El mandato del Congreso

La batalla de las humanidades le costó al Gobierno de José María Aznar la principal derrota parlamentaria de esta legislatura el pasado 16 de diciembre. Aquel día, el Plan de Mejora de la Enseñanza de las Humanidades, cuya primera entrega era un real decreto que modificaba los contenidos de geografía e historia y de lengua y literatura para los alumnos de 12 a 16 años, fue rechazado por el Congreso por 180 votos de todos los partidos contra 151 del PP.Esperanza Aguirre, que se había mantenido en sus trece impulsada por el presidente del Gobierno y a pesar de las advertencias de sus socios nacionalistas catalanes, vascos y canarios, abandonó el hemiciclo entre lágrimas. El Congreso pidió la retirada del proyecto y la elaboración de un análisis comparativo en el entorno de la Unión Europea como pasos previos a "la redacción de un documento consensuado, que, dentro de los objetivos y de los fundamentos conceptuales, educativos y didácticos de la LOGSE" sirva de orientación en la mejora de la enseñanza de las humanidades.

El proyecto de Aguirre no afectaba teóricamente a los horarios, pero inflaba sustancialmente el índice de contenidos mínimos de las materias afectadas, lo que fue considerado por las comunidades no gobernadas por el PP una agresión política, una invasión de competencias y una regresión educativa. A ello se añadió la etiqueta ideológica de unitarismo y nacionalismo español que desde el primer momento le atribuyeron.

Búsqueda de consenso

Para salir del atolladero, la Conferencia de Educación, integrada por el Gobierno y las comunidades con competencias plenas, encargó en febrero un dictamen a una comisión. El informe que hoy, después de casi cuatro meses de trabajo, tiene previsto aprobar la comisión se ha ceñido al mandato del Congreso: contiene un análisis europeo, ha sido elaborado por consenso y se proclama al amparo de la LOGSE.La búsqueda de acuerdos ha obligado a Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, cuya labor de moderación ha sido elogiada por los miembros de la comisión, a limitar las concreciones para evitar la inevitable explosión de desacuerdos en un grupo en el que predominan los expertos elegidos por el PP, pero en el que hay representantes nacionalistas e intelectuales independientes.

Entre los participantes se encuentran el historiador Carlos Seco Serrano, uno de los que más objeciones ha puesto al informe final; el filósofo Julián Marías; la historiadora María del Carmen Iglesias; la geógrafa Josefina Gómez de Mendoza; el director de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenca; el ex rector del País Vasco Gregorio Monreal; el presidente del Consejo Escolar del Estado, Juan Piñeiro, y su homólogo de Cataluña, Jaume Sarramona.