El secretario municipal desautoriza a Barberá al decir que una subasta "no puede tener cláusulas"

"Una subasta no puede tener cláusulas ni condiciones". Así de claro lo dijo anoche el secretario general del Ayuntamiento de Valencia, Vicent Miquel, a quien la oposición requirió un pronunciamiento sobre la legalidad de la subasta convocada para enajenar una parcela junto al Palacio de Congresos. La oposición cree que el proceso está "amañado" y que el PP quiere adjudicar el solar a "sus amigos". Fue el colofón de un largo pleno, en el que la modificación de créditos aprobada esta semana por el gobierno municipal de Valencia, del PP, y la adjudicación "a dedo" de diversas obras a la empresa que tiene la contrata de limpieza y conservación del alcantarillado fueron los principales blancos de la crítica de los grupos de la oposición.

El pronunciamiento del secretario municipal no impidió que la mayoría de gobierno rechazara la solicitud de la oposición de revocar y dejar sin efecto el acuerdo plenario por el que se aprobó encargar a la empresa AUMSA la enajenación de la golosa parcela situada junto al nuevo palacio diseñado por Norman Foster. El PP cree que el secretario no le desautorizó. "Yo entiendo que lo que ha dicho es que una subasta no puede tener cláusulas contrarias a ella misma", dijo el delegado de Hacienda, Alfonso Grau. Pero la oposición había entendido otra cosa y recurrirá a los tribunales, tal como anunciaron ayer sus portavoces. Una oposición que utilizó términos muy claros -"cartas marcadas", "expolio", "fraude de ley", "prevaricación", "desviación de poder"- a la hora de calificar el proceso elegido por el PP para enajenar el solar. "Estos son calificativos de grueso calibre que estamos dispuestos a mantener en donde haga falta, incluso ante los tribunales", dijo el portavoz de EU, Feliciano Albaladejo. Pero Grau replicó que tiene la "seguridad absoluta de estar en la legalidad". El pleno extraordinario convocado a petición de la oposición para revocar la venta del polémico solar fue el colofón de una larga jornada en la que ya se habían escuchado palabras como "estafa", "cambalache", "frustración" y "electoralismo" con motivo de la tercera modificación de créditos -en esta ocasión por un montante superior a los 4.000 millones de pesetas- propuesta por el gobierno en el presente ejercicio presupuestario. La oposición acusó al PP de incumplir sus compromisos y de utilizar la modificación de créditos como un arma electoral y un sistema para modificar los presupuestos a su conveniencia. El concejal socialista Miguel Mazón dijo que la propuesta que el PP llevaba al pleno ponía de manifiesto la "pésima" gestión del equipo que dirige Rita Barberá y afirmó que los presupuestos de este año son "los que más han endeudado" al Consistorio y los "peor ejecutados" desde que la derecha accedió a la alcaldía. Grau recordó que cuando el PSPV ocupaba la alcaldía se hacían más modificaciones de crédito, pero los socialistas no entraron al trapo y se mantuvieron en sus trece: en sus intervenciones, Mazón echó en cara al PP que "una cosa es lo que dice y otra lo que hace" y acusó a los populares de confeccionar una "bolsa" de 600 millones de pesetas "que han sacado por oportunismo" y que está destinada a "contentar a aquellos sectores que más presionen". "Cambalache" "Con este cambalache de pasar bajas concretas a altas genéricas, lo que están demostrando es que son ustedes unos malos gestores", manifestó el edil Manuel Moret, de Nova Esquerra. "Las modificaciones de crédito", agregó, "frustran las expectativas que ustedes mismos provocaron al aprobar los presupuestos". El trasvase de fondos para el apartado de "autobombo" de la alcaldesa y el aumento de las partidas del III Milenio y de la oficina de Valencia Convention Bureau fueron objeto de especial crítica por la oposición. En el primer caso, Grau contestó que el incremento se debe a que con el Palacio de Congresos ha aumentado en turismo y, con él, las necesidades de agasajo del Ayuntamiento a congresistas y visitantes. La oposición le contestó que el año pasado también aumentó esta partida, y que entonces no existía la excusa del edificio de Foster. Respecto al dinero para el III Milenio, la oposición retó al equipo de gobierno a que explicara qué actividades lleva a cabo que justifiquen incrementar su presupuesto hasta acercarse a los 500 millones de pesetas. Algo parecido sucedió con el Convention Bureau, que ha dispuesto de 160 millones que "nadie sabe en qué se están gastando", según el edil Társilo Piles, de Unión Valenciana. Los temas económicos tuvieron su colofón al abordar la ejecución del presupuesto, donde destacan el bajo nivel de cumplimiento de las inversiones y que de los casi 2.000 millones de pesetas consignados para este ejercicio en concepto de transferencias corrientes de la Generalitat, el Ayuntamiento sólo ha ingresado 77. Algo "patético" e "intolerable", según la oposición. Albaladejo puso el dedo en la llaga: "Con lo que ustedes criticaron en anteriores mandatos a la Generalitat, cuando estaba en manos de los socialistas, porque no transfería dinero", dijo, "y ahora estamos aún peor, y eso que son amigos", en referencia al Consell del PP. Los proyectos encargados "a dedo" a la empresa Necso, adjudicataria de la contrata de limpieza y conservación del alcantarillado, generaron un agrio debate. La oposición pidió la retirada de los tres puntos que hacían refencia al tema y que los proyectos fueran adjudicados por concurso, e incluso forzó la intervención del secretario y del interventor. Éstos avalaron la legalidad del procedimiento, lo que la oposición puso en duda respecto a uno de los proyectos adjudicados a Necso: el de saneamiento integral del barrio de Exposición, que fue aprobado en comisión de gobierno, cuando una obra plurianual ha de pasar por el pleno. La oposición calificó de "ilegal" la adjudicación y el hecho de que las obras se hayan iniciado sin esperar a la aprobación por el pleno. "Ahora nos traen esta propuesta porque quieren convalidar una ilegalidad", espetó Albaladejo. El delegado del área, Silvestre Senent, argumentó que se optó por este procedimiento por la "urgencia", que la oposición consideró no justificada.