Cae el higo cuando está maduro

Después de dar tumbos durante muchos años en el empeño por conseguir una escuela pública, popular y valenciana, hay que felicitarse por el anuncio oficial realizado por el consejero Tarancón de exigir el conocimiento del valenciano a quienes participen en las pruebas selectivas para el acceso a la docencia, a partir del curso 2001-2002. El cambio de posición del propio consejero, como portavoz del gobierno del PP, puede poner fin a una deficiencia crónica en la política lingüística seguida en el campo de la educación que dura ya 18 años, desde la aprobación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).

Más allá de las razones por las que Manuel Tarancón ha pasado, en cuestión de días, de calificar el obligado conocimiento del valenciano como anticonstitucional y discriminatorio, a considerarlo perfectamente posible y deseable, sin cambiar ni una coma del ordenamiento legal vigente, el Gobierno valenciano anuncia que procederá a partir del curso que viene a poner en marcha una medida largamente demandada por los sindicatos de la enseñanza, por la Federació Escola Valenciana, las asociaciones de padres y madres de alumnos, la Mesa per l'Ensenyament en Valencià y la totalidad de los partidos de la oposición. No cabe mayor unanimidad. El mérito de Eduardo Zaplana, que no es poco, es haber llegado por fin donde ya estaban todos los demás. La exigencia del requisito lingüístico en la enseñanza (¿en la privada también?) será, por tanto, un triunfo de los sectores sociales más comprometidos con la normalización del valenciano y la mejor prueba, si aún fuera necesaria, de que sus reivindicaciones y propuestas son justas y adecuadas para nuestra sociedad.

Esta misma obviedad, de la que se ha servido el presidente del gobierno para contestar eficazmente a la oposición haciendo, una vez más, de la necesidad una virtud, deberá extenderse, sin más problemas, al conjunto de la Administración valenciana para asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan dirigirse con satisfacción a cualquier oficina pública haciendo uso de la lengua propia, tal y como prevén el Estatut d'Autonomia y la LUEV, largamente burlados. Ahora que el Consell anuncia, per enésima vez, una recurrente reforma de la función pública, es el momento de introducir los cambios pertinentes en materia lingüística, con la seguridad de que será más fácil el consenso el día que se vote en las Cortes, si es que ello importa.

Vista la extraordinaria plasticidad que caracteriza el pensamiento político del consejero de Educación, no estará de más observar detenidamente que las actuaciones de la Administración preserven para el valenciano los criterios de calidad en su aprendizaje indispensables para el ejercicio de la docencia y que, en ningún caso, la extensión del conocimiento de la lengua suponga una devaluación de la necesaria formación anunciada. Así mismo, habrá que insistir, en coherencia con la exigencia del requisito lingüístico, que se eliminen los obstáculos administrativos al correcto funcionamiento del sistema educativo, sobre todo en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Hay que acabar de una vez con los motivos que justifican las quejas de las familias que eligen el valenciano como lengua de aprendizaje.

Libres del síndrome de Estocolmo, por acostumbrados a trabajar con la política y no para los políticos, no olvidamos que el nivel de valenciano que se exigirá a los futuros enseñantes puede ser suficiente, pero también lo contrario, dependiendo de una trayectoria formativa sometida todavía hoy a un amplio abanico de circunstancias, como la actitud personal, el tiempo que cada uno necesite, los medios y procedimientos, o el rigor de quien evalúe el aprendizaje de la lengua. Confiamos en el profesorado y sobre todo en la capacidad colectiva de conseguir, paulatinamente, lo que demanda la sociedad y el sentido común, mientras soportamos pacientemente, y con las necesarias dosis de optimismo, que lo que ayer era poco menos que un desvarío, hoy cae del árbol como un higo maduro.

Vicent Esteve es miembro del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià.