La oposición considera que hay pruebas de que Industria cometió irregularidades con las ayudas

El PSOE e IU coinciden. Las comparecencias ante la subcomisión del Congreso que analiza la política de subvenciones del Ministerio de Industria han probado la existencia de irregularidades. El diputado socialista Álvaro Cuesta considera que existen incluso "indicios de prevaricación" y no descarta trasladar varios de los casos analizados a la Fiscalía Anticorrupción. En la misma línea, el diputado de IU, Mariano Santiso, cree que el Gobierno está asustado por lo revelado ante los diputados por empresarios y técnicos del propio departamento de Industria. Cuatro casos (Uría Motor, Castileón 2000, Hullera Vasco Leonesa y Palacio de Canedo SL) han puesto contra las cuerdas la estrategia de defensa del PP.

Tras 10 semanas de trabajos, la subcomisión parlamentaria encara su recta final. Pero no sin polémica. La oposición, PSOE e IU, que vieron cómo el PP y sus aliados parlamentarios rebajaban a una mera "subcomisión de análisis" su pretensión inicial de crear una comisión investigadora, creen que ha quedado probada la existencia de irregularidades.Las comparecencias del responsable de Uría Motor, el ex consejero de Castilla-León condenado por prevaricación Miguel Pérez Villar; de los responsables de Castileón 2000, empresa dedicada a la cría de cerdos, subvencionada con 900 millones por Industria; del director de la Oficina de Compensación (OFICO) del Ministerio de Industria, Francisco Laguna; y de los técnicos de la consultora que evalúa proyectos para Industria, GPI, han sido claves para demostrar la existencia de supuestas irregularidades en la concesión de las ayudas.

A la vista de los resultados, y de la pretensión del PP y de CiU de cerrar la subcomisión cuanto antes, el PSOE no descarta trasladar algunos de los casos a la Fiscalía Anticorrupción. Los populares consideran, por el contrario, que las comparecencias han demostrado la absoluta legalidad de todas las subvenciones aprobadas por el departamento que dirige Josep Piqué.

Desde el inicio de los trabajos todo apuntaba a que la subcomisión acabaría aceptando la tesis que ya expuso en marzo pasado el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto: existen lagunas normativas en relación a las subvenciones que pueden constituir "un estímulo a la negligencia".

Dudas de CiU

Pero tres comparecencias han dado la vuelta a la situación. La de los responsables de la empresa Castileón 2000 hizo dudar incluso a los diputados de CiU. Sencillamente, la documentación aportada a la subcomisión demostraba que Industria comunicó a la empresa dedicada a la cría de cerdos la concesión de una subvención de 900 millones -pese a la prohibición comunitaria- el 11 de diciembre de 1998, cuando supuestamente, el día 17 del mismo mes el departamento que dirige Josep Piqué había instado a la empresa a modificar el proyecto inicial. Un simple error, según el PP, y un claro ejemplo de manipulación, según la oposición.

Además, la comparecencia del ex consejero de Castilla y León Miguel Pérez Villar por los 45 millones de subvención recibidos por su empresa, Uría Motor, tampoco fue favorable para los intereses del PP. El que fuera mano derecha de José María Aznar cuando el actual jefe del Ejecutivo presidía la Junta de Castilla y León reconoció, en contra de la tesis mantenida por Industria, que la subvención se había concedido al proyecto global y no sólo para la parte industrial del mismo (un taller de reparación de vehículos).

Más sabrosa aún fue la comparecencia de Francisco Laguna, responsable de OFICO (departamento del propio Ministerio de Industria). Además de reconocer que en los últimos dos años se han detectado irregularidades en 16 empresas mineras subvencionadas, Laguna admitió que OFICO elaboró un informe sobre un supuesto fraude en la empresa Hullera Vasco Leonesa que remitió a la directora general de Minas, Paloma Sendín de Cáceres. Industria, como posteriormente ratificó el consejero delegado de Hullera, Antonio del Valle, no actuó.

Tampoco agradó al PP la comparecencia de los técnicos de GPI. En el transcurso de la misma, el PSOE exhibió documentos, cuya autenticidad fue admitida por los responsables de la consultora, en los que se describía cómo GPI rechazó en 1997 una petición de subvención de la empresa Palacio de Canedo SL., propiedad del actual candidato por el PP a la alcaldía de Cacabelos (León), José Luis Prada. Pese al rechazo, la directora de Minas autorizó una ayuda de seis millones al proyecto, consistente en la ampliación de un restaurante.

Posteriormente, ya en abril de este año y con la subcomisión en plena actividad, la directora de Minas volvió a solicitar a los técnicos de GPI una valoración del proyecto. La respuesta fue la misma, con los criterios legales en vigor el proyecto, calificado ahora de "muy interesante" no era subvencionable. El PP defendió que los documentos probatorios no podían ser admitidos por la subcomisión parlamentaria, ya que no habían sido formalmente solicitados.

Los trabajos de la subcomisión, presidida por Salvador Sedó (CiU), comenzaron el 10 de marzo. Por ella han pasado los directivos de las empresas relacionadas con las ayudas más polémicas (Telecable Asturias, Endesa, Hullera Vasco Leonesa, Torcidos Ibéricos...) y altos cargos de Industria.

Las comparecencias dieron lugar a un debate entre el PSOE e IU por un lado y el PP por otro, acerca de la interpretación de las órdenes que regulan la concesión de las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras. Un debate intenso, pero estéril. La subcomisión, según fuentes de la oposición, se cerrará con votos particulares. El dictamen, que deberá ser elaborado en las próximas semanas, será debatido y aprobado por el Pleno del Congreso.