Anticorrupción acusa al fiscal del Estado de entorpecer su trabajo

El malestar generado en los últimos meses entre la Fiscalía Especial Anticorrupción -una institución creada en 1995 a instancias del último Gobierno de Felipe González y refrendada en el Congreso por unanimidad- y la Fiscalía General del Estado, que dirige Cardenal, fue trasmitido por el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, al representante del Ministerio de Justicia y a los expertos que el Consejo de Europa designó en 1998 para evaluar los mecanismos de persecución de la corrupción en los países miembros de la Unión Europea. Estos expertos visitaron España durante los años 1999 y 2000 y mantuvieron contactos con representantes de la Audiencia Nacional, el Tesoro Público, el Bando de España y la Fiscalía Anticorrupción.

Además de las entrevistas personales, estas cuatro instituciones elaboraron informes que remitieron al ministro de Justicia, Ángel Acebes, para que su representante, Valentín Dueñas, subdirector general de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional, los incorporara al borrador que hoy se debatirá en Estrasburgo.

Fuentes del Ministerio de Justicia no pudieron precisar ayer si la parte redactada por la Fiscalía Anticorrupción ha sido incluida en dicho borrador, aunque añadieron que creían que sí se había hecho, al igual que con las aportaciones de la Audiencia, el Tesoro y el Banco de España. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía creen que precisamente el interés del Gobierno por minimizar su aportación crítica al borrador es la causa del veto del Gobierno a que Jiménez Villarejo asista a la reunión de hoy del Comité de Trabajo del Consejo de Europa. El propio fiscal Anticorrupción así lo denunció el pasado sábado en Málaga, durante el congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), al tiempo que recordaba los 'sucesivos incumplimientos' del Gobierno de José María Aznar de los compromisos internacionales contraídos en la luchar contra la corrupción.

Como ejemplo citó la negativa del Ejecutivo a firmar en noviembre de 1998 la Convención Penal contra la Corrupción y su oposición a la creación de la figura del Fiscal General Europeo.

Las críticas trasmitidas a Justicia y los evaluadores europeos se han centrado, según las citadas fuentes de la Fiscalía, en las 'trabas' del fiscal general, Jesús Cardenal, a determinadas investigaciones del equipo de Jiménez Villarejo, especialmente las referidas al caso Ercros, cuando el fiscal Bartolomé Vargas fue relevado por inculpar al ministro Josep Piqué ante el Tribunal Supremo. En aquella ocasión, fuentes muy próximas a Bartolomé Vargas señalaron que Cardenal le pidió que cambiara su dictamen por otro más favorable a la presunta implicación del ministro en un delito de alzamiento de bienes (ocultación o venta de bienes en perjuicio de acreedores) en la suspensión de pagos de Ercros en 1992. Piqué era entonces director de Estrategia Corporativa de Ercros y miembro de su comisión ejecutiva. Muy poco después, Cardenal obligó a Anticorrupción a ceder dos investigaciones a otras fiscalías. Ordenó que el equipo de Jiménez Villarejo abandonara un proyecto de querella contra la ex juez decana de Marbella Pilar Ramírez por supuestos delitos de prevaricación y detención ilegal, relacionados con la sociedad de compraventa de automóviles Milauto-Marbella, de la que eran socios su padre, su hermano y el presunto mafioso Gianni Menino. Este caso fue uno de los 16 por los que la ex juez fue denunciada por incumplir su deber de abstenerse. El otro asunto fue la investigación de un supuesto delito de prevaricación atribuido a los magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no exigieron fianza a los recurrentes de un delito fiscal.

En ambos casos, Villarejo opuso a la decisión de Cardenal el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que establece que la Junta de Fiscales de Sala será oída cuando una orden del fiscal del Estado sea considerada improcedente o contraria a las leyes. La Junta de Fiscales de Sala apoyó a Cardenal.

El Ministerio de Justicia insistió ayer en que, de la misma manera que los expertos europeos han podido entrevistarse con quienes han considerado oportuno, 'dentro de un ambiente de total transparencia', el fiscal anticorrupción 'podría haber viajado a Estrasburgo si lo hubiese pedido'. Fuentes de este departamento aclararon que Jiménez Villarejo sólo podía haber estado presente en la reunión del Comité de Trabajo del Consejo de Europa 'en calidad de asesor, sin voz ni voto porque se trata de una reunión de representantes de los Gobiernos, pero que, en cualquier caso, se le hubiera abonado y facilitado el viaje'.