Un problema procesal impide a Francia entregar al etarra Gadafi a España

Las autoridades francesas han comunicado a España la imposibilidad de entregar temporalmente a Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, que debía ser juzgado la semana próxima en la Audiencia Nacional por el asesinato del niño Fabio Moreno, de dos años, muerto el 7 de noviembre de 1991 en Erandio (Vizcaya) al estallar una bomba colocada en el coche de su padre, que resultó herido, lo mismo que un hermano del niño asesinado. El retraso en la entrega de Gadafi se debe a un problema procesal, según precisaron en París fuentes conocedoras del caso.

Este terrorista, detenido en Francia en febrero de 2000, fue condenado recientemente a 10 años de prisión por el Tribunal Correccional de París, pero tiene un segundo juicio pendiente y no es probable que se celebre antes de seis meses. Las autoridades españolas han lanzado contra él 28 mandatos de arresto por una quincena de asesinatos y otros delitos.

Las fuentes consultadas descartaron que la imposibilidad de efectuar esta entrega deba interpretarse como un retroceso en la colaboración antiterrorista hispano-francesa, tras el cambio de Gobierno en París, y lo atribuyeron a la necesidad de cumplir con el requisito de que las entregas temporales afecten a personas con sentencia firme y sin sumarios pendientes de instrucción en Francia.

Precisamente ayer fueron juzgados en París dos presuntos etarras, Ander Gueresta Azurmendi, de 23 años, y Aritz Aramburu-Goikoetxea, de 27, el primero de ellos acusado de intento de homicidio de un policía francés, hace dos años, contra el que disparó ocho tiros. Una patrulla de la Policía Nacional, que no iba de uniforme, les pidió la documentación en una calle de Burdeos y ellos salieron corriendo. Gueresta reconoció haber disparado el primero y argumentó que ignoraba que se tratara de policías. El policía que le detuvo explicó minuciosamente al tribunal las circunstancias de la detención.

En otro juicio, otro militante de ETA, José Luis Michelena-Berasarte, resultó condenado a 42 meses de prisión y a la pena accesoria de prohibición de residencia en Francia durante 10 años. Se le acusa de haber organizado el paso de comandos y de material de ETA en la frontera hispano-francesa.