Convenio y Parlamento

El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, firmaron ayer en La Moncloa el Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación para la Defensa entre Estados Unidos y España de 1988, mientras que el ministro de Defensa, Federico Trillo, suscribió la Declaración de Principios para el Desarrollo de la Cooperación en Materia de Equipamiento en Industria de Defensa. Ambos documentos están llamados a configurar, al menos durante esta década, la relación de España con la única superpotencia militar.

Sería iluso ignorar esta última circunstancia y pretender una igualdad que no existe. Pero tampoco debe olvidarse que, a partir de la entrada de España en la OTAN y tras la renuncia, ya en el último convenio, a recibir compensaciones económicas por el uso de las bases, se abrió una etapa basada en los principios de cooperación entre aliados, confianza mutua y reciprocidad. Por eso llama la atención que en la comparecencia de ambos ministros, el lunes pasado, Piqué aclarara con énfasis que el convenio 'preserva la soberanía y el control de España sobre su territorio, mar territorial y espacio aéreo'. ¿Cómo podría ser de otra forma?

Ambos ministros intentaron disipar las dudas de la oposición ante un nuevo artículo que autoriza a los servicios militares de investigación criminal de EE UU a actuar en España, en conjunción con las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, en asuntos que afecten a personal o bienes de EE UU. Por lógica que sea la preocupación de ese país por sus militares en el escenario posterior al 11de septiembre, la autorización, sin precedentes en otros países, plantea serios problemas jurídicos. En España, la investigación criminal está reservada a las fuerzas de seguridad bajo la dirección de los jueces y ni siquiera el servicio secreto español tiene competencia para realizarla. Mucho menos un servicio extranjero. La autorización no sólo afecta a eventuales delitos de los militares norteamericanos en España -lo que ya plantearía problemas-, sino a españoles que puedan cometerlos en relación a bienes o personas de EE UU.

Los dos ministros aseguraron en el Congreso que las normas que regularán la actuación de estos servicios respetarán las competencias de las autoridades españolas. Pero dejaron claro que dichas normas figurarán en un acuerdo al margen del convenio que no será aprobado por el Parlamento. El tratado actual incluye una serie de anejos e intercambios de cartas que regulan aspectos tan de detalle como la contratación de obras, el suministro de combustible o los sistemas de comunicaciones y electrónica (sin desvelar las características de los equipos o el uso que se da a los mismos). Todos ellos se consideran parte integral del tratado y se someten a la tramitación parlamentaria.

No se entendería, por tanto, que se hurtara al conocimiento de las Cortes acuerdos que rozan cuestiones de soberanía. Piqué sugirió ayer que éstas podrían conocerlos a través de la Comisión de Secretos Oficiales. Es lo mínimo en relación a unos acuerdos que comprometen internacionalmente a España.