Un alto cargo de la Fiscalía del Estado declara que Gordillo desobedeció órdenes en el "caso Sogecable"

El fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado, Eduardo Torres-Dulce, declaró ayer que el fiscal encargado del caso Sogecable, Ignacio Gordillo, desobedeció las órdenes que había recibido del anterior fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, y que por ello hubo que reiterarle las instrucciones y recordarle que no podía pedir medidas cautelares para ninguno de los imputados. Gordillo solicitó la imposición de una fianza de cinco millones de pesetas para el socio auditor de Arthur Andersen José Antonio Rodríguez Gil en contra de las órdenes recibidas del fiscal del Estado.

Eduardo Torres-Dulce, el número tres de la Fiscalía del Estado, compareció en calidad de testigo a petición del juez Javier Gómez de Liaño en la causa que contra éste se tramita en el Tribunal Supremo por tres delitos de prevaricación presuntamente cometidos en las diligencias sobre Sogecable de las que fue instructor.El jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía fue llamado en relación con un informe técnico del que fue autor, que le había sido encargado por el fiscal general de entonces, Juan Ortiz Úrculo, y en el que se concluía que en la actuación de Sogecable no existía delito alguno.

El testigo precisó que el informe fue elaborado de forma consensuada por todos los fiscales que integran la Secretaría Técnica y que el criterio que en él se recogía fue asumido por Ortiz Úrculo. Agregó que el dictamen sirvió de guía de actuación mientras éste estuvo al frente de la Fiscalía del Estado.

Torres-Dulce manifestó también que el informe fue la base para que se dieran instrucciones al fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, para que no adoptase ninguna medida sin consultar al fiscal general. Al conocer el informe, según el fiscal declarante, Gordillo alegó que era muy preliminar y que en las actuaciones sumariales estaba realizándose un informe pericial que tendría gran trascendencia. Este informe de los peritos de Hacienda designados por el juez Gómez de Liaño reconoció posteriormente también la inexistencia de los delitos de apropiación indebida y estafa, las principales acusaciones contra Sogecable.

Torres-Dulce aseguró que Gordillo incumplió las instrucciones recibidas cuando solicitó la imposición de una fianza de cinco millones de pesetas para el auditor Rodríguez Gil. Éste había declarado el 8 de mayo de 1997 y, acto seguido, se celebró la vistilla para determinar las medidas cautelares que resultaron ser las pedidas por el fiscal.

Ortiz Úrculo citó a Gordillo para llamarle al orden, pero los rumores de su cese como fiscal general aplazaron la reunión. El 14 de mayo, Úrculo le reiteró de forma durísima las órdenes recibidas. En esencia, el texto decía: "Reitero la orden dada por escrito en fecha 7 de marzo de 1997 y en la que se le advirtió de que no dictaminara o practicara actividad procesal alguna, que no fuera de mera tramitación, sin previa e inexcusable consulta a la Fiscalía General del Estado".

Como consecuencia de ello, la orden agregaba: "No deduciéndose de lo hasta ahora actuado los presupuestos constitucionales y legales suficientes habilitantes para la adopción de medidas cautelares de carácter personal, por parte del Ministerio Fiscal no se solicitará medida alguna de tal naturaleza y se opondrá a las que puedan solicitar otras partes". (...) "El fiscal procederá a interponer los pertinentes recursos frente a las medidas cautelares de carácter personal que puedan adoptarse".

Dos días después, el fiscal general cesó, aunque la orden en cuestión fue remitida a Gordillo a través del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, tras consulta al nuevo fiscal general, Jesús Cardenal, quien ratificó la validez de la misma.

Preguntado si Gordillo incumplió las órdenes recibidas, Torres-Dulce respondió que sí, al menos en lo referente a la petición de medidas para Rodríguez Gil, el 8 de mayo de 1997, porque así se lo dijo el fiscal general Ortiz Úrculo.

Un informe muy duro

El juez le preguntó si no le parecían duros los términos de las órdenes impartidas a Gordillo, a lo que Torres-Dulce, que tiene rango de fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera fiscal, respondió que nunca había visto otro informe tan duro. Añadió que la causa fue precisamente que Gordillo había desobedecido las órdenes anteriores al informar favorablemente las medidas cautelares aludidas.Concluida la declaración, el abogado de Gómez de Liaño, Jorge Trías, solicitó que se cite a declarar a Juan Ortiz Úrculo; al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y al fiscal del caso, Ignacio Gordillo.

Por otro lado, el magistrado Joaquín Martín Canivell, instructor del caso Liaño, se ha opuesto a la recusación que el juez de la Audiencia Nacional ha presentado contra él. Canivell considera que no existe causa legal para ser recusado o abstenerse de instruir el proceso contra el juez y que, en contra de lo afirmado por Liaño, no tiene ningún interés en la causa.

Fuentes del alto tribunal señalaron que se están practicando algunas pruebas documentales y que tras el informe del fiscal al respecto es muy probable que la semana que viene se resuelva la recusación.

La decisión será adoptada por el pleno de la Sala de lo Penal, a excepción del propio Martín Canivell y del presidente, José Jiménez Villarejo, que fue instructor de un expediente disciplinario contra Gómez de Liaño.