El PP cambia a sus candidatos municipales de Albacete y Granada implicados en escándalos
El PP anunció hace más de un mes, en plena campaña de acoso a sus alcaldes y ediles, que miraría con lupa sus candidaturas municipales, autonómicas y europeas para no dejar pasar listas que puedan resultar polémicas. Las de Albacete y Granada no superaron totalmente ayer la prueba ante el Comité Electoral Nacional, que cambió dos nombres en las listas de las estas capitales. Además, todas las listas canarias, no sólo las de Tenerife, fueron pospuestas. En Zamora, otro feudo del PP envuelto en acusaciones de corrupción, se ha renovado drásticamente la autonómica.
En Albacete fue el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Agustín Fernández, el que se adelantó al remitir él mismo una carta a la dirección nacional justificando su renuncia a repetir en las "acusaciones infundadas" contra él: una denuncia de Comisiones Obreras (CC OO) por haber beneficiado con contratos al despacho de abogados de un amigo y por haberse enriquecido. El aspirante a edil de Granada que ayer rechazó el comité electoral iba en el puesto 11 de la lista y está imputado en un proceso penal por fraude al PER. El crucigrama más complejo no fue siquiera abordado. Veintiocho candidaturas autonómicas fueron ratificadas sin una sola mácula. Pero, en cambio, toda Canarias quedó al margen de una solución. No sólo Tenerife. El PP se concede el plazo de casi dos semanas para estudiar la situación del partido en el archipiélago.
El alcaldable de Santa Cruz de Tenerife, nominado e incurso también en un problema judicial por una actuación urbanística, y los aspirantes autonómicos de esa misma isla han quedado en suspenso ante el clima de sospecha generalizada en el que vive la organización en esa provincia canaria. Pero la dirección del PP tampoco estudió ayer las propuestas para las otras islas.
Las demás carteles salieron adelante como estaba previsto, sin más problemas que los ya citados de Albacete y Granada. En total, se dio el visto bueno a 32 de las 50 de capitales de provincia. Y se dejaron también resueltas las autonómicas de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Madrid y Ceuta y Melilla.
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