La Junta de Castilla y León no conoce el número exacto de sus funcionarios

Un informe de la propia Junta de Castilla y León revela que esta Administración autonómica mantiene una situación caótica en su gestión sobre el personal del Gobierno regional. Según ha revelado la Cadena SER, el estudio fue elaborado por las direcciones generales de Función Pública, Telecomunicaciones y Transporte el pasado mes de marzo y revela que, en la actualidad y con los sistemas informáticos de que dispone el Gobierno autónomo, es imposible conocer el número de funcionarios que trabajan para esta Administración. El Ejecutivo de Castilla y León acaba de asumir las competencias de Sanidad, con lo que su nómina ha sumado 26.000 funcionarios a los alrededor de 50.000 con los que ya contaba.

Mientras la oposición socialista y los sindicatos mayoritarios relacionados con el departamento de la Función Pública critican la pasividad del Ejecutivo autónomo y piden responsabilidades, el firmante del informe, el secretario general de la Consejería de Presidencia, Juan Carlos Sacristán, se defiende diciendo que no hay que ser alarmistas. 'Estos son informes de situación para anticiparse a las necesidades de futuro'.

Sea o no una herramienta para la anticipación, el informe es demoledor para el Gobierno regional que preside el popular Juan Vicente Herrera -sustitu-to del actual ministro de la Presidencia, Juan José Lucas-, ya que en sus 18 páginas advierte de que el actual sistema de gestión del personal no facilita la información que precisan los departamentos, la documentación que facilita no es fiable y no permite realizar proyecciones futuras.

En este sentido, el informe explica que el sistema informático no permite cumplir con obligaciones legales como las retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas, certificaciones o la protección de los datos personales. El documento, calificado como elemento para el uso interno de la consejería de Presidencia, incide en que el actual sistema informático resulta inútil porque es obsoleto, no existen repuestos y además no hay empresas que se hagan cargo de su mantenimiento. Como ejemplo del caos informático regional se pone a los nuevos trabajadores que acceden a un puesto de trabajo en la Administración y que deben inscribirse de forma manual en todos aquellos servicios de control como nóminas, horario y registro. Un proceso que puede durar hasta un mes. De este informe se deduce, igualmente, que el coste de un nuevo sistema informático para el conjunto del Gobierno autónomo oscilaría entre 3,6 y 7,2 millones de euros (entre 600 y 1.200 millones de pesetas).

El estudio no escatima críticas a los actuales sistemas de gestión informática y revela que el actual 'ha cubierto su vida útil y es extremadamente caro debido a la imposibilidad de cruzar informaciones, ya que genera además una carga de trabajo ingente con resultados ínfimos'.