Dimisiones y responsabilidades

No es habitual en el Gobierno del PP que un alto cargo presente la dimisión por irregularidades económicas o legales derivadas de sus anteriores actividades privadas. El ministro de Exteriores, Josep Piqué, por citar un ejemplo próximo, mantiene su cargo con el apoyo del presidente del Gobierno a pesar de las sospechas que recaen sobre su etapa como directivo de Ercros y las dudas que existen sobre su conducta fiscal. De ahí que la dimisión del secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, acuciado por el escándalo de la sociedad de valores Gescartera y su cargo de consejero en una agencia de valores sancionada en 1995 por la CNMV, provoque una inmediata reflexión sobre la diferencia de talante con que se afrontan las responsabilidades públicas y privadas en el Ejecutivo. La lectura más inmediata y favorable es que, con su dimisión, Giménez-Reyna ha dado una buena lección de cómo deben comportarse los cargos públicos en casos similares, ha ahorrado al Gobierno una presión innecesaria y él mismo se ha evitado el trance de resistir de forma numantina sin propósito político o personal alguno.

Pero que la decisión personal sea sensata no significa que en ella se agoten las responsabilidades. La participación de Giménez-Reyna en Sefisur y sus relaciones con Gescartera, la sociedad presidida por su hermana Pilar Giménez-Reyna, tienen que ser investigadas por el Ministerio de Hacienda y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y sus resultados deben ser conocidos con plena transparencia y objetividad. Los defensores del dimitido secretario de Estado alegan que nadie es responsable de lo que hagan sus parientes; pero en el ámbito de las responsabilidades públicas es prudente desconfiar de las coincidencias. Giménez-Reyna no sólo era hermano de la presidenta de la sociedad; también invirtió dinero en ella y, como se sabe ahora, había sido consejero de otra agencia sancionada. Sus relaciones con las sociedades de inversión eran notorias. Es de suponer que el Gobierno, y en particular quienes le nombraron, conocían tales circunstancias profesionales.

Y si no las conocían, también existe responsabilidad política, en este caso por omisión, al desatender la obligación de vigilancia. La CNMV expedientó a la sociedad financiera Bolsa Consulting, propiedad de Antonio Camacho, actualmente en prisión por la desaparición de 13.000 millones de pesetas en Gescartera, y luego la propia Comisión autorizó la creación de Gescartera, con el mismo propietario, en agosto del año pasado. De nuevo, los argumentos defensivos fundados exclusivamente en la legalidad muestran su gran debilidad en el contraste con los hechos. Seguro que la sociedad de Camacho cumplía los requisitos para convertirse en la agencia de valores Gescartera; pero si la ley no pone obstáculos a que una sociedad expedientada, que no paga la multa impuesta por la CNMV y gestiona activos por casi 100.000 millones de pesetas, a pesar de que cuenta con sólo 30 millones de capital, se convierta en una sociedad de cartera, es evidente que hay que cambiar la ley. O mejor, debía haberse cambiado ya. Como fue el Ministerio de Economía, autoridad competente en estos menesteres, el que aprobó definitivamente la operación, cabe exigirle ahora que explique las razones de su decisión.

Las autoridades económicas presumen de la sofisticación financiera que se ha conseguido en los mercados españoles. Pero la gestión política y administrativa no está a la altura de esa complejidad. Como en otras ocasiones y ámbitos, el Gobierno ha esperado a que estalle un escándalo para actuar precipitadamente. El viernes aprobó por decreto la creación de un Fondo de Garantía de Inversiones para compensar total o parcialmente el dinero de los damnificados en casos como el de Gescartera. Es una buena decisión, aunque tardía. Es de esperar que las investigaciones sobre Gescartera sean más diligentes y que la dimisión de Giménez-Reyna no sirva para tapar el caso y sepultarlas en el olvido.