleno de las Cortes regionales para informar sobre la implicación del vicepresidente y un segundo cargo de la Diputación de Alicante, gobernada por el Partido Popular, en la firma de un documento ante notario en el que se comprometían inversiones públicas en la localidad de Dolores, de apenas 6.000 habitantes, a cambio de desalojar a los socialistas de la alcaldía. Zaplana calificó de "normal" establecer este tipo de pactos e insinuó que también los socialistas han recurrido a prácticas similares.

La difusión del documento firmado ante notario entre los populares y los independientes de Dolores, que incluía la "programación" detallada de inversiones en el municipio subvencionadas por la Generalitat o la Diputación de Alicante y que debían estar ejecutadas antes del fin de 1998, provocó una importante marea política que Zaplana optó por aplacar con urgencia acelerando la comparecencia ante las Cortes Valencianas.Sin embargo, el presidente de la Generalitat valenciana se limitó a presentar una relación de las inversiones ejecutadas en esta localidad de la Vega Baja desde el 19 de junio de 1996, fecha en que se presentó la moción de censura, y redujo a poco menos de 80 millones los fondos públicos invertidos efectivamente en Dolores. Los socialistas han denunciado que las subvenciones al municipio alicantino se han multiplicado por 11 desde que los populares ocuparon la alcaldía.

Zaplana calificó el acuerdo como "normal". Recordó que el alcalde socialista de Dolores se encontraba procesado por ''negociaciones prohibidas" a funcionario público, delito por el que ha sido Finalmente condenado, y atribuyó a la situación procesal del regidor el fundamento de la moción.

Asimismo, el presidente valenciano restó importancia a la condición de vicepresidente de la Diputación de uno de los firmantes del pacto y explicó su participación como vicesecretario provincial del partido. También consideró lógico que un nuevo equipo de gobierno presente un "programa" de actividades. Y amenazó veladamente con sacar a relucir pactos de mayor calado firmados en legislaturas previas a su acceso al poder.

Fines partidistas

Los socialistas achacaron a Zaplana su interés por "justificar una conducta condenable y recordaron que en todo el proceso "subyace" la utilización con fines partidistas de dineros públicos. Sin embargo, evitaron formular ninguna acusación de "corrupción política", algo que sí habían invocado en jornadas previas. La posibilidad de que salieran a relucir prácticas paralelas bajo mandato socialista surtió un evidente efecto balsámico en las filas del PSPV.Sólo Esquerra Unida y Nova Esquerra dejaron de morderse la lengua. "Lo grave es que alguien comprometa dineros públicos para cambiar voluntades", explicó el portavoz de Nova Esquerra Pedro Zamora. "Eso es corrupción política, una práctica que nos lleva de la democracia al caciquismo", afirmó.

Gloria Marcos, de Esquerra Unida, abundó en argumentos similares y destacó la confusión entre las instituciones y el aparato del partido como un "comportamiento propio de la derecha decimonónica".

El presidente Zaplana insistió en la vertiente positiva del debate y propuso de forma retórica un "nuevo código ético" para desvincular los cargos orgánicos de los institucionales. El presidente popular valenciano pidió que se apliquen las mismas reglas para todos y lamentó tener que afrontar siempre el extremo más estrecho del embudo".

La iniciativa de Zaplana fue equiparada a una ley de punto final por Esquerra Unida y Nova Esquerra, pero la ausencia de beligerancia de los socialistas permitió al presidente regional dejar el hemiciclo "satisfecho", según anunció desde la tribuna.