Los militares chilenos presionan al Ejecutivo para conseguir un gesto en favor de Pinochet

La orden de detención y procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, emitida el viernes por el juez Juan Guzmán, ha colocado en una situación incómoda al jefe del Ejército, el general Ricardo Izurieta, que en las últimas horas ha presionado con fuerza al Gobierno para que haga un gesto que denote preocupación por el encausado. La negativa del Ejecutivo, a través del ministro del Interior y presidente en funciones, José Miguel Insulza, ha sido tajante. El Ejecutivo estima que el procesamiento de Pinochet como presunto autor intelectual de 57 homicidios y 19 secuestros se ajusta a derecho.

Proceso por asesinato

El Gobierno tampoco considera oportuna la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que reclaman los uniformados. Los jefes militares decidieron el mismo viernes pedir al Gobierno una reunión extraordinaria de ese organismo, que formalmente convoca el presidente de la República, pero Ricardo Lagos se encuentra en México en visita oficial. Después de varias deliberaciones entre los generales y de dos visitas del jefe del Ejército al palacio presidencial de La Moneda en un mismo día, algo totalmente inusual, el alto mando decidió esperar el regreso a Chile del jefe del Estado para tomar una decisión definitiva.El Consejo de Seguridad Nacional, creado por la Constitución de 1980, es uno de los residuos de la dictadura de Pinochet. Lo integran el presidente de la República, los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, los presidentes del Senado y de la Corte Suprema y el Contralor General de la República (equivalente a fiscal general). Pueden asistir a las reuniones, sólo con derecho a voz, los ministros del Interior, Defensa, Asuntos Exteriores y Economía. Es el único organismo en el que el poder militar se sienta de igual a igual junto al poder civil, ya que el voto de un general vale lo mismo que el del presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En la práctica, es la puerta que la Constitución deja abierta para que los militares expresen su malestar.

Desde que Chile tiene un presidente socialista, hace ocho meses, el Cosena no ha celebrado ninguna reunión. En el anterior Gobierno de la Concertación, el democratacristiano Eduardo Frei convocó el consejo en tres ocasiones por el caso Pinochet, siempre a petición de los militares. Pero los generales pueden convocarlo por su cuenta, sólo con que dos de ellos se pongan de acuerdo para hacerlo. En los diez años de transición desde el fin de la dictadura no se ha dado el caso. Si los militares decidieran llamar unilateralmente al Cosena, pagarían un alto precio al transmitir al mundo la imagen de que las Fuerzas Armadas presionan al Gobierno y a la justicia para defender a Pinochet. Chile aparecería nuevamente polarizado, como en los días de máxima tensión durante la detención de Pinochet en Londres, y esta vez por culpa de la actitud unilateral de los militares. Además, el clima de reconciliación que tratan de propiciar el Gobierno, la Iglesia y desde el mismo Ejército, quedaría seriamente dañado.

El general Izurieta afronta un dilema: cómo adoptar una postura de firmeza ante sus hombres, demostrando que no se queda de brazos cruzados sin arruinar los pasos dados para resolver el problema pendiente de las violaciones de derechos humanos. El jefe del Ejército visitó en las últimas semanas los cuarteles para transmitir tranquilidad a sus hombres tras el procesamiento del general Hernán Ramírez Hald, que acabó siendo pasado a retiro antes de tiempo. Izurieta explicó la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos: todo oficial que sea procesado pasará automáticamente a retiro para evitar el deshonor de la institución.

Hernán Ramírez, jefe del Comando de Industria Militar e Ingeniería, ha sido el primer general en activo procesado desde que Chile vive en democracia. El juez Sergio Muñoz ha declarado probada la complicidad del militar, antiguo jefe del departamento primero del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, en el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez en febrero de 1982. Varios miembros de la policía política de la dictadura y del aparato de inteligencia confesaron su participación en el crimen, por el que están procesadas 17 personas, en su mayoría militares.En este contexto, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones decidirá en los próximos días si acoge el recurso de amparo presentado por la defensa de Pinochet. Carmen Hertz, una de las abogadas querellantes y viuda de una de las víctimas de la Caravana de la Muerte por la que ha sido procesado el ex dictador, recordaba ayer que desde el desafuero de Pinochet, aprobado por la Corte Suprema el pasado 8 de agosto, la defensa no ha aportado una sola prueba contundente para exonerar al inculpado. "Han pasado cuatro meses. Cualquier otro parlamentario, después de los fallos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, habría sido procesado al día siguiente", aseguró.