El déficit desbordará las previsiones del Plan de Convergencia, según un informe del Gobierno

El déficit del Estado será superior al previsto en los próximos años, en contra de lo que recoge el Plan de Convergencia, y se situará en el 2,5% del PIB en el 2000, un punto por encima de lo pronosticado. Así lo recoge un informe del director de la Oficina de Presupuestos, José Barea, que sigue echando jarros de agua fría a la euforia económica oficial. Este desvío, en el que se tienen en cuenta riesgos no contemplados hasta ahora (indemnizaciones por la colza, profesionalización del Ejército, etcétera) obligaría a abordar "nuevas reformas estructurales" e "incidirá de manera significativa en el empleo".

El informe de Barea, cuyo departamento depende directamente de José María Aznar , es contundente. "La conclusión principal que se deriva del estudio es la tendencia creciente del déficit público en el periodo 1998-2001, en discordancia con lo previsto en el Plan de Convergencia 1997-2000 y con lo dispuesto en el Plan de Estabilidad y Crecimiento aprobado por todos los países de la Unión Europea", señala el informe, fechado en marzo.El estudio de Barea es un extenso documento, con una gran riqueza de datos, en el que se repasan las previsiones de gastos e ingresos de las cuentas nacionales de los próximos cuatro años, atendiendo a los criterios que impondrá la Unión Europea a partir de 1999 con la aplicación del Sistema Europeo de Contabilidad (SEC).

Las previsiones que arroja el análisis son muy pesimistas, pues, incluso en el supuesto de un crecimiento alto de la economía, España no cumplirá el pronóstico recogido en el Plan de Convergencia en materia de déficit, tanto en el del Estado como en el conjunto de las administraciones públicas. El documento incide en la tesis defendida por el candidato socialista a la presidencia, José Borrell, durante el último debate sobre el estado de la nación sobre Seguridad Social. El candidato socialista esgrimió la parte del informe que sostiene que hay un déficit de unos 280.000 millones "por anulación de derechos reconocidos de años anteriores".

Menores ingresos fiscales

Barea no sólo sostiene que el déficit se va disparar. Va más allá. Pronostica que la economía española perderá competitividad y que ello "incidiría de manera significativa sobre el empleo". El alto cargo del Gobierno argumenta en su documento que "se hace necesario emprender reformas estructurales si se quiere conseguir la sostenibilidad del déficit a que se refiere el Plan de Estabilidad y Crecimiento".

Los pronósticos concretos del director de la Oficina Presupuestaria, realizados en el pasado mes de marzo, apuntan a que el déficit del Estado este año se situará en el 2,3% del PIB; en el 2,34% del PIB en 1999; en el 2,51% del PIB en el 2000, y en el 2,12% del PIB en el 2001. Ello significa que, de acuerdo con las proyecciones realizadas por Barea, el déficit rebasará en un punto del PIB lo previsto por el Plan de Convergencia para el año 2000, que es precisamente el ejercicio de su finalización. Un disparo directo a la línea de flotación de la política económica del Gobierno, orgullo de su presidente, José María Aznar.

Y eso en el mejor de los casos, puesto que, para hacer esta proyección, Barea utiliza lo que denomina alternativa de crecimiento elevado. La proyección en el supuesto de crecimiento medio recoge que la desviación sobre el pronóstico oficial en el año 2000 será de 1,34 puntos del PIB.

¿Cómo justifica Barea estos pronósticos? El director de la Oficina Presupuestaria hace un razonamiento sencillo. Prevé menores ingresos y mayores gastos. En su opinión, la presión fiscal se mantiene constante, lo cual implica que no aumentan los gastos por esa vía, e incluso prevé que la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) provocará un descenso de los ingresos de 0,2 puntos del PIB en 1999 (unos 177.000 millones de pesetas) y de 0,4 puntos del PIB en en el año 2000 (unos 376.000 millones de pesetas).

En cuanto a los gastos, Barea considera que los recortes previstos hasta el año 2000 son insuficientes si se quieren respetar los compromisos de gasto social y alcanzar el objetivo de reducción de déficit. Opina que, en caso de de conjugar estos dos elementos, los gastos no sociales (intereses de la deuda, justicia, defensa, orden público, infraestructuras, agricultura, medio ambiente, aportación a la Comunidad Europea...) tendrán un crecimiento mínimo en los próximos años. "Con el margen que resulta [descontados los ajustes y los compromisos de gasto social] no será posible atender el aumento de la demanda de servicios no sociales, que daría lugar a la no sostenibilidad del déficit".

Este escenario tiene en cuenta riesgos potenciales para el déficit como las indemnizaciones a las que debe hacer frente el Estado por la sentencia del envenenamiento por aceite de colza (Barea lo cuantifica en unos 400.000 millones), la profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas, el déficit de RTVE y las transferencias a las comunidades autónomas de Educación.