Aznar quiere que el Congreso vote este mes la ilegalización de Batasuna

El Gobierno quiere que sea el Congreso el que, en un pleno extraordinario que se celebraría este mismo mes, pida al Ejecutivo que inste al Tribunal Supremo a que ilegalice Batasuna. Antes pretende cargarse de razón, jurídica y política. Para ello ha remitido 'un dossier' al fiscal del Estado con la actuación de Batasuna desde la aprobación de la Ley de Partidos e informará puntualmente a las formaciones que la respaldaron: PSOE, CiU y CC. Su objetivo es reunir a la Diputación Permanente y convocar un pleno que reclame la ilegalización, que ratificaría el Consejo de Ministros el 30 de agosto para presentar la demanda el 2 de septiembre. El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer que 'es el momento' de aplicar la ley.

'Nuestra aspiración es que sea el Congreso de los Diputados quien, tal como prevé la Ley de Partidos en su artículo 11.1, inste al Gobierno para que solicite la ilegalización de Batasuna', aseguraron ayer fuentes de La Moncloa. Su propósito es iniciar ya la tramitación para presentar la demanda de ilegalización al Tribunal Supremo el lunes 2 de septiembre.

El Ejecutivo 'prefiere' esta vía porque 'el Parlamento es el órgano que más claramente encarna la democracia' e intentará contar para ello con el 'amplísimo respaldo' que ya tuvo la Ley de Partidos, es decir, con los votos del Partido Popular, el PSOE, Convergència i Unió (CiU), y Coalición Canaria (CC). Para ello, el Gobierno, a través del vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, José María Michavila, informará puntualmente de todas sus iniciativas a los partidos firmantes de la ley.

Rajoy comunicó a Rodríguez Zapatero (PSOE), y Michavila a Xavier Trias (CiU) y a José Carlos Mauricio (CC) que, ayer mismo, el Gobierno acababa de remitir a la Fiscalía del Estado 'todos los antecedentes' de la actuación de Batasuna desde la aprobación de la Ley de Partidos, el pasado 27 de junio, para que estudie la presentación de una demanda de ilegalización de ese partido aberzale radical.

El líder socialista defendió por la tarde en Santa Pola que 'no hay que arrugarse para aplicar las leyes con firmeza y seguridad, porque eso es lo que demandan los ciudadanos', informa Ezequiel Moltó. Antes de participar en la manifestación de repulsa a los dos últimos asesinatos de ETA, Zapatero afirmó que 'es el momento de aplicar la Ley de Partidos, que nació con consenso', pero hacerlo 'con las suficientes garantías jurídicas'.

'Cuanto antes'

'Quiero que se aplique la ley cuanto antes', confesó Zapatero. Pero, a la vez, 'exigió' al Gobierno central y al Ejecutivo vasco 'comunicación y diálogo' en la lucha contra ETA. El líder socialista confirmó en Santa Pola su conversación telefónica con Rajoy. Aseguró que había comunicado al vicepresidente que el Gobierno 'tiene la responsabilidad' de 'alcanzar el máximo consenso político' para instar a la ilegalización de Batasuna.

Zapatero no quiso entrar en los plazos para esa ilegalización con el argumento de que eso es iniciativa del Gobierno. El Ejecutivo es consciente de la 'excepcionalidad' de convocar una Diputación Permanente y un pleno extraordinario del Congreso en agosto. El único precedente fue una Diputación Permanente en agosto de 1990 para tratar sobre la guerra del Golfo. El Gobierno destaca que 'es más importante la guerra contra ETA y su entorno' y 'merece' esa excepcionalidad. El problema, y CiU lo expuso ya en la aprobación de la ley, es que los nacionalistas catalanes no son partidarios de que sea el Congreso quien tome la iniciativa. Ayer, Trias conminó a Michavila a 'recopilar pruebas', 'sin nervios y desde la serenidad'. Aunque insistió en que CiU preferiría que no fuera el Congreso quien inste a la ilegalización, matizó que no quiere que esta cuestión sea 'tema de enfrentamiento'.

De momento, como paso previo al debate político, la Fiscalía va a estudiar todas las actas de los plenos extraordinarios y las juntas de portavoces de los ayuntamientos vascos que han condenado y van a condenar el atentado del domingo con la ausencia o la abstención de Batasuna; todas las declaraciones públicas de Arnaldo Otegi, portavoz del partido aberzale, y el comportamiento de los concejales de ese grupo con sus compañeros del PP y el PSE en Euskadi. Ayer mismo, Otegi reclamó al PNV y a EA un 'plante' frente al Gobierno español si prosigue en su intención de ilegalizar a Batasuna y amenazó con que si finalmente eso sucede 'el panorama puede ser mucho más dramático'.

Junto a la información a la Fiscalía del Estado, que estudiará personalmente el fiscal Jesús Cardenal, que ayer ya había regresado a Madrid, el Ministerio de Justicia ha creado un grupo de trabajo, encabezado por el jefe de la Abogacía del Estado, Arturo García Tizón, y formado por media docena de letrados del Estado especialistas en Derecho Penal, Civil y Constitucional, para analizar detalladamente la actuación de Batasuna en el marco de la nueva Ley de Partidos.

Un ministro destacó ayer que la 'Ley de Partidos es una buena ley de la que hay que hacer una buena aplicación'. Para ello, añadió, se ha hecho 'acopio' de la trayectoria de Batasuna, pues, 'aunque la ley no es retroactiva, las huellas no se borran'. En todo caso, subrayó, la ilegalización se instará 'por hechos, no por ideología'.