Perú decreta el estado de excepción para frenar la revuelta en Arequipa

Once meses después de tomar posesión como presidente de Perú, Alejandro Toledo se enfrenta a una gravísima crisis política. La privatización de dos empresas eléctricas ha desencadenado violentas protestas en el sur del país y han llevado a Toledo a decretar el estado de emergencia. Un universitario muerto, un centenar de heridos, serios daños en Arequipa y 30 autoridades regionales en huelga de hambre son el saldo de cuatro días de movilizaciones.

La crisis puede tener un costo adicional para Alejandro Toledo: la pérdida de la base social que lo llevó a la presidencia.

El Gobierno peruano anunció la noche del domingo pasado la declaración del estado de emergencia, por 30 días, en el departamento sureño de Arequipa. Esta declaración deja en suspenso los derechos constitucionales relativos a la libertad, a la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito. Además, se decretó el toque de queda entre las diez de la noche y las cinco de la madrugada.

'La fuerza pública ha sido instruida para reestablecer el orden y la seguridad ciudadanas, la seguridad de las mujeres y hombres que quieren trabajar, y para proteger la propiedad pública y privada', dijo el presidente peruano en un mensaje dirigido a la nación. Y agregó que 'actos de violencia y agresión de esta naturaleza contra pacíficos ciudadanos y la destrucción de la propiedad pública son intolerables e inaceptables'.

La situación, sin embargo, no parece haber sido controlada aún. Además, se ha producido el agravante de la solidaridad expresada por otros frentes regionales, como en los departamentos sureños de Tacna, Cuzco, Puno; Piura, en el norte, y Loreto, en el este del país.

'En once meses, Toledo ha logrado enajenar y convertir en enemiga a su base social del sur de Perú, donde ganó las elecciones por mayoría abrumadora y que lo llevó a la presidencia. Ha demostrado una capacidad de autogol sin precedentes en nuestra historia política reciente', sostiene el periodista Gustavo Gorriti, su ex asesor durante la pasada campaña electoral.

Privatizaciones

¿Cómo se llegó a esta situación? Por un lado, el pueblo arequipeño se ha sentido engañado por el presidente Toledo. Durante la campaña, el entonces candidato se comprometió en Arequipa -en un documento que lleva su firma- a no privatizar las empresas eléctricas Egasa y Egesur.

Nunca, sin embargo, se tomó la molestia de explicar los motivos que lo llevaron a cambiar radicalmente de posición. Simplemente se impuso la venta de las empresas. El presidente aseguró en su discurso televisado que 'la privatización no va contra los intereses de los habitantes de Arequipa'.

A esto se añade la existencia de un único postor: la empresa belga Tractebel, sobre la que pesan acusaciones de pago de supuestos sobornos al ex presidente Alberto Fujimori, según declaraciones del congresista Mauricio Mulder. El precio en el que han sido valoradas las empresas también ha sido puesto en tela de juicio. Y, finalmente, las autoridades hicieron caso omiso de la resolución de un juzgado que dictó una medida cautelar -en contra de la privatización de las empresas eléctricas-, el día anterior a que fueran vendidas.

El alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, en huelga de hambre desde el pasado viernes ha anunciado que continuará con la medida de fuerza hasta lograr que se convoque una consulta popular para resolver definitivamente el destino de las empresas privatizadas, y reiteró su petición al Gobierno de Toledo para que espere la decisión final del Poder Judicial.

Por su parte, el principal líder de la oposición, el ex presidente Alan García -rival de Toledo en las elecciones presidenciales-, pidió ayer al Gobierno que levantase el estado de emergencia y propuso nombrar una comisión negociadora que evite el avance en el 'camino de la intolerancia y la violencia que se viene expresando en el discurso oficial'.