El PSOE propone cambios en la normativa de las cajas de ahorro

El PSOE reabrió ayer el debate sobre las cajas de ahorro al proponer un nuevo instrumento de financiación, alternativo a las cuotas participativas, que les permita obtener recursos propios para mejorar su solvencia e incrementar la cooperación entre entidades. El portavoz de Economía, Jordi Sevilla, propone introducir los cambios en la Ley Financiera. El PP aseguró que 'está de acuerdo en los temas de fondo que se plantean porque nadie quiere privatizar las cajas'. CC OO también lo apoya y UGT se opone a abrir este debate.

La propuesta socialista, que presentó ayer Jordi Sevilla, persigue que las cajas 'sigan como hasta ahora: con vocación pública y prestando servicios a la sociedad, aunque con algunas reformas en su funcionamiento, pero somos absolutamente contrarios a que se inicie un proceso de privatización'. El portavoz de Economía socialista criticó el 'inmovilismo y la falta de diálogo del Gobierno en este tema'.

Según el partido socialista, los cambios, entre los que proponen reducir a menos del 50% la presencia de los políticos en los consejos de las cajas, deben facilitar una política de recursos propios que garantice su solvencia, así como que se mejore su gobernabilidad y se renueve la asignación de la Obra Social.

El asunto más caliente es el referido a los instrumentos con los que las cajas puedan elevar sus recursos propios. La Ley Orgánica de Reforma de las Cajas de Ahorro (Lorca) de 1990, precisamente bajo el Gobierno socialista, estableció un instrumento denominado cuotas participativas. Estos instrumentos buscaban reforzar los recursos propios de las cajas y funcionan como acciones, aunque sin derecho a voto. Sin embargo, ninguna caja las ha emitido.

Límite del 15%

El nuevo instrumento, diferente al que el PSOE manejaba hace dos semanas, tendría remuneración variable, vinculado al beneficio y negociable en el mercado de renta fija de la AIAF (mercado oficial de renta fija privada), donde se negocian participaciones preferentes y deuda subordinada. La emisión de este producto no debería superar el 15% de los recursos propios de la caja. Sólo podrán adquirirlas personas físicas, y cada una de ellas con un valor máximo de 120.202 euros (20 millones de pesetas). El PSOE cree que estas condiciones se pueden cambiar cuando el adquiriente sea otra caja.

A juicio de Sevilla, lo importante es que no cuenten con derechos políticos 'para evitar la entrada de los bancos'. El objetivo de este instrumento es acabar con las desventajas de las cajas frente a los bancos.

Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del PP, aseguró que estaban de acuerdo con los temas de fondo que empleaba el PSOE, 'porque nadie quiere privatizar las cajas'. La principal diferencia es que Pujalte considera que a los inversores 'se les considere como clientes', lo que podría provocar que llegaran al consejo de administración. Mediante un sorteo, los clientes de las cajas pueden llegar a los órganos de gobierno, con una pequeña representación. El PP es partidario de que el producto se denomine cuota participativa 'y no crear un nombre diferente'.

Comisiones Obreras mostró su apoyo a la iniciativa 'porque supone reforzar los recursos de las cajas sin cambiar su naturaleza'. UGT es contrario 'a que se abra este debate porque puede facilitar la privatización de las cajas', aunque comentaron que 'el informe está bien, en términos generales'.