Hacienda reclama 8.000 millones a Núñez por el impago del IVA

La Agencia Tributaria ha detectado una deuda de 8.000 millones de pesetas del grupo inmobiliario barcelonés Núñez y Navarro con Hacienda, correspondientes a los últimos cinco ejercicios. Esta deuda se debe principalmente al impago de IVA, según fuentes próximas al fisco. La inspección, que se ha realizado paralelamente al proceso judicial que se sigue en Barcelona por presunto trato de favor a varias empresas, afecta a unas cincuenta empresas del grupo Núñez. El resultado de estas inspecciones contrasta con la deuda que detectaron los inspectores actualmente imputados por el juez.

La Agencia Tributaria abrió inspección de los últimos cinco ejercicios a numerosas empresas implicadas en el caso de los altos cargos de Hacienda en Barcelona por supuesto trato de favor a esas sociedades. Estas actuaciones se iniciaron tras las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona. El juez imputó, entre otros, a Josep Lluís Núñez Navarro (hijo del ex presidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez Clemente) por presuntos tratos de favor con un inspector de Hacienda. Núñez y Navarro, la empresa de Núñez padre, declinó hacer comentarios sobre las actuaciones de Hacienda.

La Unidad Regional de Inspección de Cataluña concluyó que el grupo Núñez y Navarro, que tradicionalmente opera con un amplio ramillete de sociedades -casi siempre, una por promoción-, debe pagar a Hacienda unos 8.000 millones de pesetas (unos 48 millones de euros) por numerosas cuotas no ingresadas en su debido momento, principalmente correspondientes al IVA. La Agencia Tributaria considera que las cuotas no liquidadas proceden de diferencias de interpretación entre los inspectores y la empresa, por lo que, según fuentes conocedoras del caso, consideran poco probable que, a pesar de lo abultado de la cantidad, se inicie algún procedimiento por delito fiscal contra los responsables del grupo inmobiliario. No quiere decir que dejen de reclamar la deuda.

Uno de las principales desacuerdos planteados por Hacienda gira en torno a la tributación de los alquileres de nuevas promociones destinadas a la venta. Los inspectores han detectado que el grupo Núñez se había deducido el IVA soportado en diversas promociones, pero no lo habría retornado cuando alquiló parte de esas promociones. La empresa ha objetado que esos alquileres tenían por objeto reducir sus gastos, ya que algunas ventas no se habían podido cerrar y no están sujetas a IVA, porque la empresa no se dedica al alquiler de viviendas. La doctrina de que la no existencia de actividad económica en alquiler deja no sujetos a IVA estos alquileres supone una de las grandes diferencias de la inspección con el grupo inmobiliario.

Inspectores imputados

La investigación de Hacienda ha corrido paralela al proceso judicial abierto y que supuso varios registros a oficinas de Núñez y Navarro. Esa investigación permitió conocer que el inspector Manuel Abella, que se había encargado de las cuentas del grupo entre 1993 y 1998, compró en octubre de 1994 dos viviendas de lujo a una empresa de Núñez, Naynu, por 86 millones, un precio muy inferior al de su tasación hipotecaria. Abella, imputado por la titular del Juzgado 33 de Barcelona, cerró en apenas dos días 119 actuaciones inspectoras que afectaban a 49 empresas que colgaban de la sociedad holding Seteinsa, de Núñez y Navarro, y que generaron 275 actas con una deuda total tributaria de 7,7 millones de pesetas, tras haber aplicado fuertes devoluciones por acta.

La adquisición de Abella coincidió con la inspección de otra empresa del grupo Núñez, Peromoinver. Caixa Catalunya, la entidad que financió la compra con un crédito hipotecario, tenía entre sus documentos de formalización de la operación una nota según la cual la operación había sido recomendada por Josep Lluís Núñez Navarro.

El inspector José Lucas Carrasco, igualmente imputado, y su esposa, propietarios de la empresa LML, también adquirieron inmuebles y fincas a Núñez y Navarro. LML y el grupo Núñez y Navarro mantenían relaciones comerciales desde la constitución de la empresa LML. Los negocios conjuntos ascendían anualmente a unos 100 millones de pesetas.

Un tercer inspector, Roger Bergua, también imputado, cerró inspecciones a Núñez y Navarro, al tiempo que mantenía con él relaciones comerciales, como la compra de otro piso en un barrio residencial de Barcelona.