El otro billón de las eléctricas

Las compañías eléctricas españolas cobrarán este año 1,15 pesetas por cada kilovatio-hora que produzcan en concepto de "garantía de potencia", o, lo que es lo mismo, por asegurar que sus instalaciones están siempre listas para cubrir la demanda, sea ésta cual sea. La cantidad, medida en pesetas y céntimos, parece nimia, pero en dos años (1998 y 1999) ha supuesto unos ingresos para el sector de 400.000 millones, el 10% de sus ingresos totales aproximadamente. El presente año 2000, los ingresos por este concepto rondarán los 185.000 millones.Según algunos expertos, lo cobrado y lo que queda por cobrar es excesivo. La cifra podría alcanzar los 800.000 millones hasta el año 2007. Además, la discusión surge cuando la Comisión Europea debate si es razonable que las empresas eléctricas españolas reciban 1,3 billones de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC), cantidad prometida ya por el Ministerio de Industria y Energía a las empresas del sector. Los pagos por "garantía de potencia" se revisarán en el año 2001.

Frente a las críticas, las compañías del sector, y la asociación que las agrupa, Unesa, aseguran que los cobros por el concepto denominado "garantía de potencia" son justos, necesarios y fundamentales para mantener el músculo del sector. "No se pueden equiparar la garantía de potencia a los CTC", afirma el directivo de Unesa Mariano Cabello, "porque la garantía de potencia no supone un coste adicional para el usuario y lo cobran todas las empresas, españolas o no, que generan electricidad en España".

Desde las empresas se resume la situación de forma simple: sin los pagos por garantía de potencia, la liberalización con rebaja de precios de la luz hubiera sido imposible. Advierten, además, que estos pagos son "una señal" que se envía al mercado para invertir en nuevas instalaciones y que en estos momentos, en determinadas zonas (Costa Brava, Levante), ya hay problemas para satisfacer la creciente demanda.

El recibo de la luz

La discusión de fondo es tan compleja como lo es para el consumidor medio desentrañar el recibo eléctrico. La denominada "garantía de potencia" es una forma, razonable según los especialistas, de incentivar y sostener las inversiones en equipamiento de las compañías, de forma que éstas puedan siempre atender la demanda de electricidad por mucho que ésta crezca.

El problema surge a la hora de concretar cuánto se debe pagar por ese concepto. Desde el año 1998, cuando se regularon los pagos por orden ministerial, la garantía de potencia se estableció en 1,30 pesetas por kilovatio-hora. Entonces existía una gran diferencia entre la capacidad instalada de las compañías (capaces de producir 45.000 megavatios) y la demanda (28.000 megavatios). Había sobrecapacidad para producir. Pese a todo, se decidió pagar 1,30 pesetas por kilovatio-hora vendido a los consumidores finales.

En la actualidad, la brecha entre capacidad instalada, que no ha variado, y la demanda, que ha crecido hasta los 33.000 megavatios, se ha estrechado. La lógica lleva a pensar que ahora, con la demanda en aumento, se debería pagar más en concepto de "garantía de potencia" para incentivar las inversiones en nuevo equipamiento.

Pero sucede al revés, ahora se pagan 1,15 pesetas por kilovatio-hora. En opinión de los especialistas consultados, tanto las 1,30 pesetas que se pagaron a las empresas en 1998 y 1999 como las 1,15 pesetas que se pagan actualmente no están justificadas. Con cálculos efectuados sobre la cifra de potencia instalada, puntas de demanda y variabilidad hidráulica, los más críticos con la política que lleva a cabo el Ministerio de Industria aseguran que el cargo que se aplica a los consumidores debería ser de 0,80 pesetas por kilovatio-hora consumido y no de 1,30 pesetas o 1,15 pesetas como viene sucediendo desde 1998.

Las compañías eléctricas esgrimen a favor de no variar en exceso el esquema de retribuciones, entre otros argumentos, que ahora, la energía es más cara de producir. Y ello, porque ha llovido poco, porque el precio del crudo se ha elevado espectacularmente y porque hay presión por parte de la demanda.

Costes de transición

En contra de esta afirmación hay también un argumento de peso. En el año 1997, cuando se diseñaron los costes de transición a la competencia (CTC), se estipuló que si el precio por kilovatio-hora producido y puesto en el mercado sobrepasaba las seis pesetas, el exceso se descontaría de la cantidad anual a cobrar por las empresas en concepto de ayudas. Tras el pacto alcanzado por el sector con el Ministerio de Industria, en septiembre del año 1998, cuando se introdujo el 4,5% de recargo en el recibo de todos para satisfacer los CTC, las eléctricas no tienen ya ningún motivo para vigilar la evolución de los precios. De hecho, el precio por kilovatio-hora producido ha aumentado un 40% en los últimos meses, según datos de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

A la polémica sobre esta nueva inyección de dinero se añaden otros hechos significativos. Los pagos en concepto de garantía de potencia no son iguales para todo el mundo ya que los clientes cualificados -los que más consumen- pagan 0,30 pesetas por este concepto, mientras que el resto de usuarios pagan la diferencia hasta llegar a la media de 1,15 pesetas por kilovatio-hora.

A todo ello se añade, según los críticos, que la medida desincentiva la competencia en el sector y el mercado porque las empresas que venden electricidad obtienen los pagos por "garantía" de forma segura, mientras que si negocian contratos bilaterales con los consumidores, no tienen ninguna garantía de cobrar la misma cantidad.