La Audiencia dirá hoy si España es competente para juzgar las dictaduras de Chile y Argentina

"Este es un caso en que la humanidad se juega cosas muy importantes: no sólo para perseguir a los genocidas, sino para que los genocidas no puedan existir". Así se pronunció ayer el abogado Carlos Slepoy, representante de la Asociación Argentina de Derechos Humanos, en la vista de las apelaciones que decidirán si la justicia española tiene jurisdicción para juzgar los crímenes perpetrados en Argentina y Chile. Los fiscales sostuvieron que no existe genocidio ni terrorismo desde el punto de vista jurídico, aunque los crímenes deben ser juzgados por el Tribunal Internacional

La decisión de los 11 magistrados de la Sala de lo Penal se conocerá hoy, aunque sólo el sentido de la misma ya que las deliberaciones se celebran en secreto. Los argumentos y el resto de la resolución no serán hechos públicos hasta dentro de unos días.La trascendencia de la decisión de la Audiencia Nacional no es sólo moral, pues aunque el reconocimiento por parte de la justicia británica de la inmunidad de Pinochet aleja a éste de la extradición, la legitimación del proceso por genocidio y terrorismo convalidaría el embargo de las cuentas de los imputados, argentinos y chilenos, y las órdenes internacionales de detención librados no sólo contra Pinochet, sino también contra los generales Leopoldo Galtieri y Emilio Massera y todos los otros imputados. Astiz, Jorge Acosta, Jorge Raúl González, etcétera, que no podrán salir de sus respectivos países sin peligro a ser detenidos.

El fiscal Pedro Rubira inició la sesión con un homenaje a los asesinados y desaparecidos, las víctimas de lo que calificó la sinrazón humana y elogió también a las asociaciones de madres y abuelas de desaparecidos, que no permiten que los crímenes se olviden.

Rubira aseguró que no recurría a la jurisdicción española para perseguir los delitos de genocidio y terrorismo, sino la calificación jurídica misma de genocidio y terrorismo. "No existe delito de genocidio", dijo, "porque los horribles crímenes cometidos por las juntas militares entre 1976 y 1983 fueron perpetrados por motivos políticos, y el genocidio se define por la eliminación de un grupo nacional, racial, étnico o religioso". Añadió que ninguno de estos motivos fue la causa de la persecución en Argentina, donde se perseguía a los subversivos, que no eran otros que comunistas, socialistas y peronistas.

Tampoco estimó Rubira la existencia de terrorismo, porque el delito, según la legislación española, se refiere a la seguridad interior del Estado, y no a la violencia que se cometió en Argentina, que sí pudiera ser considerada terrorismo a nivel social, pero no jurídico.

Los nueve abogados de la acusación se repartieron los papeles para replicar al fiscal. Carlos Slepoy dibujó el panorama en más de 20.000 folios de sumario, donde figuran testimonios de familias de los 30.000 desaparecidos que hubo en Argentina, que pasaron previamente por los 365 campos clandestinos de detenidos.

Los letrados defendieron la permanencia de los delitos, porque no se ha dado cuenta del paradero de los desaparecidos y no se han devuelto todavía 450 niños, de los 500 que fueron secuestrados y entregados a las familias de los milicos secuestradores.

También defendieron la existencia de genocidio porque los militares eliminaron parcialmente un grupo nacional, el pueblo argentino, y esos delitos se cometieron porque había que eliminar a los enemigos de la civilización occidental y cristiana. Acusaron al fiscal de mala fe al interpretar la ley, y dijeron que los militares tuvieron el propósito manifiesto de eliminación fría y sistemática de un inmenso grupo humano. Slepoy pidió que la decisión de la sala fuera unánime, por tratarse de una decisión histórica "que se diga que un genocidio es un genocidio y que la justicia española está obligada a perseguir ese tipo de delito".

Respecto al caso de Chile, el fiscal Ignacio Peláez afirmó que el fiscal no es el mejor abogado de Pinochet, como sugieren algunos, sino que defiende la legalidad y el ordenamiento y nunca ha amparado esos crímenes. Además de los argumentos utilizados por Rubira, destacó que España no tiene jurisdicción porque en Chile ya hay 15 militares que cumplen condena, tras haber sido juzgados.

El abogado Joan Garcés replicó a Peláez señalando que sólo nueve casos de 4.000 han sido juzgados en Chile y se sorprendió del cambio de actitud del fiscal, pues, dijo, cuando él presentó la querella que dio origen a esta causa, fue admitida con el informe favorable del fiscal.

Aunque la vista tuvo un fondo eminentemente jurídico, estuvo cargada de emoción. Se produjeron aplausos tras la intervención de algunos letrados, mientras en la calle grupos de personas, con pancartas y fotos reclamaban justicia.