Bruselas pide al juez que prohíba hacer contrabando a Winston y Marlboro
Diez países apoyan la demanda contra las tabacaleras estadounidenses
La Unión Europea no se da por vencida en su batalla contra el contrabando de tabaco. Los abogados comunitarios decidieron ayer presentar una nueva denuncia ante la justicia neoyorquina contra las compañías tabacaleras estadounidenses RJ Reynolds (fabricante de Winston) y Philip Morris (Marlboro) en la que les vuelve a acusar de favorecer la entrada ilegal de cigarrillos en territorio comunitario y de promover el fraude. Bruselas exige una compensación financiera y una orden que prohíba estas prácticas.
La Comisión Europea decidió ayer presentar en Nueva York una nueva demanda civil contra las tabacaleras Reynolds y Morris. Pero esta vez lo hace en nombre de la Comunidad Europea y apoyada desde el principio por una decena de países (Italia, Alemania, Francia, España, Portugal, Grecia, Bélgica, los Países Bajos, Finlandia y Luxemburgo). De este modo se resuelven las cuestiones técnicas de procedimiento que provocaron que el pasado 17 de julio los jueces norteamericanos fallaran contra la denuncia que Bruselas presentó en noviembre del año pasado.
La UE mantiene la acusación inicial en la que culpaba a las dos grandes tabacaleras norteamericanas de estar implicadas directamente en el contrabando de cigarrillos y de la presunta violación de la legislación estadounidense contra el crimen y la corrupción organizados. Bruselas no da cifras concretas sobre la compensación financiera que exige a las tabacaleras, aunque los expertos estiman que las pérdidas originadas por el contrabando de tabaco se elevaron a 570 millones de euros (94.840 millones de pesetas), de los que 142,5 millones corresponden al presupuesto de la UE y el resto a las arcas nacionales.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) calcula que el 10% del tabaco rubio que se vende en Europa se comercializa a través del contrabando. En algunos países, como España, el porcentaje anual de tabaco de contrabando ha llegado a ser del 13%, con unos perjuicios anuales para Hacienda superiores a los 42.000 millones de pesetas.
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