El Ivex recurre el archivo del caso contra Tabares porque lesiona sus intereses

El juez Ríos señaló que con la querella contra Tabares y Lagier, el consejo de administración del Ivex "no ha asumido la menor responsabilidad respecto a sus propias acciones y omisiones desde, prácticamente, el inicio de las operaciones Ivex-Ford". En su defensa, el instituto subraya que, a pesar de las constantes referencias a la renegociación del contrato con Ford en varios consejos de administración -de 1997 y 1998-, "el señor Tabares nunca lo sometió a la aprobación del órgano de gobierno, ni tan siquiera lo exhibió al consejo, y buena prueba de ello es que no existe ningún acta que lo recoja".Según el recurso, lo que el ex directivo planteó en sucesivos consejos es que estaba renegociando el acuerdo con la multinacional por otros tres años y que el Ivex se desvinculaba de las operaciones comerciales entre empresas propiedad de Jean Luc Lagier, que sirvieron para que Ford España obtuviera derechos de compensación para exportar sus vehículos a Túnez.

"Lo que planteó al consejo el señor Tabares es que los derechos y obligaciones del nuevo contrato serían transferidos a Lagier España, pero de lo que jamás informó es de que al final no había cedido el contrato con Ford", continúa. El Ivex reconoce, no obstante, que el polémico contrato, desconocido por el consejo, se hallaba en el departamento de Administración de la compañía, por eso se aportó al juzgado cuando se presentó la querella.

La sociedad se zafa también de la posible negligencia que, en opinión del juez, cometió el consejo al ignorar los informes de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, donde se advertía del riesgo de estas operaciones comerciales. "No entendemos cómo el instructor ha dado tanta relevancia" al desconocimiento por parte del consejo de los informes de la Sindicatura, "y, sin embargo, no se han realizado las investigaciones que solicitaba esta parte [el Ivex] sobre el paradero del dinero que obtuvo el señor Lagier gracias a las letras de cambio avaladas por el señor Tabares", prosigue el texto. De todo ello, los abogados del organismo público deducen que existe la más absoluta indefensión.

Niegan, por otro lado, que la querella se presentase con el ánimo de evitar que varios bancos ejecutasen las letras de cambio avaladas por el Ivex. "La querella no se interpuso para paralizar los procedimientos civiles sino para que se esclareciese lo ocurrido", alegan los abogados. Es más, el recurso responsabiliza a Tabares de temeridad por avalar a una empresa de Lagier, Graficom, que no estaba participada por la Generalitat cuando la ley de Hacienda Pública lo prohíbe expresamente.

En opinión de los representantes legales del Ivex "ni los hechos son como los ha narrado el instructor, ni de los hechos acaecidos pueden sacarse las conclusiones del auto". La empresa pública repite que Tabares se valió de su cargo y, a espaldas del consejo, avaló unas letras, que no se pagaron a su vencimiento, y que beneficiaron a Jean Luc Lagier y son las causantes del gran quebranto económico para la sociedad.

La presentación del recurso de apelación contra el auto de archivo del caso Ivex hace prever un nuevo aplazamiento en la constitución de la comisión de investigación sobre la gestión en la sociedad pública que demandan desde que estalló el caso, en octubre de 1999, todos los partidos de la oposición en las Cortes Valencianas.Éstos se reafirmaron en su solicitud nada más conocerse el auto del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia y el próximo martes está prevista la reunión de la Junta de Portavoces, en la que parlamentarios del PSPV-PSOE y EU han anunciado que reclamarán con urgencia la constitución de este órgano de investigación. También exigirán la comparecencia del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para que ofrezca explicaciones del caso tras el archivo de la querella presentada por el Ivex contra José María Tabares y el empresario Jean Luc Lagier.

El caso Ivex ha sumido a la sociedad pública en una crisis económica que la Generalitat ha intentado paliar con una inyección económica de 850 millones de pesetas, aprobada el pasado mes de agosto. Según el recurso presentado por el instituto, hasta la fecha cuatro bancos han requerido al Ivex el pago de varios efectos comerciales por cerca de 400 millones de pesetas. Se trata del Fortis Bank, BSCH, BBV y Krediet Bank.