El TSJC verá si hubo prevaricación en el archivo del "caso Casinos"

VIENE DE LA PÁGINA 1 En el auto de sobreseimiento, dictado en junio de 1997, el juez Ramon Gomis, titular del juzgado número seis de los de instrucción, admitió que había habido financiación irregular de CDC, pero basándose en la entonces reciente sentencia del caso Filesa, sostuvo que la legislación no tipificaba esta práctica como delito. La querella presentada por Novoa sostiene que Gomis cometió un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos por no haber incorporado a los autos cinco escritos presentados por él, que según la querella fueron ocultados a las partes y al fiscal, y por no practicar diligencias solicitadas que hubieran llevado, según Novoa, a la investigación de presuntos delitos. La querella sostiene también que Gomis cometió presuntamente un delito de prevaricación porque de la documentación obrante en el procedimiento se puede deducir la existencia de otros posibles delitos que dejaron de ser perseguidos a consecuencia del archivo del caso, y que el sobreseimiento del caso es una resolución injusta dictada conscientemente. Novoa acusa a Gomis de haber actuado durante la instrucción del caso Casinos con una "falta consciente de diligencia, pasividad, retardos maliciosos y ocultación de datos". La particularidad del caso Casinos respecto a otros episodios de financiación ilegal de partidos políticos es que éste fue denunciado por uno de los protagonistas de la parte que aportaba los fondos, Jaime Sentís, y que luego, durante la instrucción, el mecanismo mediante el cual se instrumentaron los pagos fue detalladamente descrito por uno de los protagonistas de la otra parte, el propio Novoa, que recibió una parte de este dinero en su calidad de gerente de una empresa periodística controlada por Pujol que atravesaba serios problemas económicos. Presunto cohecho La argumentación de la querella expone que entre los supuestos delitos que dejaron de investigarse pudo haber el de cohecho. "Es de sentido común pensar", dice, "que si el donante es un concesionario de la Administración y el receptor el partido gobernante, los pagos pueden ser indicio de un cohecho". Pero esta argumentación elemental, continúa, "no fue observada por el juez querellado, ni para sostenerla ni para desvirtuarla, a pesar de conocerse públicamente que el monopolio del juego en Cataluña está prácticamente en manos del grupo Inverama, posterior denominación del grupo Casinos de Cataluña. El auto de admisión a trámite lleva fecha de 13 de septiembre y fue tomado por los magistrados Guillermo Vidal Andreu, Antoni Bruguera Manté y Núria Bassols Muntada, de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El auto nombra instructora a la magistrada Núria Bassols. Fuentes conocedoras de este tipo de procedimientos indican que es previsible que la instrucción no dure menos de cuatro o cinco meses.