Así se negoció la tregua

Pocos días antes de que la Mesa Nacional de HB ingresara en prisión, entre el 5 y el 6 de diciembre del año pasado, su responsable de organización, Rufi Etxeberria, se entrevistó con el portavoz del PNV, Joseba Egibar. Etxeberria acudió a la cita acompañado del dirigente más duro de la dirección abertzale, José María Olarra. Egibar se presentó con Juan María Ollora, el ideólogo de su partido, defensor a ultranza de la salida dialogada al problema de la violencia, y Gorka Aguirre, el máximo conocedor en el PNV de los entresijos de ETA y sus presos. Rufi Etxeberria comunicó a la delegación del PNV que el ingreso en prisión de la Mesa Nacional de HB -de cuya inminencia no tenía duda- no iba a obstaculizar el diálogo que sus sucesores estaban dispuestos a emprender. Pidió a los peneuvistas que se pusieran en contacto con ellos para iniciar las conversaciones. Además, le dijo a Egibar que en HB se había producido un giro y que la organización había decidido abandonar la práctica de la ponencia Oldartzen . Este documento implantó en 1995 la política de desestabilización, combinando la violencia callejera con los atentados selectivos de ETA, para forzar una negociación con el Gobierno. Ahora, explicó, los abertzales querían iniciar conversaciones con el PNV y otras fuerzas vascas para buscar iniciativas comunes. Ninguno de los presentes sabía que estaban iniciando un proceso que, tras una docena de reuniones, saturadas de llamadas telefónicas, culminaría con una tregua de ETA. Los miembros de la Mesa Nacional de HB estaban convencidos de que la política de desestabilización, mantenida con intensidad desde 1995, les había conducido al annus horribilis de 1997. Fueron 12 meses que empezaron con el encarcelamiento de la Mesa Nacional durante 90 días, ante la indiferencia de sus bases, y con su humillante y, para las bases, polémica salida de la prisión tras el pago de una fianza. Pero el punto álgido de su mala racha lo marcan la liberación por la policía de José Antonio Ortega Lara del inhumano zulo de Mondragón y el asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. Estos dos acontecimientos desencadenaron las manifestaciones masivas de indignación que dejaron acorralado al brazo político de ETA. Egibar, Ollora y Aguirre recibieron con escepticismo los planteamientos de Etxeberria, Olarra y Aoiz. El encuentro se llevó a cabo gracias a los oficios del abogado Íñigo Iruin, ex dirigente de HB, con quien Joseba Egibar mantenía contactos esporádicos desde que en 1992 sostuvieron unas conversaciones finalmente frustradas. El encarcelamiento, pocos días después, de la Mesa Nacional de HB desenca- Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior denó una despiadada respuesta de la organización terrorista contra los concejales del Partido Popular. Se inició el 12 de diciembre con el asesinato del edil de Rentería José Luis Caso. A este primer atentado siguieron los de Zarautz y Sevilla, en el mes de enero. El panorama no permitía albergar optimismo respecto al apoyo de la banda hacia los planes que los dirigentes ahora encarcelados de HB habían adelantado al PNV. Además, en esos momentos el PNV estaba jugando en otro frente. Temía que las impresionantes movilizaciones de indignación desencadenadas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco afectaran a todo el nacionalismo y provocaran su retroceso electoral. El partido de Arzalluz consideró que debía tomar la iniciativa. En un encuentro celebrado en La Moncloa el 16 de enero, el lehendakari Ardanza presentó al presidente del Gobierno, José María Aznar, un plan de pacificación que tenía intención de exponer en la Mesa de Ajuria Enea. Para ello necesita el concurso de los dos partidos nacionales, el PP y el PSOE. El plan de Ardanza consistía en abrir un diálogo político sin límites entre los partidos vascos, aunque especificaba que debía estar precedido de una tregua indefinida de ETA. Los acuerdos tendrían finalmente que ser ratificados por el Parlamento y el Gobierno centrales. Pero Aznar, y también el PSOE, rechazaron el plan. No les gustaba que los partidos vascos abriesen un diálogo que pudiera desbordar la Constitución, y menos aún que sus conclusiones se impusieran al Gobierno y al Parlamento. Además, consideraban que era negativo moverse sin que ETA hubiera dado ningún paso. El rechazo del plan dejó al PNV las manos libres para iniciar sus conversaciones con HB. El propio Xabier Arzalluz se lo comunicó a José María Aznar en febrero. Éste le contestó, con su laconismo habitual: «Avísame si consigues llenar la piscina». Mientras tanto, en la izquierda abertzale los acontecimientos se producían tal y como había adelantado Rufi Etxeberria a Joseba Egibar en diciembre. A pesar de la ofensiva etarra contra los concejales del PP, Arnaldo Otegi se puso en contacto con Joseba Egibar nada más ser elegido portavoz de la nueva Mesa Nacional de HB, a finales de enero. Un mes después se celebró la primera reunión entre las delegaciones del PNV y HB. Fue el 26 de febrero, en la sede de la organización abertzale de Vitoria. Por el PNV acudieron Ollora, Aguirre y Egibar. Les esperaba una sorpresa: en representación de HB, junto a Arnaldo Otegi se sentaba Iñigo Iruin, su interlocutor de 1992. Iruin había sido depurado por la anterior Mesa Nacional de HB al discrepar abiertamente con la la ponencia Oldartzen , que tan desastrosos resultados había producido a la organización. Era un buen augurio. Aquella presencia fue para Egibar el primer indicio de que la voluntad de renovación por parte del nuevo portavoz de HB podía ir en serio. La voluntad del PNV quedó patente con la instalación de una unidad de élite de la Ertzaintza para proteger las reuniones de posibles espionajes. El primer encuentro fue positivo. Los interlocutores decidieron la continuidad de las sesiones y confeccionaron una agenda y un calendario. Arnaldo Otegi, el único que no era conocido por sus interlocutores del PNV, mostró un talante abierto, en las antípodas del que tenía su predecesor, Floren Aoiz. Acordaron reunirse cada tres semanas, aproximadamente, y celebrar las sesiones en sedes alternas. Pero hubo algo más: la delegación de HB planteó a la del PNV, previamente y sin tapujos, que esas reuniones no eran el marco adecuado para discutir o plantear una tregua de ETA, sino el lugar propicio para crear las condiciones que invitaran a la banda a decretarla. HB pidió, en definitiva, ser tratada como una organización política, autónoma de ETA, y no como el brazo de la banda armada. La delegación del PNV aceptó ese compromiso. Egibar, Ollora y Aguirre recordaron a sus interlocutores el plan Ardanza de pacificación, que en ese momento ya había sido prácticamente rechazado por el Gobierno y el PSOE. Pero los representantes de HB dijeron que no les gustaba, no tanto por su contenido como por haber sido promovido por el lehendakari . Según ellos, Ardanza representaba otra época: la de los pactos antiterroristas de Ajuria Enea. «Estamos en condiciones de demostrar que, como fruto de un trabajo conjunto, se pueden obtener mucho mejores resultados que en la Mesa de Ajuria Enea», manifestaron. Sin embargo, admitieron que parte de la metodología del plan podía aprovecharse. Discrepaban de que el proceso pudiera contar con el visto bueno del Gobierno. No obstante, el Ejecutivo del PP ya había eliminado ese problema al haberlo rechazado de forma despectiva a través de su entonces portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. HB y PNV coincidieron en la necesidad de seguir el modelo irlandés de pacificación, iniciado con las conversaciones entre John Hume, representante del nacionalismo moderado, y Gerry Adams, del Sinn Feinn, la rama política del IRA, y basado en la consecución previa de un acuerdo entre nacionalistas para trasladarlo después a los partidos no nacionalistas. Los abertzales plantearon que el acuerdo debía tener en cuenta el «enganche» de Navarra con la comunidad vasca y un nuevo marco político para Euskadi que superase el Estatuto de Gernika. El modelo irlandés suponía un importante giro en los planes de ETA, que debía asumir su marginación de un proceso negociador protagonizado en exclusiva por los partidos nacionalistas. Otegi e Iruin sabían que este hecho marcaba un hito: hasta entonces, en las dos únicas propuestas de diálogo existentes (la de Argel, en 1989, y la de junio de 1996), fueron el Gobierno y ETA los interlocutores. Los enviados del PNV y de HB no volvieron a verse hasta mediados de marzo. En su segunda reunión, celebrada en una sede peneuvista, los de HB plantearon el «blindaje» de las conversaciones para garantizar su continuidad: Otegi e Iruin propusieron que el PNV aceptara que ningún acontecimiento externo influyera en las conversaciones. Ni los atentados de ETA ni las actuaciones policiales contra ETA. Ambos insistieron en defender su autonomía respecto a la organización terrorista y afirmaron que esta condición podía contribuir a demostrarla. Por esas fechas, la sucesión de asesinatos, en diciembre y enero, de los concejales del PP José Luis Caso, de Rentería; José Ignacio Iruretagoyena, de Zarautz, y Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, en Sevilla, habían creado una fuerte tensión política. Pese a ello, el PNV aceptó el «blindaje». A cambio pidió absoluta discreción sobre las conversaciones. Al carecer de garantías de que ETA fuera a relajar su presión armada, temía que la publicidad de sus contactos con HB podría someterlo a una tensión insoportable con el Gobierno y las demás formaciones. Ésta fue la reunión en la que salieron a relucir por vez primera abiertamente los viejos recelos entre PNV y HB, recrudecidos desde 1995 por los ataques sistemáticos de los jóvenes de Jarrai (las Juventudes de HB) a las sedes del PNV, en aplicación de la doctrina Oldartzen . Y por la respuesta que a estos ataques daba la Ertzaintza, dirigida por el consejero del Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa, del PNV. Se plantearon abrir un periodo de distensión en la guerrilla urbana. Pero, sobre todo, se enfrascaron en analizar qué gestos e iniciativas políticas conjuntas podían adoptar para generar confianza entre las dos formaciones. Fue en la tercera reunión, celebrada en abril en una sede de HB, en la que comenzaron a perfilarse lo que las dos partes denominan «coincidencias parlamentarias» y que fueron el método elegido para disipar la desconfianza e ir ganando a las bases para el proceso. Ambas delegaciones concretaron entonces la adopción de iniciativas conjuntas sobre el acercamiento de presos de ETA a las cárceles vascas y acordaron la celebración de una manifestación conjunta con motivo del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca). Se celebró el 13 de abril en Cambó, al sur de Francia, en respuesta al llamamiento de Abertzaleen Batasuna (AB), la formación equivalente a HB en el sur de Francia. Acudieron el PNV, HB, Eusko Alkartasuna (EA) y los sindicatos nacionalistas ELA-STV y LAB, este último afín a HB. Paralelamente, fueron tomando cuerpo iniciativas promovidas por nacionalistas independientes y militantes del PNV y de HB. Trataban de crear un clima social favorable al acercamiento de los presos vascos. En este empeño, que siempre contó con el apoyo del obispo de San Sebastián, José María Setién, también participa el obispo de Bilbao, monseñor Blázquez. También se produjeron iniciativas institucionales. El PNV reactivó en el Parlamento Vasco la Comisión de Derechos Humanos, cuyo presidente, el nacionalista José Antonio Rubalcaba, apoyado por el PNV, HB, EA e UI-EB, se trasladó al Tribunal de Estrasburgo con una denuncia sobre la violación de los derechos de los presos de ETA. Su rechazo cantado importó menos que su simbolismo, en la carrera por limar asperezas y demostrar confianza mutua. Esta política de gestos se siguió diseñando en las reuniones celebradas en mayo. El portavoz del PNV, Joseba Egibar, declaró públicamente que el proceso autonómico estaba agotado. Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior Sospechosamente callada desde febrero, ETA también inició una política de gestos. En un comunicado fechado el 30 de abril manifestó que vislumbraba «cambios de calado» en la situación del País Vasco. Pero, a su vez, reprochaba al PNV que mantuviera sus pactos con el Gobierno del PP y con el PSOE, «los colegas del GAL y del Cesid». ETA lanzó también un aviso premonitorio: «El PNV tendrá que salir de esa encrucijada. No le han faltado ni le faltarán oportunidades». Una semana después de su aviso, ETA asesinó al concejal de Pamplona Tomás Caballero, de UPN-PP, y, dos días más tarde, al guardia civil de Vitoria Alfonso Parada. Así la banda armada puso a prueba al PNV en su compromiso de mantener el «blindaje» de las conversaciones. Joseba Egibar recuerda ahora que aquél fue para el PNV el momento más difícil de las conversaciones. Al ser ya público su diálogo con HB, llovieron las presiones sobre la dirección de su partido. Pese a todo, el mismo día en que fue asesinado Caballero, Egibar garantizó por teléfono a Iñigo Iruin que no iban a interrumpir las conversaciones. La consolidación del «blindaje» y la participación del PNV en las iniciativas conjuntas con HB supusieron para Arnaldo Otegi e Iñigo Iruin la prueba inequívoca de que el partido de Xabier Arzalluz apostaba decididamente por las conversaciones. Arnaldo Otegi convocó el 30 de mayo la Asamblea Nacional de HB en Vitoria y consiguió el refrendo de las bases de la coalición para su política de conversaciones con el PNV, que hasta entonces era seguida con recelos indisimulados y en algunos casos con abiertas críticas desde los sectores juveniles de HB. Sólo siete días después, el 6 de junio, la Ertzaintza detuvo al comando Vizcaya de ETA, y en el enfrentamiento murió la activista Ignacia Ceberio. Pese a que el propio interlocutor en las conversaciones con el PNV, Arnaldo Otegi, portó el féretro de la etarra muerta, como gesto interno de identificación con ETA, HB mantuvo los contactos. Claro que no faltó el reproche en la siguiente reunión, celebrada en junio. Del mismo modo que la delegación peneuvista había planteado previamente que los asesinatos de ETA situaban a su partido en una posición dificilísima.

Sin información en el Gobierno

Algunos de estos movimientos no pasaron inadvertidos para el Gobierno y los partidos nacionales. Los canales habituales del PNV con el Ejecutivo se limitaron a confirmar que seguían las conversaciones, pero no dieron más información sobre su desarrollo. El 6 de junio, el ex presidente del Gobierno Felipe González advirtió de la posibilidad de una tregua de ETA para antes de las elecciones vascas. Dos días antes, el ministro del Interior, Jaime Mayor, se reunió con una delegación socialista integrada por Joaquín Almunia, José Borrell y Juan Alberto Belloch. En la reunión ninguno de los interlocutores disponía de datos precisos de las conversaciones entre el PNV y HB. Coincidieron en mostrar su preocupación por la actitud del partido de Xabier Arzalluz, que daba muestras públicas de su alejamiento del Pacto de Ajuria Enea y de su aproximación a HB, pese a que continuaban los atentados de ETA. Mayor y la delegación socialista acordaron la conveniencia de coordinar esfuerzos para atraer al PNV al Pacto de Ajuria Enea, pero no dieron ningún paso efectivo. Mientras tanto, PNV y HB intensificaron su política de «coincidencias parlamentarias». En las reuniones de mayo y junio, decidieron coordinar su política lingüística. El 17 de junio, el Gobierno vasco incorporó a HB en la negociación del Plan del Euskera. A la política de «coincidencias parlamentarias» también se unieron Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU). Estos partidos mantenían, a su vez, contactos bilaterales con HB. Todos acordaron extender su política a nuevos sectores. Así pactaron la ley vasca del deporte, que confiere rango internacional a las selecciones deportivas vascas. También votaron la reforma del reglamento del Parlamento Vasco que evita el acatamiento de la Constitución. Como consecuencia de esta última decisión, el Partido Socialista de Euskadi abandonó el Gobierno vasco. El 20 de junio se constituyó el Foro de Irlanda, impulsado por las conversaciones entre el PNV y HB, en el que se inte graron, además de EA e IU, numerosas organizaciones del MLNV. Fue una iniciativa de HB, con la que trataba de arropar las conversaciones bilaterales. Tras su constitución, ETA cometió el que hasta hoy es su último asesinato, el del concejal del PP en Rentería Manuel Zamarreño. Sin embargo, en la banda ya estaba calando la necesidad de un alto el fuego que protegiera el acuerdo que se perfilaba a través del Foro de Irlanda. La necesidad de una tregua era acuciante para el PNV y HB, que la necesitaban antes de las elecciones vascas. El cierre de Egin, el 15 de julio, ordenado por el juez Baltasar Garzón, fue el empujón final. Unos días después, Iñigo Iruin, en su calidad de abogado del diario, se entrevistó con el juez en el despacho de éste en la Audiencia Nacional. Iruin le preguntó a Garzón si estaba dispuesto a ilegalizar a HB. El juez sonrió por toda respuesta. El abogado quedó convencido de que tal cosa podía suceder antes de las elecciones vascas. Al conocer su opinión, la dirección de HB precipitó la reconversión de sus siglas en una nueva coalición electoral, Euskal Herritarrok (EH). ETA transmitió, a través de KAS, que ya se había decantado por el alto el fuego para facilitar apoyos al nuevo proyecto. El frenético agosto que vivió HB desembocó en el anuncio oficial, el miércoles, de una tregua indefinida a partir del viernes. El anuncio se aceleró unos días por una filtración a la BBC. El Gobierno no tuvo conocimiento de la inminencia de la tregua hasta el pasado fin de semana. Desde abril, cuando se descubrieron las escuchas telefónicas en la sede de HB de Vitoria, la información del Cesid había quedado muy mermada. En Moncloa se enteraron por los servicios del Ministerio del Interior. No pensaban que sería inminente. Según su información, sería declarada en quince días, pero en ningún caso antes de este fin de semana. El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, sin embargo, manifestó el miércoles por la tarde a unos concejales riojanos del PP que ése iba a ser un buen día para ellos. Jaime Mayor se mostró escéptico sobre el alcance de la tregua. Según sus datos, ETA mantendría sus comandos en vigilancia activa, en previsión de un regreso a la actividad armada tras las elecciones vascas. El ministro no sabía que la organización terrorista iba a dirigir su propuesta a los partidos vascos y no al Gobierno. Mayor tuvo que notificar el anuncio de tregua indefinida por teléfono al presidente del Gobierno, José María Aznar, que se encontraba de viaje en Perú. También habló telefónicamente con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que le animó a que actuara conjuntamente con el PSOE. Conversó la misma mañana del jueves con el secretario general socialista, Joaquín Almunia, y con el candidato, José Borrell. El Gobierno tuvo que corregir sobre la marcha sus primeras declaraciones debido al inesperado alcance de la tregua y abrir, dentro del escepticismo, un portillo a la esperanza. «No seré insensible» a las expectativas, dijo Aznar el jueves desde Perú. La manera en que ETA ha materializado la tregua ha colocado en una situación relativamente cómoda al ministro del Interior, en la medida que la banda armada no la ha hecho depender de una exigencia al Gobierno, como sucedió en sus anteriores anuncios de 1989 y 1996. ETA condiciona el mantenimiento de la tregua a la marcha de las conversaciones del bloque nacionalista vasco. Traslada, en un primer momento, su responsabilidad al comportamiento del PNV. La estrategia del Gobierno consiste en exigir a la organización terrorista que ofrezca pruebas de que mantendrá su alto el fuego más allá de las elecciones vascas del 25 de octubre. En ese momento se despejará la duda de si ésta es una trampa destinada exclusivamente a ofrecer una inyección de apoyo electoral a los partidos nacionalistas, como teme el Gobierno, o si ETA tiene voluntad real de mantener la tregua indefinidamente.

La prueba de las elecciones

El comunicado de ETA no despeja ninguna duda en este sentido. El Gobierno y los partidos nacionales creen que su retórica política es inaceptable. Plantea la internacionalización del conflicto, al introducir a Francia; pide a los partidos vascos que rompan sus amarras con «Madrid y París», y propone un proyecto exclusivamente nacionalista para el País Vasco. No obstante, interpretan que esta retórica maximalista puede tener una clave interna: tranquilizar a los sectores del MLNV más reacios a la tregua y partir de las posiciones más extremas a la hora de abordar una negociación. El plazo hasta las elecciones vascas da un respiro al Gobierno y a los partidos nacionales para afinar su estrategia. El Ejecutivo cuenta con una carta de negociación, los 600 presos de ETA. Incluso no se descarta que haga algún gesto de distensión, como el traslado de algunos presos a las cárceles vascas en un plazo breve. Otro gesto es su voluntad de no pasar en estos momentos a la ofensiva policial, frenando algunas iniciativas contra el entorno financiero de ETA. Pero esta estrategia se consolidará tras la ronda de conversaciones que tiene previsto iniciar el presidente del Gobierno, José María Aznar, en las próximas horas con los partidos democráticos, y que empezará con el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. Los socialistas son partidarios de intentar el consenso más amplio entre los partidos del bloque democrático, incluido el PNV, y adoptar una iniciativa común ante la tregua. ¿Y qué piensa el PNV? El PNV se guarda las cartas que puede jugar hasta las elecciones vascas, aunque su mirada está puesta en las conversaciones con HB, cuyo primer gran éxito ha sido la tregua de ETA. Su apuesta dependerá en buena parte de los resultados electorales, del ascenso o descenso relativo del bloque nacionalista, muy igualado en votos al no nacionalista. Probablemente le corresponda al hoy vicelehendakari y candidato del PNV a la presidencia, Juan José Ibarretxe, la responsabilidad de formar Gobierno. Ésa será la hora de la verdad, la de la apuesta por el frente nacionalista, que trata de forzar un marco superador del modelo autonómico, o por la pluralidad existente desde 1987, compartiendo gobierno con los no nacionalistas. También es una incógnita el comportamiento de ETA a partir de ese momento.