PP y PSOE rebajan la tensión para volver a negociar el lunes los cargos institucionales

Tanto los populares como los socialistas no pierden de vista que en la segunda semana de septiembre el Rey tiene que inaugurar el año judicial en el CGPJ, que en ese momento debería ya disponer de su nueva composición.

El preacuerdo para renovar 4 vacantes del Tribunal Constitucional, 12 puestos en el Tribunal de Cuentas y los 20 vocales más el presidente del Consejo General del Poder Judicial -casi logrado en la tarde del jueves y roto esa misma noche por vetos mutuos de PP y PSOE a varios de sus candidatos- no fue retomado ayer por los negociadores, en contra de lo que se esperaba.

El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, pese a no mantener ayer ninguna conversación ni con su homólogo del PP, Luis de Grandes, ni con el secretario general de ese partido, Javier Arenas, sí aceptó fijar las condiciones para restablecer la negociación a partir del próximo lunes. Caldera exhortó al Partido Popular a que tome una iniciativa conciliadora, demuestre buena fe para negociar y acuda a las futuras conversaciones sin vetos ni imposiciones de candidatos con perfiles ideológicos 'complicados', como el del magistrado conservador Roberto García Calvo, que el Grupo Popular ha propuesto para el Tribunal Constitucional.

Caldera sugirió ayer para desatascar la negociación que el Partido Nacionalista Vasco entre de nuevo en el Consejo del Poder Judicial en lugar del juez incluido -en la propuesta provi-sional- como de consenso y con más avales individuales.

El PP se negó ayer a polemizar sobre condiciones y exigencias. El secretario general de ese partido, Javier Arenas, el único de los negociadores populares que se pronunció en público, se esforzó en mostrar que el PSOE ha roto un pacto ya alcanzado y que no ha explicado las razones 'mediáticas e internas' que, según él, le han empujado a esa ruptura. Arenas emplazó al PSOE a un nuevo marco de negociación, 'hoy, mañana, pasado, la semana que viene o en septiembre'. Pero adelantó que el PP pondrá en primer lugar encima de la mesa el preacuerdo de la tarde del jueves para que se cumpla 'de la 'a' a la 'z'. Caldera le replicó: 'De la 'a' la 'z' sí, pero para cambiar en España a Aznar por Zapatero'. Posteriormente, fuentes del Partido Popular matizaron que ese preacuerdo no tiene por qué ser algo inamovible sino un 'punto de partida'.

Aunque el último plazo formal prorrogado para consensuar todos los candidatos se cerró ayer a las dos de la tarde, sin que se hubiera llegado a un acuerdo, el PP tiene capacidad jurídica y reglamentaria, con su mayoría absoluta, para convocar con urgencia un pleno del Congreso que permita votar a los cargos institucionales.

El Gobierno tomó ayer una iniciativa llamativa respecto a la renovación de dos de esos cargos en órganos institucionales: el Consejo de Ministros renovó como consejeros del Banco de España a José Manuel González Páramo, alineado con el PP, y a Julio Segura, afín al PSOE.

Por su parte, Jueces para la Democracia consideró ayer inadmisible que se posponga la renovación del CGPJ, 'máxime cuando se obligó a los asociaciones judiciales y a los jueces no asociados a llevar a cabo un proceso electoral para designación de candidatos en un tiempo muy reducido con el argumento de que los plazos tenían que cumplirse'. Esa asociación judicial añadió que el aplazamiento es aún menos admisible cuando el desacuerdo no se refiere al Consejo General del Poder Judicial, 'lo que coloca la renovación del CGPJ en una posición de trueque para otros fines muy poco respetuosa con su posición constitucional'. Jueces para la Democracia pidió a las presidencias del Congreso y del Senado que mantengan los plenos para elegir los vocales del CGPJ, y solicitó a sus actuales vocales que si prosigue el bloqueo de la negociación entre partidos, 'presenten la dimisión de sus cargos una vez venza el período para el que fueron elegidos'.