RWE renuncia a la compra de Cantábrico y retira la OPA que lanzó en febrero
Cajastur y Villar Mir se disputarán el control
La compañía eléctrica alemana RWE comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha decidido retirar la oferta de compra que presentó el pasado 6 de febrero sobre Hidrocantábrico y que ascendía a 26 euros por cada acción de la compañía asturiana.
La decisión de RWE, cuya oferta -asesorada por el banco de negocios Lazard- contaba con apoyos en la dirección de la eléctrica española, deja el campo libre a la OPA del grupo Villar Mir (Ferroatlántica) y de la alemana EnBW, que han ofrecido 27,3 euros por cada título de Hidrocantábrico, superando en un 5% la OPA de RWE y mejorando la primera oferta que habían presentado (19 euros por acción). La oferta de Ferroatlántica-EnBW, informa Javier Cuartas, fue calificada el miércoles de 'satisfactoria' por el consejo de administración de Hidrocantábrico, cuya valoración se eleva a 513.826 millones de pesetas, el doble que hace tan sólo un año.
Tras la retirada de RWE, se mantienen dos ofertas por Hidrocantábrico: la del grupo Villar Mir-EnBW y la que defienden Cajastur y la eléctrica portuguesa EDP. Esta última oferta, de 24 euros por título, cuenta con el apoyo del 35% del capital después de que la compañía Texas Utilities (TXU) vendiera su paquete a la caja asturiana y a la eléctrica portuguesa.
Los grupos accionariales Masaveu, Carceller, Alvargonzález y Cosmen, que suman el 10% de Hidrocantábrico, venderán sus acciones a Ferroatlántica. Otro accionista, la eléctrica belga Electrabel, que controla otro 10%, todavía no se ha pronunciado sobre la opción que apoyará, aunque deberá hacerlo antes del lunes, cuando finalizan los plazos legales de la operación. Con tal panorama, la posibilidad de que las dos ofertas en liza negocien un acuerdo cobra cada día más fuerza.
Ley Eléctrica
Por otra parte, el Congreso rechazó ayer por 167 votos en contra (PP, CiU y PNV), 95 a favor y siete abstenciones el texto alternativo presentado por el PSOE para modificar la Ley Eléctrica de 1997. En dicho texto, se cuestionaba el cobro de costes de transición a la competencia (CTC) por parte de las compañías eléctricas. El Gobierno, a raíz del proyecto de fusión Endesa-Iberdrola, que no culminó, modificó el sistema de cobro de los CTC, pero no los eliminó.
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