El titular de Industria de Canarias adjudicó el gas a una empresa de la que fue consejero

Hay viajes a la imparcialidad que sólo duran dos meses y medio. El día 13 de junio de 1998, Alfredo Vigara Murillo, militante del PP y a la sazón director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, renunció por escrito a participar en el proceso de adjudicación del gas natural en cinco municipios del archipiélago. Alegaba Vigara que su pertenencia al consejo de administración de Unelco -una de las empresas que aspiraban al proyecto- podía dar lugar a sospechas y futuras impugnaciones. El 2 de septiembre, Alfredo Vigara, ya nombrado consejero de Industria, firmó de su puño y letra la adjudicación de los trabajos a Gasificadora Regional Canaria, en cuyo capital social participa, precisamente, Unelco.

Falta un nombre, sin el que no se puede entender esta historia: Francisco de la Barreda Pérez. Fue a él a quien Vigara anunció el 13 de junio pasado -primer documento de esta página- su renuncia a participar en el proceso de adjudicación del gas natural.Y es él quien hoy -una vez expulsado de la dirección del PP de Tenerife y puesto en entredicho por su propio partido- tiene previsto denunciar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción.

La pregunta es: ¿se puede ser parcial el 13 de junio e imparcial el 2 de septiembre? Según De la Barreda, es un caso claro de corrupción.

Según el presidente del Partido Popular de Canarias, José Miguel Bravo de Laguna, todo está claro como el agua clara.

Sin comentarios

Ni corrupción ni nada. El actor principal -Alfredo Vigara- declinó ayer a través de su jefa de prensa realizar cualquier tipo de comentario a este periódico. Lo hará dentro de unos días, y a petición propia, en el Parlamento de Canarias.

Éstos son los hechos y las fechas. El 13 de junio, siendo Francisco de la Barreda consejero de Industria de Canarias, recibe una carta de su director general, Alfredo Vigara, en la que le hace saber: "Dada mi condición actual de miembro del Consejo de Administración de Unelco S. A., empresa participante en el capital social de Gasificadora Regional Canaria

[una de las tres compañías que optaban al proyecto], y en evitación

[sic] de que pudiera cuestionarse en el futuro cualquier decisión (...) ruego se me acepte mi renuncia a intervenir en los trabajos (...)".

Más abajo, y después de designar un sustituto, Alfredo Vigara reseña que, dada la importancia del proyecto, quiere evitar "en un futuro impugnaciones sobre el proceso que pudieran cuestionar el comportamiento de la consejería, que no debe verse sometida bajo ningún concepto a sospechas de transgresión de la imparcialidad".

Aparte de la redacción, un tanto complicada, las intenciones de Vigara quedaban claras. Hay que ser honrado y parecerlo.

Pero aquel verano se volvió complicado. Unos días después de escribir la citada carta, Vigara fue ascendido a consejero de Industria del Gobierno canario, después de que Francisco de la Barreda optase por seguir su carrera política en Madrid y ocupar el escaño del Congreso de los Diputados que había sido dejado vacante por Miguel Cabrera.

El asunto es que, a la vuelta de las vacaciones, Alfredo Vigara firmó cinco órdenes por las que otorgaba a Gasificadora Regional Canaria la concesión administrativa para la distribución y suministro del gas natural en cinco municipios canarios: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana.

Un plan de 50.000 millones

Un plan que, según De la Barreda, lleva aparejada la inversión por parte del Gobierno canario de más de 50.000 millones de pesetas (unos 300 millones de euros).

Además de Unelco -del grupo Endesa-, en Gasificadora Regional Canaria participan las dos cajas de ahorros de las islas y capital privado. Las otras dos empresas que optaban a la concesión del gas natural son Desarrollos Energéticos Canarios y Distribuidora Industrial (DISA), que tiene impugnado el proceso.

En defensa de Alfredo Vigara -que hasta el momento ha permanecido callado- sale José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Partido Popular de Canarias. "El consejero Vigara", dice Bravo de Laguna, "ya no pertenecía al consejo de administración de Unelco cuando firmó la adjudicación al proyecto. Y además hay dos cosas que conviene tener en cuenta: Alfredo Vigara era consejero en representación del Gobierno de Canarias y no a título particular".

De otro lado, añade Bravo de Laguna, "el consejero Alfredo Vigara no hizo otra cosa que aceptar la selección realizada por los técnicos". "¿Y si él era consejero?", se pregunta finalmente, "¿a quién le iba a decir que firmara, al portero de la esquina?".