Argentina pasa del 'corralito'

El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, no ahorra en llamadas telefónicas cuando intenta convencer a la subdirectora gerente del FMI, Anne Krueger, de que ceda en su intransigencia. En los últimos diez días, Lavagna la llamó a Washington tres veces para rogarle que enviase una misión del organismo a su país. La misión llegó al fin, pero ahora no está claro que Argentina pueda superar el examen.

El FMI hubiera preferido el canje obligatorio, y no el voluntario, de los ahorros congelados por títulos públicos

Lavagna alega que Argentina ya ha cumplido los requisitos para iniciar el diálogo en pos un acuerdo de asistencia financiera, interrumpida en diciembre pasado. Finalmente, una misión arribó a Buenos Aires el jueves pasado, pero llama la atención de que no todas las condiciones exigidas a Argentina están cumplidas.

Una de las dudas del Fondo Monetario Internacional (FMI) radica en el reciente decreto del Gobierno del peronista Eduardo Duhalde para canjear voluntariamente los ahorros congelados en el corralito por títulos públicos. El Fondo, cuyo principal socio es Estados Unidos, hubiera preferido un canje obligatorio porque su condición de optativo permitirá a los ahorradores quedarse con depósitos a plazo que, tarde o temprano, se descongelarán, complicando aún más la situación del sistema bancario argentino y permitiendo que esos recursos se destinen a la compra de dólares. Entre febrero y junio, pese al corralito, unos 15.200 millones de dólares se fugaron de los bancos mediante recursos de amparo judiciales y otras medidas que relajaron los controles. Además, el peso se ha devaluado frente al dólar el 72% desde que en enero se eliminó el tipo de cambio fijo.

El canje de depósitos por bonos aún no ha comenzado porque falta que lo reglamente el Banco Central. Por lo tanto, sigue siendo una incógnita la respuesta de los enfurecidos ahorradores argentinos. Fuentes de BBVA Banco Francés admitieron que en las últimas dos semanas se han multiplicado las consultas de los clientes sobre el canje, interesados en la posibilidad de cambiar sus ahorros en pesos por títulos en dólares. El estado de las entidades financieras resulta tan complicado que Santander Central Hispano decidió reestructurar a un año el 90% de las obligaciones negociables por 200 millones de dólares, que le vencen la semana próxima a su filial argentina, Banco Río.

El FMI plantea objeciones a dos de las tres tareas cumplidas por Argentina como requisitos para la negociación. Una de ellas se refiere al ajuste de las cuentas de las 23 provincias. El número dos de la misión del Fondo, John Thorton, le planteó el jueves en Buenos Aires a Lavagna que la mayoría de las provincias sólo firmó una carta de intención en la que se comprometían a reducir el déficit fiscal entre el 40% y el 60%, en lugar de acuerdos definitivos sobre cómo lo lograrán. La única que selló un convenio final ha sido la provincia de Buenos Aires, la principal del país, sobre la que pesa la responsabilidad de la mitad del ajuste.

El otro escollo radica en la derogación confusa de la Ley de Subversión Económica, una norma que había permitido procesar a decenas de banqueros. El Congreso argentino la anuló porque el FMI pedía seguridad jurídica, pero incluyó cinco artículos de esa legislación en el Código Penal. El Fondo exigió entonces al Gobierno que los vetara. Duhalde se negó públicamente hasta que esta semana se resignó a vetar uno de ellos, el que castiga el vaciamiento de empresas por negligencia o imprudencia. El único requisito que Argentina ha cumplido al pie de la letra fue la modificación de la Ley de Quiebras para restituir derechos a los acreedores.

Una vez que el Gobierno cumpla con las tres condiciones, se iniciará la discusión sobre las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y del sistema financiero. En materia fiscal, la meta del Gobierno consiste en lograr un superávit del 1% del PIB. Para ello deberá imponer un impuesto a las grandes empresas beneficiadas por la pesificación de créditos locales en dólares. En el ámbito monetario, el Banco Central argentino estudia fijar un nuevo tope de emisión monetaria en 14.000 millones de pesos (4.216 millones de euros), cuatro veces más que los 3.500 millones previstos a principios de año. Este máximo implicará que el Banco Central deje de asistir al Tesoro para cubrir el déficit público y a las entidades financieras sin liquidez. De enero al 15 de mayo, los bancos recibieron ayudas por 17.804 millones de pesos (5.362 millones de euros), de los cuales 10.000 millones se destinaron a dos entidades estatales. El fin de las ayudas a los bancos supondrá la caída de varios de ellos y la reestructuración y concentración del sistema financiero, tal como pretende el FMI.

Dudas sobre el cambio

El tipo de cambio suscita debates en Argentina sobre cómo frenar una de las mayores devaluaciones del mundo en los últimos cinco años. Muchos argentinos echan de menos la paridad fija con el dólar, el ex presidente Carlos Menem (peronista) está haciendo campaña en Estados Unidos a favor de una dolarización, pero el FMI insiste con mantener el tipo de cambio flotante. El organismo considera que la depreciación del peso puede controlarse con límites a la emisión monetaria y atrayendo a los ahorradores con instrumentos de inversión más rentables que la divisa norteamericana.

Lavagna ha reconocido que un acuerdo con el FMI no le reportará 'ni un peso'. El ministro busca un pacto para posponer todos los pagos con organismos multilaterales hasta fines de 2003, lo que supondría un ahorro de 22.000 millones de dólares. Argentina, que en diciembre suspendió pagos con los acreedores privados, debe abonar en julio 2.700 millones al FMI y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que Lavagna espera cerrar un acuerdo para ese entonces. Si no lo consigue deberá gastar las reservas internacionales, que han caído a sólo 10.000 millones. El ministro aspira, además, a que un convenio con el FMI descongele los créditos del BID y del Banco Mundial para planes sociales y crédito a las exportaciones, la única fuente de divisas de la que dispone actualmente Argentina.

En el FMI calculan que el acuerdo puede llegar a fines de julio o principios de agosto, mes en que los funcionarios del organismo se marchan de vacaciones. Krueger pretende firmar con Argentina cuando exista un plan viable. Se muestra inflexible, pese a que un nuevo informe de su organismo alerta sobre el peligro latente de contagio regional del efecto tango. Fuentes empresariales norteamericanas reconocen que en el Gobierno de George W. Bush existen quienes defienden a Krueger y otros que privilegian la geopolítica y consideran que ayudar a Argentina significa contribuir a la estabilidad suramericana.