IU fuerza al PP a cambiar la norma que permitiría edificar en áreas protegidas

Sólo unas horas antes de que el pleno de la Asamblea de Madrid se reúna hoy para tramitar la futura Ley del Suelo, los tres grupos parlamentarios sabrán exactamente qué votar al texto que llevará en su cartera el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, del PP.

Esta situación se origina a causa de las complicadas negociaciones que el Gobierno presidido por Alberto Ruiz-Gallardón ha mantenido en los últimos días con los responsables de Urbanismo de PSOE e IU. El Partido Popular -que nunca ha querido aprobar en solitario esta ley- intentó en los últimos días un acercamiento con IU. Para ello, llegó a aceptar hasta el 90% de las propuestas que le hizo el portavoz de esta coalición, Juan Ramón Sanz. En cambio, con el PSOE nunca fue capaz de llegar a un acuerdo. Los socialistas, en un rechazo frontal al texto, siempre han mantenido que no responde a las necesidades de la región.

El anuncio de Sanz de que IU estaba dispuesta a apoyar la ley cambió radicalmente el panorama. Los socialistas, al verse solos en su rechazo, pidieron al más alto nivel que IU abandonase 'la pinza con el PP'. Resultado de esta presión del PSOE fue la desautorización, por parte de la dirección de la coalición de izquierdas, de las gestiones realizadas por Juan Ramón Sanz con el PP.

El diputado de IU Julio Setién, contrario al pacto con los populares, dio una razón de peso para que el acuerdo parlamentario no se llevase a cabo: el proyecto de ley permitía, en su artículo 29, la construcción de viviendas aisladas en zonas especialmente protegidas, siempre que los dueños del terreno poseyeran más de 30 hectáreas. 'Es el mayor atentado contra el medio ambiente de la historia de la región. Es urbanismo para ricachones, que podrán así levantar sus mansiones en mitad de las zonas protegidas. IU jamás aceptará algo así', sentenció Setién. La asociación Ecologistas en Acción apoyó sus palabras.

Luis Eduardo Cortés tomó nota de las pretensiones de IU y ayer se reunió de nuevo con Sanz. El consejero ofreció al portavoz parlamentario de la coalición renunciar completamente al denostado artículo 29, a cambio de que su grupo apoyase finalmente el texto. 'He aceptado todo lo que me han propuesto y un poco más', reconoció anoche el consejero.

Un 'sí' crítico

Pero esta propuesta no cierra el juego. Sanz deberá presentar hoy ante su grupo parlamentario la nueva propuesta que le ha hecho Cortés. Los ocho diputados del grupo de IU tendrán que debatir si la aceptan o no. Sanz, que es secretario general del PCE en Madrid, anunció ayer su 'sí crítico a la ley'. 'También han aceptado [en referencia al PP] que no se puedan levantar viviendas en suelo rural protegido', recordó.

Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, mostró su satisfacción si el PP eliminaba el artículo 29. 'Digamos que así la ley es menos dañina, aunque quedan aspectos que se podrían mejorar. En cambio, si se mantiene este artículo, el texto es impresentable porque supondría la destrucción de los mejores ecosistemas de la región'.

Pero los socialistas no se dan por vencidos ante el órdago de Cortés. Modesto Nolla, su portavoz en Urbanismo, anuncia que su grupo se seguirá oponiendo a la ley a pesar de la modificación que impide hacer residencias en zonas protegidas. 'Es cierto que el PSOE también exigía que ese punto se retirase del texto, pero aún quedan muchas cosas en las que no estamos de acuerdo', señala Nolla.

Éste menciona, por ejemplo, que Cortés ha modificado, con el beneplácito de Sanz, el artículo que obligaba a los municipios a reservar el 50% del suelo urbanizable para viviendas protegidas. 'Ahora, del 100% del suelo, dejan que un 10% quede a libre disposición de los municipios. Habrá pueblos de derechas que decidan directamente dedicar ese 10% a vivienda libre, por lo que habrá menos vivienda protegida', augura.

Cortés replica que es cierto que se ha cambiado el texto inicial, 'pero para mejorarlo'. 'Antes, el 50% del terreno debía estar dedicado a vivienda protegida, sin especificar con qué tipo de protección debían contar las casas. Ahora hemos introducido un cambio que obliga a que, de esa mitad, el 75% de las casas sea para las clases más desfavorecidas [viviendas de VPO], y el 25% restante, de VPT [para familias que ganen hasta cinco millones]. Además, los ayuntamientos podrán dedicar el 10% del suelo urbanizable al tipo de viviendas que quieran. Serán los alcaldes, tal y como reclamaban, los que decidan qué clase de construcción habrá en sus municipios', asegura Cortés.

CC OO y UGT emitieron ayer un comunicado -antes de que Cortés y Sanz pactasen los últimos cambios- en el que 'valoran que algunos puntos conflictivos hayan sido modificados en la Asamblea', aunque persisten 'modificaciones negativas' que incentivan 'la segregación de la ciudad por niveles económicos'.