Ahora, el FMI

La liberación parcial de las restricciones que pesaban sobre la disposición de los depósitos bancarios en Argentina -el denominado corralito- es un paso más en la satisfacción de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de acudir nuevamente al rescate. Liberación parcial, porque los titulares de los depósitos sólo tendrán opción a recuperarlos mediante su canje por bonos públicos (cuyo vencimiento, dependiendo de la modalidad, no es inferior a tres años), aunque podrán ser utilizados como medio de pago en diversas transacciones. Además, las cuentas bancarias que se abran a partir de ahora no están sujetas a ningún tipo de limitación. Una solución muy distante todavía de la recuperación de la muy mermada confianza en aquel sistema bancario, pero que puede suponer un cierto avance en la normalización financiera del país y en la liberación del crucial apoyo financiero del FMI.

De las principales condiciones impuestas por esa agencia multilateral -modificaciones en la Ley de Quiebras, derogación de la Ley de Subversión Económica y acuerdo para la reducción del déficit fiscal en las provincias-, las dos primeras han sido satisfechas a trancas y barrancas por el Gobierno de Duhalde, y la tercera dispone del respaldo de ocho provincias; la extensión a las 24 del país no es un empeño fácil, dada la profunda recesión argentina. Sería, por tanto, razonable que el FMI no tensara en exceso esa ya difícil negociación, cuya ruptura podría desembocar en un escenario difícil de gobernar, además de multiplicar el riesgo de propagación de la crisis a otras naciones de la región hasta ahora relativamente inmunizadas.

Es cierto que la ejecutoria de Argentina, la calidad de sus instituciones y de su clase política, no avalan precisamente desembolsos financieros incondicionales que, no olvidemos, se nutren de las aportaciones de los contribuyentes del resto del mundo. Pero no es menos cierto que en el pasado esos apoyos no han contado con las suficientes garantías y, en todo caso, no han estado siempre acompañados de las recomendaciones de política económica más convenientes para Buenos Aires. Por eso Estados Unidos, donde en última instancia radica la capacidad de decisión del Fondo, debería facilitar en estos momentos críticos el oxígeno finaciero que Argentina precisa.