Los sindicatos de RTVE temen que el trasvase a la SEPI conlleve la privatización de La Primera

Centros territoriales

El comité general intercentros de RTVE, que representa a los 9.500 trabajadores del ente público, rechaza de forma "radical" la posible incorporación de la empresa audiovisual a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Los dirigentes sindicales creen que detrás de esta operación se esconde "un oscuro plan para privatizar el primer canal de Televisión Española".El traspaso de la radio y la televisión estatal a la SEPI es una de las fórmulas que actualmente baraja el Gobierno para enjugar el gigantesco endeudamiento de RTVE, que el próximo año rondará los 800.000 millones de pesetas. A finales de 2000, la deuda acumulada rebasará ligeramente los 660.000 millones de pesetas. Durante el año siguiente engordará en 133.700 millones, según el anteproyecto de presupuesto aprobado la semana pasada por el Consejo de Administración.

Como en ejercicios anteriores, la aportación del Estado para 2001 será únicamente simbólica (11.043 millones de pesetas). El director general de RTVE, Javier González Ferrari, había solicitado una subvención de 120.000 millones, según los datos aportados ayer por los representantes sindicales. El Ejecutivo estudia adscribir el ente público a la SEPI a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado que se aprobará el próximo 6 de octubre.

"Cuando la SEPI entra en una empresa, no piensa en reflotarla, sino en desembarazarse de ella", comentó Marcel Camacho, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras en el ente público. Considera que el trasvase a la SEPI forma parte de un plan "fantasma", ya que "nadie ha presentado ningún proyecto concreto". Recalcó que ese organismo está diseñado para reflotar industrias tradicionales, pero no para sanear las cuentas de un medio de comunicación.

Camacho presentó, junto a los representantes de UGT, Francisco Andújar, y de APLI, Rosa Campanero, el plan de acciones y movilizaciones para "la defensa" de la radio y la televisión estatales, y reclamó un gran consenso parlamentario para definir un nuevo modelo de financiación y paliar la crítica situación económica.

El portavoz de UGT, Francisco Andújar, aseguró que durante las reuniones que los representantes de los trabajadores mantuvieron la legislatura pasada con los grupos políticos, el Partido Popular -"que habló en nombre del Gobierno"- se manifestó a favor de una televisión pública fuerte y con la actual dimensión.

Camacho advirtió que una de las alternativas para reducir el tamaño del ente pasa por el cierre de los centros territoriales. "No estamos dispuestos a aceptar la privatización ni la reducción del ente. Pedimos que el Gobierno asuma la deuda y que RTVE siga siendo un servicio público", resumió Rosa Campanero. El calendario de movilizaciones se diseñará en los próximos días. Como paso previo, los dirigentes sindicales celebrarán reuniones con los representantes de los grupos políticos para conocer sus respectivas posturas en relación con el futuro de RTVE.