Los abogados de oficio han atendido a 700 extranjeros en Barcelona desde febrero

Violencia doméstica

El turno de oficio del Colegio de Abogados de Barcelona ha atendido desde la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, el pasado 1 de febrero, a un total de 691 inmigrantes. En la mayoría de los casos (437) eran extranjeros que no pudieron entrar en el aeropuerto de El Prat por decisión de la policía, y los restantes 253, inmigrantes que se encontraban en situación ilegal.Prácticamente todos los de este último grupo son magrebíes o inmigrantes de otros países de Africa que se encuentran desde hace tiempo en España y a los que en los últimos meses se les ha notificado la orden de expulsión. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, esa decisión la podía adoptar de manera unilateral la Administración y era muy difícil paralizarla. De ahí que el Colegio de Abogados de Barcelona atendiera el año pasado más de 2.500 casos, 10 veces más de los que se han planteado en lo que va de año. Actualmente, además, puede recurrirse contra la decisión judicial de expulsión y mientras tanto se paraliza el proceso.

Un caso diferente es el de los extranjeros que no pudieron entrar en Barcelona por el aeropuerto. La mayoría son colombianos, ecuatorianos o brasileños a los que la policía devolvió a su país. "Muchas veces por motivos absurdos e injustificados", asegura Miquel Puiggalí, coordinador de la comisión del turno de oficio del Colegio de Abogados de Barcelona. Por el contrario, en lo que va de año sólo se ha denegado la entrada a un extranjero que llegó al puerto de Barcelona como polizón.

Las cifras del Colegio de Abogados de Barcelona indican también que desde el pasado enero y hasta el 19 de julio fueron designados otros 185 abogados de oficio para atender a mujeres víctimas de malos tratos. En la mayoría de los casos (116), fueron las propias mujeres quienes acudieron a solicitar un abogado, aunque en 71 ocasiones se descubrió que detrás de un proceso judicial se escondía un caso de maltrato físico.El decano Jaume Alonso-Cuevilla recordó ayer que el colegio de Barcelona fue el primero de España en poner en marcha este turno de oficio específico. Sin embargo, lamentó las "retribuciones indignas" que actualmente reciben estos letrados. El ejemplo más ilustrativo que ofreció es que en un caso de separación matrimonial en el que se dicten medidas cautelares, el trabajo realizado por el abogado, una vez descontados los gastos, le puede salir a menos de 500 pesetas la hora, una cifra inferior al salario mínimo interprofesional de los empleados de la limpieza.

Alonso-Cuevillas advirtió de que la partida del Departamento de Justicia para este año puede acabarse en el mes de octubre y destacó que, a diferencia de lo que ocurrió en otros presupuestos, se trata de un crédito que no es ampliable. Por ello, el decano de los abogados de Barcelona no descartó que tras el verano se puedan adoptar medidas de presión, ya que actualmente un abogado del turno de oficio cobra el 27% de las tarifas que el propio colegio recomienda.

La consejera de Justicia, Núria de Gispert, rebatió estas críticas y anunció que la partida presupuestaria se prorrogará si es necesario y que los abogados de oficio no pueden reclamar retribuciones tan elevadas.